REPORTE DESDE EL SALVADOR PARA RADIO HABANA CUBA DE 20 DE ABRIL DE 2018
Esta semana se ha conocido a través de medios de prensa que el Juzgado 3º de Paz de San Salvador ha ordenado a la fiscalía general de la república que acuse a los autores intelectuales del asesinato de los sacerdotes jesuitas.
De igual forma, dicho juzgado ha declarado nulidad absoluta de la audiencia inicial del caso celebrada el año 2000, por lo que la fiscalía tendrá ahora que presentar un nuevo requerimiento contra los autores intelectuales del crimen, para la posterior celebración de la audiencia inicial. Así lo dio a conocer el abogado de las víctimas, Arnau Baulenas.
Recalcó el abogado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, con sus siglas IDHUCA, que el Juzgado declaró nulidad absoluta de la audiencia inicial efectuada el año 2000, y en la que se dictaba el sobreseimiento del proceso a favor de seis militares y del expresidente de la República Alfredo Cristiani, primer presidente de Arena en el período de 1989 a 1994.
Por su lado, la defensa de los acusados trató de dilatar la sentencia alegando que ya había cosa juzgada. Previamente, el IDHUCA había solicitado en noviembre de 2017 la reapertura de la causa penal contra los autores intelectuales de la masacre.
El abogado Baulenas ratificó que el juez ha declarado que no hay cosa juzgada y que la excepción por falta de acción tampoco es procedente, como argumento para tal resolución.
Los acusados por participar en el asesinato, catalogado de lesa humanidad, son los generales Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, René Emilio Ponce (ya fallecido), y el coronel Inocente Montano, quien enfrente juicio en España por este crimen, luego de ser extraditado por los Estados Unidos.
Respecto a los señalamientos que recaen en el expresidente Cristiani, el exrector de la UCA y actual director del IDHUCA, José María Tojeira, ha afirmado que la petición de reapertura no incluye al expresidente porque no existen indicios que éste haya conocido antes ni durante ocurrió el crimen, sino hasta después.
También la petición deja por fuera a los autores materiales de la masacre, quienes fueron sometidos a un cuestionado juicio en 1992; y en el que fueron condenados a 30 años de prisión dos militares, quienes fueron liberados al aprobarse la ley de amnistía de 1993.
Al ser ésta abolida por la sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia, uno de ellos se encuentra actualmente detenido, luego que la Cámara Primera de lo Penal ratificara la condena de 30 años contra el coronel Guillermo Alfredo Benavides, impuesta en 1992 por el entonces Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador.
Como se recuerda, la muerte de cinco sacerdotes de origen español, uno salvadoreño y una empleada y su hija menor de edad ocurrió en la madrugada del 16 de noviembre y estuvo a cargo del batallón élite Atlacatl, del que Benavides era jefe de comando operacional para perpetrar el hecho.
Las víctimas fueron Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, de origen español. También fue asesinado el sacerdote salvadoreño Joaquín López y la colaboradora doméstica Elba Ramos y su hija Celina, de 17 años.
Para los amigos oyentes de Radio Habana Cuba, reportó desde El Salvador, Centro América, Mario Zavaleta.
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