Pronunciamiento FGER por los hechos de Totonicapán

Represión y Criminalización social evidencia de que lado se está
La semana anterior fuimos testigos nuevamente del uso de la fuerza bruta por quienes deberían ser responsables de atender la seguridad nacional y resguardar el orden publico a favor de la ciudadanía, sin embargo en la línea del gobierno de turno y su compromiso de apoyo a los intereses privados, quienes pidieron que las calles fueran despejadas por la fuerza por el daño que ocasionaban al sector productivo y a la economía del país; esto a cambio de dar la espalda al clamor popular manifestado en la reivindicación de derechos y demandas de parte de los comunitarios de los 48 cantones de Totonicapán, esta acción fue utilizar la violencia y accionar las armas en contra de los manifestantes, causando la muerte a 4 campesinos el día de los hechos y un saldo de varios heridos, además de fallecer 6 en los días posteriores.
Sin duda una acción como estas como lo reafirman los mismos campesinos y en la cual coinciden activistas de derechos humanos, responde a las mismas prácticas y estrategia de control y seguridad por medio de la represión como en los años 80, pero ahora disfrazada de seguridad democrática.
Si revisamos los antecedentes en los últimos gobiernos incluido el actual con un énfasis más enunciado, los hechos represivos y de criminalización de liderazgos sociales han mantenido una constante,
En lo que llevamos del presente gobierno se pueden identificar que lo que menos existe es la falta de escucha y el dialogo transparente, continua el discurso de los ofrecimientos de campaña y la falta de voluntad política de cumplir con los compromisos a favor de los empobrecidos y de los grupos mas vulnerables de este país, lamentablemente con estas actitudes de represión y criminalización y de la falta de escucha y de dialogo, estamos rebasando los records ya alcanzados de un país violento y represivo, Muy pero Muy triste calificativo.


Pero a partir de las demanda de los 48 cantones de Totonicapán que significan aspectos de derechos ciudadanos como: el rechazo al alza de energía eléctrica, el rechazo a las reformas constitucionales, y un no a las reformas de la carrera del magisterio nacional; ¿que podemos pensar? Si en casos como este que lleva consigo derechos ciudadanos en apego a la constitución como el derecho a la expresión, a la manifestación pacifica y a la resistencia, mas bien ha costado la criminalización, represión y muerte de líderes indígenas.
A estas alturas nos encontramos frente a la incertidumbre con un gobierno que no quiere aceptar los hechos, que aparentemente defiende el hecho entonces “si” que los que masacraron a los campesinos estaban cumpliendo con su deber de resguardar el orden y que habrá que esperar la opinión de las instancias responsables de investigar y dictaminar la verdad de los hechos. }
Nos queda la duda si frente al pedido de hoy por medio una manifestación pacifica, que hacen activistas de derechos humanos, en donde también acompaña el procurador de los DDHH, en repudio a estos hechos violentos y como consecuencia de la inestabilidad e incumplimiento en resguardar el orden ciudadano tal como se ofreció en campaña proceda a la de destitución del ministro de la defensa y de gobernación, Ulises Asueto y Mauricio López Bonilla respectivamente, esperemos entonces cual será su reacción.
Insistimos si no hay escucha al clamor popular, si existe la ausencia de dialogo abiertos y transparente, si se continua con la represión y criminalización de liderazgos sociales, si no se cumple con lo que se promete y no se trabaja en mejorar las condiciones y calidad de vida de los Guatemaltecos mas empobrecidos y vulnerables, situaciones como la ocurrida la semana anterior en donde se pide atención y mejoras en el marco de los derechos, tristemente podrían seguir ocurriendo enlutando a mas familias guatemaltecas.