La judicialización del honor de la monarquía

El secreto de nuestro movimiento es que pertenece a lo más noble del alma humana.

Que sea mayoría o minoría, pues eso es lo de menos.

Si es que en cuestiones del poder, que nosotros no lo perseguimos, pero queremos organizarlo mediante la libertad colectiva constituyente, esa cuestión del poder nunca la decide la gran mayoría del pueblo.

Siempre en el mejor de los casos lo decide un tercio de la sociedad y dentro de ese tercio los que más capacidad y menos miedo tengan para actuar.

Y ese tercio le llamó en la Grecia Antigua.

La corrupción moral no es solo un acto de deshonestidad, no es solo una conducta deshonesta, es algo más que eso.

Es una traición a los principios que sostienen la convivencia y la justicia en cualquier sociedad.

En ese contexto, las recientes demandas que ha interpuesto el rey abdicado, que no emérito, que es también una palabra inventada, no se trata de nadie en un cargo de mérito o jubilado, no, no, es un rey abdicado, Juan Carlos I.

Pues bien, esas demandas que ha puesto contra Miguel Ángel Revilla y contra su amante, Corina Larsen, mientras históricamente se había dedicado a alegar su inviolabilidad por su cargo de rey para defenderse de otras acusaciones, cuando lo era, representan un caso emblemático de este fenómeno.

Esta conducta no solo revela una contradicción lógica, como es la de pretender ser parte activa en un proceso judicial cuando conviene y parte ausente cuando no le convenía, evidencia algo todavía más grave, evidencia una corrupción moral profunda, fruto de un sistema que ha renunciado a la virtud como principio de poder.

Entre todas las formas de poder corrompido, ninguna es más repugnante ni más nociva para la salud de la nación que aquella que, investida en una autoridad simbólica, como es el caso de la monarquía, se presenta como garante de la unidad mientras practica la hipocresía jurídica y la inmoralidad política.

Cuando la monarquía, cuyo fundamento es el honor, tiene que defender ese honor en los tribunales, es que ya lo ha perdido.

Y con este, como digo, su propio fundamento.

Esta situación no solo erosiona la credibilidad de la monarquía como tal, sino que también pone en evidencia una crisis mucho más profunda, la desconexión entre los valores que deben guiar a las instituciones y las acciones de quien personalmente lo representa.

La corrupción moral no reside tan solo en los actos ilícitos, sino también en la falta de coherencia entre el discurso y la práctica.

La monarquía de los partidos en España, renacida gracias al franquismo y que se consolida a través de la transición, hipotecando su futuro así para siempre, esa farsa pactada entre franquistas reciclados y partidos estatales, que se sostiene gracias al papel de la monarquía, ha renunciado a la democracia hipotecando, como digo, su destino y su futuro para siempre.

El problema no es Juan Carlos como persona, no es lo que está haciendo ahora, es el régimen que ha hecho posible que su figura, rodeada de escándalos, rodeada de mentiras, siga siendo tratada con deferencia y privilegio.

Es la cultura de la irresponsabilidad heredada de la dictadura y maquillada con el lenguaje pseudo-constitucional.

Es la corrupción moral de un país que ha cambiado lealtad por servidumbre.

La inviolabilidad es un ejemplo de ese privilegio que contradice el principio de igualdad ante la ley.

¿Cómo se puede sostener, cómo una sociedad puede aspirar a la justicia si sus líderes o sus símbolos no están sujetos a las mismas normas que el resto de sus ciudadanos?