La abogada Raquel Talavera señaló como ilegal a la obtención de las tierras de Campo Morombí, en el departamento de Canindeyú, por el ex senador colorado Blas N. Riquelme, mediante juicio por usucapión en el año 2008.
“Aquellas tierras son imprescriptibles, por tanto la acción autónoma de nulidad a presentarse debe prosperar, ya que no se puede proscribir una posesión del Estado, y mucho menos si están bajo jurisdicción de la reforma agraria”, alegó la legista, en conversación con el programa RedPública, de Radio Nacional del Paraguay.
Talavera inició el relato de los hechos con la conformación del Frente Nacional de Lucha por la Vida y la Soberanía en el año 2004, un proyecto de reorganización del movimiento popular, el cual realizó diversas movilizaciones en las que hubo varios detenidos.
Posteriormente, en el año 2006, Riquelme había presentado a las tierras de Morombí como posesiones suyas y solicita un amparo ante Silvio Flores, en ese entonces juez de Garantías de Curuguaty, lo cual es concedido pese a la carencia de títulos, según lo explicó la doctora en leyes entrevistada.
“Ya habíamos obtenido las documentaciones de que esas tierras fueron donadas por la Industrial Paraguaya a la ex Marina, y que ésta, decreto mediante, transfirió al actual Indert. Pese a todo esto, se presenta la comisión vecinal Naranjaty que no tiene legitimación activa, por lo que la Procuraduría era la única parte que podía presentarse en representación del Gobierno, pero no lo hizo”, expuso.
Declaró además que ya en el 2008 siguió insistiendo en presentar la demanda, mediante nota en el Congreso y una denuncia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en contra del fiscal que ordenó la nota de detención en el 2006. No obstante, la Procuraduría no contestó el juicio de usucapión, se dio por recaído el derecho y se concedió la proscripción.
“La intervención de la Procuraduría fue deducir el recurso de apelación contra la sentencia, la cual fue dictada rápidamente porque ni el juez, ni la Cámara de Apelación de Saltos del Guairá, no concedieron la intervención de tercería solicitada, ya que no tenemos legitimación pasiva para contestar demandas, por más que sean unos terceros los afectados”, apeló.
En cuanto a lo que refiere a lo mencionado por el actual Gobierno, sobre proseguir adelante con las causas legales, Talavera dijo que se deben ver los hechos y resultados finales, ya que “muchas veces se realizan promesas, anunciadas con bombos y platillos, pero al final queda en el famoso oparei”.
“Es un largo camino que hay que recorrer, pero hay que utilizar los mecanismos legales. No hay que cansarse por más tedioso, largo o costoso que sea, sino puede causar violencia como resultado”, finalizó.
RV/ RyM
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