Archipiélago Directo (27-03-2025)

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Una jornada después en la que supimos, ayer concretamente se difundía la noticia, llegaba al borde de la mediamañana esa gran noticia que considera así el gobierno de Canarias para los menores y para Canarias, que es el fallo que ha ordenado al gobierno de España, al Estado, a atender a los solicitantes de asilo político.

El presidente destacaba ayer que el Tribunal Supremo había dado esa razón a los servicios jurídicos del gobierno autónomo en su defensa del derecho superior de la infancia. Garantiza esto esta, digamos, orden, esta publicación judicial, la plena colaboración de la comunidad autónoma para facilitar el proceso de acceso y permanencia de estos menores al sistema nacional de acogida y de protección de carácter internacional.

Ayer el presidente canario, Fernando Clavijo, destacaba que tras un año y medio de lucha, tanto los tribunales como la política útil están dando la razón a Canarias en sus reclamaciones.

En este sentido ha recordado Fernando Clavijo que el auto del Tribunal Supremo ha llegado una semana después de la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto-Ley que pone en marcha un Sistema Nacional de Distribución de Menores Migrantes mediante la modificación del Artículo 35 de la Ley de Extranjería, aunque todavía no se han distribuido ninguno, que se sepa, para Fernando Clavijo es muy importante que el alto tribunal haya reconocido la vulneración de los derechos de la infancia por parte del Estado y su obligación de acogerlos.

Según ha subrayado, la medida cautelar impuesta supone ratificar que las legítimas reivindicaciones de Canarias estaban fundadas en derecho, eran justas, eran morales y además necesarias para proteger a dicho menor. Niños que huyen de guerras y situaciones políticas que los ponen en riesgo. El presidente Canario se felicitaba, ha felicitado a los servicios jurídicos de la comunidad autónoma de Canarias por ese magnífico trabajo que están haciendo para proteger a los menores, ya que el Tribunal Supremo ha avalado las tesis de Canarias, las tesis que ha mantenido Canarias desde el minuto cero.

Escuchamos a Fernando Clavijo.

Tenemos noticias que hemos recibido del Tribunal Supremo y es la aceptación de las medidas cautelares que Canarias tuvo que presentar para proteger los derechos del menor, sobre todo para aquellos que son susceptibles de asilo o de protección internacional. Es una gran noticia en primer lugar para esos menores. Esos menores que durante mucho tiempo han visto día tras día vulnerado su derecho a tener una atención por parte del Estado, dado que su condición de asilo o protección internacional pues lo requerían.

El auto viene a ratificar que lo que Canarias lleva demandando durante más de un año, pues teníamos razón, es decir, veníamos diciendo la imposibilidad de poder atender a los menores, la vulneración de los derechos, la vulneración por parte del Estado de su deber de solidaridad y en este caso, como ha dicho el Supremo, de acoger, yo ahora les leeré un pequeño párrafo porque es muy muy desde luego descriptivo de la situación y por lo tanto pues una vez más, otra alegría después del decreto, pues una vez más una alegría más que ha sido la de ratificar que efectivamente las legítimas aspiraciones y reivindicaciones de Canarias estaban fundadas en derechos, eran justas, eran morales, eran necesarias para proteger al menor.

Y yo si les parece, leo en esta pieza de medidas cautelares, el Supremo dice, pues bien, en la actual situación estos menores no acompañados solicitantes de asilo se encuentran a cargo exclusivamente del sistema de protección de menores de la comunidad autónoma de Canarias, comunidad recurrente, sin que coste a la sala que se haya puesto a disposición de los mismos los recursos, programas y mecanismos propios de este sistema de acogida para los habitantes de asilo a cargo de la administración del Estado.

Sistema al que estos menores tienen pleno derecho y cuya implantación efectiva se revela además de imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores y según resulta notorio se encuentran abiertamente incompatibles con el interés superior del menor que resulta obligado a proteger.