Gustavo Santana : “El decreto de Residencialización nace muerto, es una tomadura de pelo”

Bueno, pues disculpen, volvemos a decir disculpen, pero hay que dar siempre oportunidad y hasta yo me equivoco un montón de veces, Paulo, así que tranquilo, tranquilo, parece mentira, y llevo ya muchísimo tiempo haciéndolo, o sea que no pasa absolutamente nada.

Bueno, ya a través de las redes sociales, seguro que lo están viendo a mi lado, despedíamos al abogado Kevin Paz y recibimos hoy y contamos con la presencia de Gustavo Santana, diputado del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias y ex viceconsejero de Empleo, que hay que recordarlo también. Con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos laborales y sociales, Santana ha sido una voz crítica frente a diversas políticas del actual gobierno de Canarias.

En esta entrevista queremos abordar con él, entre otros temas de máxima actualidad, el controvertido decreto de la residencialización, que precisamente estábamos hablando ahora con el abogado, la gestión de la inmigración, las recientes huelgas en el sector de la hostelería y la manifestación convocada por la plataforma Canarias tiene un límite para el próximo 18 de mayo.

Muy buenas tardes, don Gustavo.

Buenas tardes.

¿Cómo estamos, Gustavo? Muy bien, contento de estar aquí contigo y compartir un poquito la actualidad política.

Efectivamente, que no es poca, ¿verdad? Vamos a ver, Gustavo, me gustaría comenzar contigo con ese decreto de residencialización y sanciones a residentes en las zonas turísticas. Usted ha calificado este decreto precisamente como una locura que nace muerta, que nace muerta prácticamente. ¿Por qué? ¿Nos puede explicar un poquito por qué considera que esta medida es ineficaz y perjudicial para los residentes? Pues porque los propios residentes han dicho que no van a hacer cumplir el decreto.

Por lo tanto, si tú haces una norma con un objetivo que es beneficiar a los afectados y los afectados te están diciendo que no pueden aceptarlo y que no lo van a cumplir porque sería declarar que donde están residiendo en lugar de su vivienda es un alojamiento turístico, no lo van a hacer porque sería vender todo su patrimonio, que ya tal y como está la cosa, tener como único patrimonio una vivienda ya es muchísimo, para dejarlo a expensas de un futuro incierto donde hay poderes económicos, sectores económicos que entienden que ese espacio le corresponde a ellos y no a los propietarios de la vivienda.

Por lo tanto, es un decreto ley que nace muerto y que buscaba, en mi opinión, atemperar los ánimos, dar una respuesta política a reivindicaciones internas de los propios partidos políticos, en lo que además en San Bartolomé de Tirajana se da una especie de controversia entre los grupos que conforman el gobierno, el Partido Popular y Coalición Canaria, porque hace tiempo que Coalición Canaria en San Bartolomé de Tirajana intentó arrogarse el único partido que estaba en lucha por intentar conseguir los objetivos que estaban buscando los propietarios de esa vivienda.

En ese momento ustedes recordarán que nosotros desde el Partido Socialista mantuvimos que en el ámbito local se puede tener muy buena voluntad y no la discutimos, pero que la resolución de un aspecto tan duro como este era el cambio de una norma autonómica y que era en el Parlamento de Canaria donde los partidos políticos tenían que manifestarse.

A todo esto, en la antesala de esa discusión existía una iniciativa legislativa popular, una propuesta de ley nacida con más de 23.000 firmas para ser debatida en el Parlamento de Canaria a propuesta de los afectados de la mal llamada residencialización. En ese momento era el final de la anterior legislatura, se disolvió el Parlamento de Canaria y no dio tiempo para poder discutirlo.

Al principio de esta legislatura comienza a andar nuevamente esa proposición de ley de iniciativa legislativa popular que fue discutida en el Parlamento de Canaria para admitir la trámite y poder empezar a discutir las propuestas que en el articulado de esa proposición de ley contenía una solución para los afectados por la ley turística en representación de la PALT, que es la plataforma que representa a los afectados. Nuestra posición fue clara desde el principio, era votarle que sí a la admisión a trámite y empezar a discutir en torno a esa ley para buscar una solución, no sólo al contrario.