Llegamos a este recinto representando a la comisión de Apoyo a los Juicios por delitos de lesa humanidad. Solicitamos esta banca con el objetivo de plantear algunas consideraciones relacionadas a la vulneración de los Derechos Humanos en nuestra ciudad y al proceso de juzgamiento que se abrió en los últimos años sobre los hechos sucedidos durante la última Dictadura cívico militar clerical.
Cuando se menciona a Bahía Blanca, muchas veces se la coloca en el lugar de “ciudad reaccionaria”. Desde nuestro pensamiento y sin desconocer lo que significaron y significan los centros de poder locales, no podemos dejar de mencionar la brutal represión sufrida por los sectores populares bahienses.
Precisamente, existió otra Bahía, muy fuerte, desde los principios de su historia. Una Bahía de luchas obreras, de resistencia, de participación. Una Bahía que necesitaba ser “domesticada”.
Como expresara el Dr. Luis Alberto Cotter:
“Creo que no es Bahía Gris. Creo que se conjugan una serie de colores como el negro, que sabemos dónde radica; el gris, en un sector de la sociedad bahiense que no participa de los acontecimientos pero que tal vez los sienta; y un plano donde es blanco e irradia el sol. Esto es difícil de entenderlo pero quien ha transitado por una serie de circunstancias lo puede afirmar”. Compartimos estas palabras del ex camarista.
Desde hace más de 30 años, las Madres, familiares y víctimas junto a organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, culturales y políticas, venimos peleando por el fin de la impunidad, por la necesidad imperiosa de un proceso de juzgamiento a todos los responsables de las atrocidades cometidas. Responsables que están en los ámbitos militares, civiles y eclesiásticos.
Esta lucha se ha desarrollado a través de innumerables manifestaciones exigiendo el Juicio y Castigo a todos los perpetradores del terrorismo de Estado y sus cómplices. Cientos de homenajes, charlas, jornadas culturales, intervenciones públicas, marchas en las calles, festivales, etcétera.
Todo ello con el esfuerzo y la decisión de avanzar por un camino donde las acciones colectivas, las historias de vida, los testimonios sobre los hechos de la represión y la militancia profundicen el rescate de la memoria y nos permita avanzar hacia la verdad y la justicia y a una verdadera reparación histórica.
En el proceso general del juicio en nuestra ciudad hubo dilaciones que fueron objetivamente una parte fundamental en la táctica de demorar para asegurar la impunidad, alcanzando en varios casos exitosamente la impunidad biológica.
También las dificultades surgieron a raíz de la vinculación del tribunal original –compuesto por integrantes de la corporación judicial local- con imputados en la causa. Esto generó más demoras hasta lograr la actual integración del Tribunal Oral. Siguieron las 36 excarcelaciones de la Cámara Federal y las complicidades por acción u omisión que permitieron la fuga de algunos procesados. Así tuvimos que redoblar esfuerzos y salir nuevamente a las calles a reclamar celeridad y justicia.
Hace pocos días se cumplió un año de la sentencia histórica y ejemplar del primer juicio a los genocidas, sentencia que colocó a nuestra ciudad en un lugar destacado en relación a otros del país.
En un fallo ejemplar por parte de los jueces subrogantes Jorge Ferro de Mar del Plata, José Mario Triputti de La Pampa y Martín Bava de Azul se condenó a cadena perpetua a 14 de los 17 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. Además ordenaron 17 años y medio de prisión para dos de ellos y 18 para el restante.
Otra de las resoluciones importantes de aquel histórico fallo, fue la de ordenar a los juzgados federales investigar la posible comisión de delitos de lesa humanidad por parte de las autoridades del diario La Nueva Provincia.
Por orden de un juez subrogante los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia desarrollaron la investigación y pidieron la detención e indagatoria de Vicente Massot y el periodista Mario Gabrielli, fallecido recientemente si haber sido alcanzado por el brazo de la Justicia.
Desde el Ministerio Público basaron su pedido en la configuración de cuatro tipos de delitos:
• La acción psicológica sobre la sociedad previa al golpe militar para crear una sensación de que el golpe de estado era la única salida a la crisis del país.
• La presentación de relatos ficticios de los acontecimientos.
• Las múltiples editoriales donde se realiza apología de los delitos de sedición, torturas, secuestros, asesinatos, genocidio, etc.
• Su presunta vinculación con los asesinatos de los dirigentes sindicales Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola.
Lo expresado en los fundamentos de la sentencia y el pedido de los fiscales en relación a La Nueva Provincia, no hacen más que afirmar el valor que tienen los relatos, testimonios y denuncias públicas de todos los sectores comprometidos con la memoria, la verdad y la justicia.
Por todo lo expresado, solicitamos al Honorable Concejo Deliberante, a cada edil en forma personal, pero fundamentalmente a todos los partidos políticos que componen este cuerpo deliberativo, que se expresen para acompañar a la Justicia en este reclamo.
Queremos señalar, además, que el mismo Estado que interpela a dicha empresa, colabora a sostenerla económicamente con una fuerte suma en concepto de pauta publicitaria oficial como sucede con la Municipalidad local.
Entendemos que debemos comprometernos todos, no solo con las víctimas del terrorismo de Estado sino con la construcción de una sociedad donde el fascismo no tenga espacio.
Sin el compromiso de todas y todos no podremos tener justicia y verdad, creemos que en este tema no existen los grises: o se está a favor de la justicia con acciones concretas o se está a favor de la impunidad.
Creemos que tenemos una seria responsabilidad con las nuevas generaciones. Si no se condena políticamente al grupo que tiene como nave insignia a La Nueva Provincia y a la familia Massot, se corre el riesgo de que nuevos Massot, como verdaderos hijos nacidos del huevo de la serpiente, se atrevan a volver a un estado de terror y muerte.
Hace pocos días durante la presentación de su libro, el periodista Nicolás Márquez con Vicente Massot en la mesa, se animó a afirmar: “El kirchnerismo es una enfermedad que sólo se cura con la muerte y no merece siquiera la muerte digna”. Y añadió: “Hay muertos a los que conviene matar”.
Como conclusión, tenemos que decir en este recinto donde la política esta expresada en forma plural, que para esta comisión -como para otros sectores populares- no quedan dudas de que La Nueva Provincia fue el mentor ideológico de las muertes de Henrich y Loyola, y la dirección del diario la responsable de haber montado el escenario para esos crímenes.
Integrantes de este Honorable Concejo, la historia nefasta del clan Massot, sus empresas (radio, televisión y diario), son harto conocidas por su actuación contra los intereses populares. No se circunscriben solo a la última dictadura, con revisar el editorial de hoy o de ayer, veremos que su visión antidemocrática está intacta.
De todos nosotros y de la política en particular, de nuestro coraje cívico, depende en gran parte que esta dolorosa historia se conozca y podamos alcanzar una verdadera democracia como la soñaron los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos.
Accionemos en conjunto, fundamentalmente para que en nuestra ciudad nunca más un medio de comunicación puede ejercer violencia y los cómplices civiles dejen de integrar las instituciones democráticas.
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