23-04-25 En Tenemos la Palabra. Entrevista a Fernando Korstanje

Fernando Constanje. Fernando es docente en la materia optativa Comunicación, Educación y Derechos Humanos en Contextos de Encierros, allí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, y es representante de la sociedad civil en la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Tucumán. Hemos conversado con él días pasados en ocasión del anuncio de que se iba a realizar el 15 de abril, aquí en Tucumán, la sesión del Consejo Federal de Mecanismos Locales, que es un espacio muy importante para fortalecer la prevención de la tortura en todo el país.

Bueno, este encuentro se realizó en respaldo al trabajo que viene realizando la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura en Tucumán, y han concluido esa sesión, ese encuentro, con la redacción y posterior difusión de un comunicado firmado por trece provincias, y además CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denunciando la escalada de violencia institucional de la policía tucumana, entre otras muchas cosas. Acerca de esto vamos a hablar con Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Buen día.

Buen día, Clara, ¿cómo están? Un gusto escucharte, Fernando.

Igualmente, efectivamente, el Consejo Federal hizo un comunicado contundente, te diría.

Es una declaración de preocupación, en términos diplomáticos. Estábamos preocupados, pero a continuación no deja ningún tema por tocar, ¿no? En primer lugar, lo más grave de cuestionamiento al gobierno provincial, la resistencia y la violación a la ley provincial que el mismo gobierno sancionó y las mismas autoridades que hoy están en el Ejecutivo dirigían la Cámara Legislativa que las votó, es la obstrucción al mecanismo de prevención de la tortura, la Comisión de Prevención de la Tortura, que tiene las funciones de ingresar a cárceles y comisarías sin aviso previo y hacer informes, hablar con los presos en privado, fotografiar, tomar videos, probar el agua, sacar muestras del agua, ver si hay colchones, si hay baños, si hay comida.

Es un monitoreo, es como cualquier institución de nuestra democracia, es regulada por algún organismo externo que la revisa, la escuela la revisa, la supervisión escolar, los hospitales son auditados. ¿Quién tiene algo que esconder que no se puede? Hay una institución que no se puede revisar, ¿no? Las instituciones de seguridad.

Así que bueno, ese es el primer mensaje fuerte que deja el Consejo Federal, es decir, señores, cumplan la ley, ¿no? Eso es lo primero. Y después, hace un reconto muy pormenorizado de las cosas que se están denunciando en Tucumán. El régimen cerrado que le llaman de las cárceles nuevas. Cárceles que antes, por ejemplo, la de Figallo era de Alcaidía, ahora pasó a ser cárcel mágicamente, pasó a ser complejo penitenciario, subió de estatus. Es un lugar de encierro que no tiene las condiciones de cárcel, por eso se llama Alcaidía, es para estar pocas horas.

Bueno, eso que dicen y anuncian y explican que es un régimen cerrado, primero es un capricho, decir que hay un régimen distinto contrario a la ley. Y segundo, que hay una confusión de ignorancia, porque régimen cerrado se pone a régimen abierto. El régimen abierto no hay ninguna cárcel en Tucumán de régimen abierto. El régimen abierto supone una cárcel donde el preso va a hacer tareas laborales o educativas, se mueve más o menos libremente y vuelve a dormir a la cárcel.

Eso no tenemos ese régimen en casi ningún lado del país. O sea que todas las cárceles nuestras son de régimen cerrado. Lo que tiene que decirse de la cárcel de Benjamín Paz, en particular, es que es un régimen cerrado cruel y de privación de derechos consagrados en todos los tratados internacionales, en la ley provincial, en las mismas funciones del servicio penitenciario. Uno entra a la página del servicio penitenciario y da entre risa y llanto, ¿no? Por la hipocresía de exponer claramente cuáles son sus funciones, sus misiones, sus objetivos, que se viven a continuación.