La ciudad de Bogotá, de tiempo atrás, tiene un plan de renovación del centro de la ciudad, que según su decir, se trata de convertir a la ciudad capital en corazón competitivo, seguro y atractivo de la ciudad.
Los últimos gobiernos en Colombia, nos hablan de las bondades de un supuesto desarrollo, de confianza inversionista y de los ríos de leche y miel que implica convivir con la mega minería y con todos los componentes actuales de privatizaciones y de modernidad que presupone el capitalismo y que se aplicaría en campos, pueblos y ciudades.
Detrás de tan aparente buena intención, en realidad lo que se esconde es la aplicación de una clara política neoliberal, propia del modelo capitalista, de privatización, despojo y desplazamiento, que dicen no estar en discusión y que efectivamente beneficiaria al sector financiero con sus multinacionales y a la rancia oligarquía que por siempre nos ha gobernado.
Tampoco escapan a estos planes, campos, pueblos y otras ciudades, siendo en esencia, el megaextractivismo, proyectos agroindustriales, modernización de carreteras y hechura de represas, entre otras, el rostro del capitalismo salvaje.
Se escucha decir, por ejemplo, que en el centro de la ciudad está la mayoría del patrimonio histórico y cultural, pero también se escucha decir, repitiéndolo hasta el cansancio, que el centro de la ciudad registra la mayor actividad delictiva, en donde además, la invasión del espacio público y el abandono urbanístico son pan del día. Se nos va haciendo evidente que el discurso que se escucha, pareciera tener una intencionalidad.
Para las comunidades lo que sigue sucediendo en el centro de la ciudad se enmarca en la intención de poner a disposición de inmobiliarias privadas estos terrenos que buscan ser adquiridos a precio de huevo.
Por su parte, los paramilitares continúan avanzando en el control de territorios, las amenazas y asesinatos se incrementan a líderes sociales y la oligarquía hace ingentes esfuerzos por frenar las consultas populares y cualquier forma que se adopte de defensa del territorio, que como en el caso de la ciudad capital, también busca la manera de meterle el palo en la rueda a la revocatoria del Alcalde Peñalosa por ser este uno de los defensores de la privatización y el despojo de los territorios en la ciudad de Bogotá. Pese a esto, una nueva figura de defensa del territorio ha colocado a Ibagué como la primera ciudad capital en prohibir la minería mediante el acuerdo 012 del concejo Municipal.
En su proceso de defensa del territorio, las comunidades echan mano de lo necesario para validar el derecho a habitar teniendo en cuenta sus valores culturales y en el caso del campesinado defendiendo su agua y su vocación agrícola. En la IV asamblea cívica popular del Centro citadinos reivindican su derecho a habitar el territorio y como lo expresaron, en la necesidad de actuar solidariamente ante los próximos desalojos inminentes que serán llevados a cabo en el barrio Las Aguas y en los barrios San Bernardo y las Cruces, defendiéndose ahora de cuatro constructoras que vienen comprando “manzanas enteras”.
En la ciudad de Ibagué, de 19 concejales que componen la corporación, 14 votaron a favor del acuerdo 012 mediante el cual se prohíbe las actividades mineras, dictando específicamente medidas para la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, que según el concejal Camilo Delgado, reemplazaría temporalmente la primera consulta popular que se llevaría a cabo en una ciudad capital para definir si, o no, permitir la minería en su territorio.
En su artículo primero, el acuerdo 012 aprobado en el concejo de la ciudad de Ibagué en el Departamento del Tolima, reza: “prohibir en el municipio de Ibagué el desarrollo de actividades mineras de metales y la gran y mediana minería de los demás minerales, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente acuerdo y en el artículo 411 del decreto 1000-0823 de 2014 plan de ordenamiento territorial del municipio. Se lee igualmente en el parágrafo 2 de este artículo del acuerdo: “quedan excluidas de la disposición establecida en el presente artículo, las actividades mineras de subsistencia, conforme a la clasificación y definiciones establecidas en decreto No 1666 del 21 de octubre del 2016, expedido por el ministerio de minas y energía”.
Mientras se negocia el conflicto armado con las insurgencias, por su parte vemos como se agudiza la represión en contra de las comunidades que se defienden de las agresoras políticas de estado al servicio del capital y nuevas leyes son ajustadas, como el nuevo código de policía que busca tener mayor control de la población para maniatar su accionar de defensa de sus territorios y que como reza un letrero, orinar en la calle, implica una multa de 800.000 pesos colombianos, mientras que cagarse en el país un sueldo de 27 millones, 929. 064 pesos colombianos, más una serie de preferencias, mientras se conoce que en lo que va del 2017, aumentaron entre 33 y 36 % los ataques a líderes sociales.
Con ponencia del magistrado Fernando Castro Caballero, la sala de casación penal de la corte suprema de justicia dejo en firme el proceso de revocatoria promovido por diferentes grupos representativos de ciudadanos en contra del gobierno del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño. Así lo ha informado el diario el espectador este primero de agosto.
De otro lado, ya se anuncia igualmente un paro cívico en el sur de la Ciudad para este 27 de septiembre, específicamente relacionado con el Basurero de Doña Juana que afecta puntualmente a la población de Ciudad Bolívar en donde se concentra la mayor pobreza de la ciudad. Asamblea Sur, se hizo presente en la IV asamblea cívica y popular del centro.
Premium
Plus
Comentarios