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Descripción: La palabra para extranjero en la antigua Grecia, cuna de esta nuestra maravillosa civilización, era bárbaro. Bárbaro, una cacofonía que ridiculizaba el hablar de quienes no eran ciudadanos griegos..., servía para señalar y menospreciar al diferente. Con el tiempo las palabras mutan y amplían sus significados, así bárbaro no se utiliza ya para denominar a un extranjero sino para referirse a quien se comporta de un modo violento y cruel. Bien podríamos de este modo calificar de barbarie la existencia de los Centros de Internamiento para Extranjeros que existen en nuestras ciudades y donde, concretamente en dos de ellos, el año empezó como acababa, con la muerte de dos de sus internos.
Poco antes de finalizar el año una mujer congoleña de 41 años moría en Aluche, Madrid, al padecer una meningitis que pese a los claros síntomas que presentaba, no fue atendida. El otro caso es el de un chaval guineano de 21 años fallecido en el centro de Zona Franca en Bracelona en circunstancias aún más extrañas. Se habla de muerte súbita, de un caso de paro cardiaco, poco frecuente en gente tan joven. Varios testigos denunciaron que el joven había solicitado asistencia médica pero está tampoco le fue concedida. La mayoría de estos testigos están siendo expulsados de urgencia. “Esto es algo que ocurre con demasiada frecuencia y que no deja de ser sospechoso. Vaya por delante que todo esto no pasaría si los CIE dejarán de existir. Pero la realidad es que una vez estás en un CIE, es porque un juez ha autorizado tu deportación y como medida cautelar ya que entienden que existe riesgo de fuga, te encierran en un CIE, donde puedes estar hasta un máximo de 60 días sin más delito que el de carecer de la documentación adecuada.” Quien habla es Salva compañero de CEAR y uno de los responsables de la campaña por el cierre de los CIE aquí en Valencia. “Dada esta situación los detenidos están a la espera de su deportación a completa disposición de la policía que puede expulsarlos cuando quiera.”
Una asistencia médica decente es una de las cosas que se reclaman para que se cumpla un mínimo de los derechos fundamentales a las personas encerradas en estos centros donde sus derechos son violados constantemente. Los compañeros de CEAR pudieron comprobar de primera mano las carencias médicas de dichos centros cuando en 2009 realizaron una inspección en los centros de Aluche en Madrid, Capuchinos en Málaga y Zapadores en Valencia. “Existía un doctor-médico y un ayudante ambos miembros de la policía en una habitación con una mesa, una silla y un cajón lleno de analgésicos. No existe medicina preventiva ni atención para los enfermos crónicos. Tampoco hay servicio de interpretación para que los internos puedan explicar sus dolencias.” Y es que a veces ni siquiera reciben una alimentación adecuada, hacinados en condiciones higiénicas muy deficientes permanecen encerrados alrededor de 150 personas en Zapadores donde los frecuentes casos de enfermedad mental tampoco son atendidos.
“Existe también una fuerte reticencia a sacarlos al hospital y más si ha habido agresiones policiales ya que entonces sería un médico ajeno al centro el que realizara los partes médicos y esto claramente no les conviene.” Únicamente el juez de vigilancia encargado del centro de Aluche ha decretado unas medidas para las mejoras de sanidad en el centro. Además este juez ha llegado a declarar que el derecho de circulación que toda persona tiene está por encima del derecho de cualquier estado a controlar sus fronteras.
Aprovechamos también la entrevista con Salva para preguntarle por la situación en Valencia y en concreto por el proceso judicial que se está llevando a cabo a través de una denuncia interpuesta contra el CIE de Zapadores por presuntos malos tratos. “Se trata de un proceso lento en el que actualmente estamos en la fase de esperar que a que el juez visualice las grabaciones de las cámaras del centro para comprobar si hubo o no agresiones.” El caso en concreto es el de un grupo de jóvenes argelinos que tras llegar a las costas de Málaga en patera jugándose la vida, ser interceptados por la guardia de costas, encerrados en un calabozo, llevados ante el juez y enviados finalmente al CIE de Zapadores por cuestiones de espacio en Málaga y Murcia, lograron fugarse de este centro con medidas de seguridad extremas. La mayoría fueron detenidos nuevamente y llevados de nuevo a Zapadores, sólo dos lograron escapar. “Los detenidos fueron claramente represaliados, imagino que para la policía supone toda una humillación y una consiguiente bronca de sus superiores el que sucedan estas cosas, así que pagaron el pato los de siempre.” Existen celdas de castigo en estos centros donde no hay cámaras y es ésta una de las quejas interpuestas en la demanda contra el CIE de Zapadores.“No tenemos muchas esperanzas en que esta denuncia acabe exigiendo responsabilidades, suele haber una total impunidad ya que el juez otorga siempre mayor credibilidad a la palabra de la policía.”
Preguntado por el futuro, después de la mayoría absoluta obtenida por el nuevo gobierno, el compañero explica como éste se propone eliminar el arraigo social como vía de legitimación para la situación de las personas migrantes. El arraigo social ha sido la vía por la que durante la última década miles de personas en situación irregular han luchado para poder residir legalmente en nuestro país. “La ley de extranjería permitía que si se demostraba un arraigo en términos de residir en una vivienda digna, estar integrado en asociaciones de vecinos, participar en cursos que ofrecen las ongs y contar con una oferta legal de trabajo a la espera de que se obtenga la residencia legal, la situación de la persona que cumpliera estos requisitos y algunos otros podría ser regularizada.” Cabe decir que en la práctica esto supone al menos tres años de vivir en una situación total de indefensión, trabajando en negro y pudiendo ser detenido en cualquier momento por la policía bajo criterios puramente racistas. “Tengo amigos que han vivido durante 8, 9, 10 años en esta situación.” Aún así esta posibilidad tan mezquina ni siquiera se da en el resto de Europa. De modo que el nuevo gobierno se “homologará” con el resto de la UE, anulando la posibilidad del arraigo social, dejando a su suerte a más de medio millón de personas en nuestro país.
Salva acaba recordando que la situación de los CIEs es crónica, muy grave y tremendamente injusta y que los grandes partidos no tienen ninguna intención de replantearse esta cuestión. “De modo que la importancia de la sociedad civil para que desaparezcan estos infames centros es fundamental. Estamos dando los primeros pasos.”
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