La política de integridad de la Ciudad fue recientemente institucionalizada por la Ley 6357, que aprueba el Régimen de Integridad Pública, y fue impulsada por la legisladora Cecilia Ferrero (Coalición Cívica). La norma contó con el aval de todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio y la gran mayoría del espectro opositor, entre ellos el Frente de Todos.
“Contar con mecanismos de control para garantizar la transparencia en la gestión es fundamental porque nos hace subir la vara a todos los funcionarios públicos, nos compromete aún más con nuestra tarea y también, se lo debemos a la gente: dar cuenta de nuestras acciones y de nuestra tarea. Desde la Ciudad, siempre vamos a incentivar y potenciar este tipo de acciones que nos permiten construir un mejor Estado, más eficiente, más cercano y que está verdaderamente al servicio de la gente”, señaló Rodríguez Larreta.
La ley establece que por cada poder del Estado funcionará una Oficina de Integridad Pública de manera descentralizada y autárquica, un requisito ampliamente reclamado para estos organismos por la sociedad civil y que respeta las mejores prácticas internacionales en la materia.
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