Democratizar la comunicación para profundizar la democracia

Democratizar la comunicación para profundizar la democracia

En estos días (15-17 de mayo) se realiza en El Salvador una reunión de representantes de las grandes radiodifusoras privado-comerciales del Continente, invitados por la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER). En el evento confluye el encuentro bianual del consejo directivo de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) y la asamblea general de la Unión de Asociaciones de Radiodifusores de Centroamérica (UNARCA).

En este contexto, representantes de la AIR han expresado en algunos medios masivos salvadoreños afirmaciones falsas sobre los procesos de democratización de la comunicación, que se impulsan en varios países latinoamericanos a través de nuevos marcos jurídicos y políticas públicas en el ámbito mediático. Los voceros de la AIR afirmaron que la democratización de la comunicación no es más que una estrategia para acabar con los "medios privados, libres e independientes".

Las propuestas para democratizar la comunicación, descalificadas por la AIR, surgen del seno de medios comunitarios, organizaciones populares, instituciones académicas, Organismos de Naciones Unidas como la UNESCO y diversas instancias de la sociedad civil que plantean la creación de modelos de comunicación plurales, diversos y democráticos; y parten de tres principios fundamentales: el derecho humano a la comunicación, los medios como instrumentos para la libertad de expresión y la democracia, y el espectro radioeléctrico como un bien público que los Estados deben administrar con criterios transparentes y democráticos.

Quienes promovemos la democratización de la comunicación, buscamos el reconocimiento legal y en igualdad de condiciones de los medios públicos, privados y comunitarios; la distribución equitativa de las frecuencias analógicas y digitales, mecanismos transparentes e incluyentes para asignar las concesiones de radio y televisión, y medidas antimonopólicas para contrarrestar la concentración de la propiedad mediática. También propiciamos medidas como la defensoría del público; el derecho de rectificación y respuesta, la asignación transparente y equitativa de la publicidad estatal, acceso universal al internet y promoción de la cultura nacional.

Estas propuestas están recogidas en constituciones nacionales (Bolivia y Ecuador), leyes de comunicación (Argentina y Uruguay) o en propuestas de ley que se debaten en congresos legislativos (Ecuador y Honduras). En El Salvador, ARPAS –junto a organizaciones sociales e instancias académicas, con apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en diálogo con el sistema de medios públicos– plantea una ley para democratizar la comunicación.

Estos marcos regulatorios están acordes con los parámetros democráticos establecidos por instancias como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y las Relatorías para la Libertad de Expresión de la ONU, la OEA, Unión Europea y de la Comisión Africana de Derechos Humanos, que proponen una mayor diversidad de medios como garantía para la libertad de expresión y la pluralidad de informaciones y opiniones.

Esta perspectiva democrática contrasta con la visión mercantil de los conglomerados mediáticos representados en ASDER, UNARCA y AIR. Para estos grupos concentrados la comunicación es un negocio, los medios son instrumentos para el lucro y las frecuencias radioeléctricas son bienes privados de explotación comercial que se pueden comprar, vender o alquilar. Estos oligopolios mediáticos asumen el discurso de la libertad de expresión para defender sus intereses empresariales, manipular informaciones y opiniones, y para mantener la hegemonía neoliberal.

Por eso se oponen a la democratización de la comunicación, calificándola como una estrategia contra los "medios privados, libres e independientes". En Argentina, por ejemplo, el Grupo Clarín mantiene una fuerte ofensiva jurídica y política contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; en Ecuador impulsan una campaña de desinformación sobre el proyecto de ley de comunicación, presentándola como ley mordaza; y en El Salvador rechazan las propuestas de ARPAS, la UCA, FESPAD, ACISAM, ORMUSA y otras organizaciones e instituciones .

Por tanto:

La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), que aglutina a 25 radios y centros de comunicación comunitarios, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), que integra a más de 100 radios y centros de comunicación educativos y populares, coordinadoras nacionales de radios comunitarias y redes regionales de comunicación, rechazamos enérgicamente las afirmaciones falsas de los representantes de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR).

ARPAS y ALER reivindicamos la democratización de la comunicación y la construcción de modelos de medios democráticos como una reforma democrática estructural necesaria para profundizar la democracia en nuestros países, en el marco de la búsqueda del Buen Vivir de los pueblos latinoamericanos. En tal sentido, instamos a los medios de comunicación democráticos, a las organizaciones populares y cristianas, a las instituciones académicas y a los gobiernos que son sensibles a estas propuestas, a continuar con el esfuerzo de democratizar la comunicación para profundizar la democracia.

San Salvador y Quito, 16 de mayo de 2013