Audio Reportajes Contracorriente

«En la mañana le va a llegar mi hijo con un documento que lo que está diciendo es la realidad y que se le cuiden sus 4 millones de pesos, que se le depositen en tal lado y que lo demás a usted le vale verga» Foto: Francisco Funes Publicado en www.contracorriente.red 📃Ministro del INA y dos funcionarios del gobierno de Xiomara Castro involucrados en compra fraudulenta de tierras.

«Voy a mandar a Diogenes en la mañana con mi hijo con un documento que yo lo he redactado de buena fe para que no queden malos entendidos para que no vayan a decir que se está lavando dinero lo que sea» Foto: Francisco Funes Publicado en www.contracorriente.red 📃Ministro del INA y dos funcionarios del gobierno de Xiomara Castro involucrados en compra fraudulenta de tierras.

«No quiero demandas para nadie ni perjuicios para nadie (...) el sábado a la 1 y media de la tarde en el hotel París, ahí va a estar la gente» Foto: Francisco Funes Publicado en www.contracorriente.red 📃Ministro del INA y dos funcionarios del gobierno de Xiomara Castro involucrados en compra fraudulenta de tierras.

«De todos modos ahí te tengo tu pisto (...) y deciles que no te dieron ni pija» Foto: Diógenes Flores Publicado en www.contracorriente.red 📃Ministro del INA y dos funcionarios del gobierno de Xiomara Castro involucrados en compra fraudulenta de tierras.

En el norte de Honduras, en las tierras en disputa del pueblo garífuna, las personas de la diversidad sexual y de género están en primera fila. Sueñan con construir en los «territorios ancestrales» sus hogares seguros, alejados de la violencia intrafamiliar y del odio hacia sus identidades, desafiando la avidez de extranjeros por conseguir un pedazo de paraíso en las mejores playas del Caribe.

«¡Inocente!». Ovania escucha esa palabra salir de la boca del juez y grita, llora, se pega a ella misma y le pega a él, a Gilbert Reyes, el hombre que asesinó a su sobrina y sus amigas. Se pega y le pega fuerte; entonces despierta, con el eco de los golpes que le duelen en la piel.

Este es un grito o un murmullo. Viene de las personas abusadas, robadas, secuestradas, torturadas, desaparecidas por supuestos policías en el marco del estado de excepción en Honduras. Las autoridades alegan que no son ellas las culpables, sino las bandas delictivas que usan imitaciones de sus chalecos y armas. Sin embargo, las víctimas apuntan al Estado como responsable, y tanto el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) documentan cientos de quejas contra miembros de la seguridad del Estado.

Honduras pasó de ser un país de tránsito de cocaína a ser también un país productor de drogas. En los últimos diez años, los municipios de Iriona y Limón en Colón, en la costa caribeña de Honduras, encabezan la lista de lugares en los que las fuerzas de seguridad han destruido más cultivos de coca y narcolaboratorios. Mientras tanto, en el resto del país, circula la coca hondureña que ha alimentado un mercado local precario y empobrecido.

El Ministerio Público (MP) no le ha entregado la autopsia de su hija a Ángel Matías, papá de Ana Hernández, quien en marzo fue encontrada muerta en su casa en una escena que señala un posible femicidio en manos de un militar. El caso tomó relevancia durante la huelga del MP porque las autopsias estaban detenidas y la familia de Ana tuvo que protestar para que no quedara impune. Cinco meses después, Medicina Forense ni siquiera tiene un registro de cuántas autopsias quedaron sin realizarse durante las huelgas.

Los líderes del grupo criminal fueron enjuiciados en Estados Unidos, pero algunos de sus miembros ya cumplieron sus condenas y retornan a Honduras, donde nadie los persigue. Después de su captura y extradición en 2014, los Valle podrían incluso recuperar sus bienes gracias a la lentitud del sistema de justicia hondureño y la falta de atención de Estados Unidos a las peticiones de apoyo para resolver los procesos de privación de dominio. La Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) confiesa que no tiene control sobre todas las propiedades incautadas y fuentes de la institución aseguran que personas cercanas al cártel de los Valle Valle se han apoderado de ellas.

La muerte de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) expuso las malas decisiones del Estado frente a una crisis penitenciaria que ya había generado alertas. El Gobierno de Xiomara Castro improvisó una intervención del sistema penitenciario que, según la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva –quien presidía la intervención– no tuvo el tiempo necesario para hacer los cambios que esperaban y, además, fue afectada por la falta de acciones de la Policía Nacional. La tragedia estaba anunciada, pero ahora con la remilitarización del sistema penitenciario como respuesta hay quienes temen que nunca se sepa quiénes fueron los autores intelectuales, los que se beneficiaron del caos en la PNFAS.

Dos representantes de Honduras en el servicio exterior enfrentan denuncias por violencia basada en género. Todas fueron presentadas al gobierno o al partido Libertad y Refundación antes de sus nombramientos, pero nadie atendió esas denuncias.

En Choloma, al norte de Honduras, Geovanny Fuentes Ramírez era un empresario del sector maderero y un narcotraficante ambicioso. Desarrolló su narcolaboratorio en lo más remoto de la sierra El Merendón. Allí, con la complicidad de las autoridades municipales, militares y policiales, con el espaldarazo de una empresa transnacional canadiense y el financiamiento de un banco internacional, creó una mina ilegal, un proyecto forestal y terminó hipotecando de manera fraudulenta más de 1300 hectáreas de tierras habitadas y cultivadas por comunidades. Hoy, tres años después de la captura de Geovanny Fuentes, los aldeanos siguen viviendo bajo la amenaza del desalojo, pues las instituciones que permitieron el despojo no se hacen responsables.

Las mujeres hondureñas que huyeron de la violencia en sus hogares cargando a su hijos e hijas, huyeron también de un país que no las escuchó ni las protegió. En su camino de escape han encontrado más violencia pero también pequeños refugios. Las políticas migratorias las han hecho asentarse temporalmente en las ciudades de la frontera norte de México con los Estados Unidos, pero ahora, con la oportunidad de avanzar, deben justificar «el miedo creíble» que las hizo escapar para preservar su vida. La migración y la búsqueda de asilo ha sido para ellas una forma de aceptar las cicatrices y avanzar a pesar del dolor de abandonar su hogar, un lugar al que no pueden regresar.

Una ciudad que vulnera a las personas con discapacidad

En 2022 ingresaron a Honduras de forma irregular cerca de 190,000 personas, la mayoría cubanos y venezolanos; muchas más personas que en los doce años anteriores. El país desde el que llegaron a migrar en caravana más de 15 mil personas se ha vuelto también una parada hacia el Norte. A 4,000 kilómetros de la frontera de Estados Unidos, en los paupérrimos pueblos fronterizos brota la inflación para migrantes, la corrupción policial y las redes de tráfico. El nuevo éxodo transita la vieja ruta de migración.

La comunidad garífuna de San Juan en Tela, en la costa caribe hondureña, denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violar su derecho a la tierra ancestral. En medio de la denuncia, también han detenido la construcción de nuevos complejos hoteleros en tierras que reclaman como suyas y han abierto caminos que antes fueron cerrados por el desarrollo urbano. Se han organizado para solicitar que se titule a favor del pueblo garífuna 1770 hectáreas en la Bahía de Tela, una de las zonas más codiciadas por las inversiones turísticas en el país.