La continuidad del conflicto por la paz en Colombia

El conflicto armado en Colombia ha marcado históricamente un gran impacto en el país cafetero y en la opinión pública internacional, por la gran cantidad de muertos, desaparecidos, masacrados y desplazados como consecuencia de una pugna de poder que parece no cesar.  Los distintos actores de esta disputa político social  aseguran que sus luchas sociales buscan un mejor país.

Durante varias décadas, Colombia se ha visto envuelta en un conflicto interno que tiene sus raíces en la disputa por el poder presidencial que posteriormente se combinaron con el narcotráfico y la corrupción en todos los niveles. El grado de convulsión social obligó a maquinar acuerdos de paz para evitar el continuo derramamiento de sangre, resultando todas estas intenciones de cese al fuego en fracasos.

Después de muchos intentos para buscar acuerdos de paz, un primer acercamiento se dio durante el Gobierno del Presidente Belisario Betancur en 1982, que luego queda suspendido por el asesinato de uno de los integrantes de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el año 1985. Después de varios gobiernos se logró llegar a la mesa de negociaciones en la Habana Cuba durante el mandato de Juan Manuel Santos Calderón  con garantías de Noruega y Cuba y el apoyo de varios representantes de América Latina.

En el 2005 surge la Ley de Justicia y Paz presentada por el ex presidente Àlvaro Uribe Vélez que buscaba la desmovilización de grupos paramilitares como el de Autodefensas Unidas de Colombia AUC, sin embargo esta acción no se logró. Contrario a la construcción de la paz fue en su mismo periodo gubernamental en el que más actos de violaciones a los derechos humanos se cometieron, esto según lo indica la organización civil internacional Human Rights Watch.

En el año 2012 el Tribunal Superior de Antioquia inició una investigación al ex presidente Uribe por las masacres y nexos con el paramilitarismo, pero no fue sino hasta el 2018 que el entonces magistrado José Luis Barceló decidió indagar a Uribe por presunta intromisión al cambiar las declaraciones de varios testigos que lo vinculaban y acusaban de promover el paramilitarismo en este territorio.  

Su estrategia buscaba inculpar al congresista Iván Cepeda de fabricar testimonios en su contra. Este último, surge cuando Uribe lo denuncia porque pedía a ex integrantes de grupos paramilitares que testificaran en su contra a cambio de beneficios.
 
La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe el pasado 4 de agosto de 2020. La decisión se toma sobre la base del delito de manipulación de testigos en un caso que involucra a ex paramilitares y al abogado de Uribe, Diego Cadena.