Entrevistamos a Silvia Vera. 25-02-25

Bueno, el gobierno, entre otras tantas cosas, vamos a tomar nada más que esta faceta, porque si no es imposible abarcar todo.

Entre otras cosas digo, el gobierno nacional está permanentemente presentándose a la ciudadanía de a pie como los ejemplos, ¿no es cierto?, de la transparencia y la eficiencia en los gastos de dineros públicos, ¿no? Bueno, en paralelo ya sabemos que todo eso es una puesta en escena, ¿verdad?, porque de pronto descubrimos que el propio presidente y su entorno reciben dinero en forma muy opaca, el presidente protagoniza como partícipe necesario una estafa lisa y llanamente, están juntando dinero para la campaña de cualquier manera.

Entonces, bueno, tiene este gobierno permanente doble vara.

Bueno, entonces, por la cuestión esta de la supuesta transparencia, no sé qué, digamos, si fuera verdadera, estaría muy bien, ¿cierto? Bueno, dice ahora que descubrió irregularidades en las pensiones por discapacidad que va a auditar un millón de beneficios a beneficiarios y también ya hace un tiempito muy corto ha establecido modificaciones para el otorgamiento del certificado único de discapacidad, el CUT.

Bueno, sobre todo esto y varias cosas más en relación a este mismo tema, vamos a hablar con Silvia Vera, ella es militante de los derechos de las personas con discapacidad.

Silvia es farmacéutica del programa de uso apropiado de antimicrobianos del Hospital Padilla, es profesora de química y ha sido instructora de concurrentes de farmacia allí en ese mismo hospital.

Hola, Silvia, ¿qué tal? Buen día.

Hola, Clara, ¿cómo estás? Y acá, bueno, con todas las novedades que en realidad no son otra cosa que vulneración de derechos, más que novedades, ya esto ya lo hemos pasado.

Ayer estuvimos reunidas con la doctora Iván Koch y otras compañeras más que ya les están llegando cartas, documentos con los turnos correspondientes para auditar las pensiones no contributivas.

Una pensión no contributiva es un derecho adquirido, el marco legal que ellos lo ponen de manifiesto para hacer esta auditoría en supuestas irregularidades, siempre, por supuesto, con los fuertes, con los débiles, ¿no? Son leyes de los 90, por lo tanto, nosotros tenemos vigencia una convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad.

Igualmente, las personas tienen que hacerse presente con la documentación correspondiente, que no tiene que ser en un tiempo de fechas de las mismas, menor a seis meses.

Lo que implica, acuérdense que para sacar el certificado médico obligatorio, que es el que da acceso a la pensión luego de un trámite en la ANSES, es en entidades públicas, es decir, en hospitales, y tienen que estar todos los estudios que se hayan hecho en la historia clínica de la persona.

Entonces hay que sacar turnos en los hospitales para volver a hacer aquellos estudios que superen los seis meses de haber sido realizados, con la demanda que hay hoy en los hospitales, y de acuerdo también a la complejidad de la especialidad que se requiera.

Claro.

Lo que estamos haciendo es, justamente dentro del marco legal, decirles que sí se presenten en la fecha citada, que lleven los estudios, pero nosotros tenemos una modelo de carta, de manera administrativa, no tipo amparo, sino administrativo, poniendo en manifiesto que es una vulneración.

Primero que están siguiendo un modelo médico hegemónico, donde la ponen a la discapacidad dentro de lo que es el marco de lo médico, de lo patológico, cuando sabemos perfectamente que la discapacidad son condiciones que se encuentran limitadas por el entorno, es decir, las barreras son sociales, como en este caso esta auditoría institucional, y que es un derecho adquirido, la pensión.

Entonces, es presentarse, presentar esta nota de manera administrativa, reclamando este hecho, como para que revisen qué es lo que están haciendo.

No sé si vamos a llamar a un toma de conciencia.