la Boca Nostra

La intensificación de fenómenos climáticos como sequías prolongadas y huracanes más destructivos está agravando el acceso a medios de vida en Centroamérica y empujando la migración forzada de miles de personas. Este sábado conversamos sobre esto en entrevista con Denise Carachure, enlace de Dirección del Instituto de las Mujeres para la Migración, A.C. (IMUMI), organización que documenta las afectaciones migratorias derivadas del cambio climático. Hace unos días, IMUMI publicó el informe titulado “Cambio Climático y Migración desde Centroamérica. Perspectivas de Personas en Movilidad en México”, donde se muestra que la degradación ambiental en países como El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua deteriora los medios de subsistencia de comunidades enteras. Este contexto no solo incrementa la pobreza, sino que exacerba factores como la violencia, la exclusión, la discriminación y la débil protección estatal, configurando un escenario que obliga a muchas personas a abandonar sus hogares. Denise subrayó que las mujeres enfrentan impactos diferenciados y más severos en todas las dimensiones analizadas, resaltando el aumento en las cargas de cuidados y las dificultades para acceder a trabajo digno. Con este estudio se busca incidir en políticas públicas que mejoren el acceso a mecanismos de protección y a un estatus migratorio regular en México, y propone como recomendaciones el fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como que el Instituto Nacional de Migración emita lineamientos para la regularización migratoria en casos vinculados a impactos climáticos. Asimismo, plantea la necesidad de mantener un enfoque antirracista y con perspectiva de género en todas las políticas y acciones institucionales. El estudio completo está disponible en el sitio oficial de IMUMI: https://imumi.org/nuestras-publicaciones/cambio-climatico-y-migracion-desde-centroamerica/

Después de un año de expectativas sobre el anuncio gubernamental de un registro actualizado y el avance en carpetas de investigación de las personas desaparecidas en México, este 27 de marzo el gobierno federal presentó el Informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en donde se presenta la cifra 132,534 casos clasificados en 3 categorías: “Datos insuficientes”, para casos en los que supuestamente no hay información básica para iniciar la búsqueda; “Con actividades y registros después de la fecha de desaparición”, cuando el nombre de la persona aparece en bases de datos gubernamentales como el SAT o el INE; y “Sin actividad a la fecha”, que correspondería a las personas consideradas “realmente desaparecidas”: apenas el 33% del total reportado. En entrevista con La Boca Nostra, Aranzazú Ayala de la organización A dónde van lxs desaparecidxs, criticó la nueva la metodología, pues la reclasificación no atiende la crisis, sino que la oculta, al disminuir la cifra oficial en apariencia sin presentar mayores esfuerzos para fortalecer los mecanismos de búsqueda ni la rendición de cuentas. El nuevo registro presenta inconsistencias graves, como la clasificación de casos ampliamente documentados en la categoría de "Datos insuficientes", como por ejemplo los hijos de María Herrera, reconocida madre buscadora. La categoría de "Con actividad" también es un registro poco fiable porque no considera la cantidad de personas con el mismo nombre en el país. Y lo que es aún más preocupante: el informe indica que sólo 5,269 casos de los 40,308 en esa categoría han sido efectivamente localizadas, y no da más detalles sobre la situación de los otros 35,309 con supuestas actividades después de la fecha de desaparición. La nueva metodología sigue la lógica del “censo” realizado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que también realizado de manera deficiente y resultó revictimizante para las familias. Finalmente, Aranzazú denuncia que se están destinando recursos a reducir las cifras en lugar de dotar a las fiscalías de presupuesto operativo, además de la casi siempre ausente voluntad real para la búsqueda de personas desaparecidas.

El proyecto American Mexican Integrated Gas Operations (AMIGO) forma parte de los megaproyectos impulsados por el actual gobierno de Sonora, que pretende ubicarse en la costa de Guaymas con inversión de multinacionales de Estados Unidos y Singapur, para la licuefacción de más de 5 millones de toneladas de gas licuado a exportarse a Asia. En entrevista este sábado, Cecilia García, directora de comunicación de Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), advirtió sobre los riesgos sociales y ecológicos del proyecto, que tendría emisiones contaminantes permanentes y afectaciones graves al ecosistema del Golfo de California. Además, el proyecto no fortalecerá la soberanía energética de la región, ya que el gas licuado se exportará, dejando a México solo como un enclave extractivista; de acuerdo con la información de DAN, el daño ambiental será tan fuerte que EEUU no permite la construcción de ese tipo de infraestructura en sus propias costas. Asimismo, Cecilia denunció que las autoridades no han socializado correctamente el proyecto, sino que bombardean con publicidad sobre sus supuestos beneficios sin desarrollar mecanismos de consulta y participación para las comunidades afectadas.

El pasado 19 de marzo fue el segundo aniversario de la desaparición del profesor José Gabriel Pelayo Salgado, de la comunidad de Coahuayula, en Ostula, Sierra-Costa de Michoacán. El hecho coincide con el inicio de la agudización de la violencia que se vive en la región. Chuchita, integrante de CODET, en entrevista este sábado, alertó sobre la escalada de violencia y cómo la situación de seguridad se ha deteriorado con ataques constantes contra las comunidades. La defensa del territorio recae completamente en la guardia comunal de Ostula, ya que los de cuerpos policiacos gubernamentales no llegan a la región; esto provoca una mayor vulnerabilidad ante los ataques, que se prolongan día y noche, y que han incorporado tácticas como el uso de drones y la colocación de minas terrestres. La violencia se dirige principalmente contra líderes comunales; en los últimos tres años han sido asesinadas más de 40 personas han sido asesinadas y al menos tres líderes permanecen desaparecidos. Además, se han implementado estrategias para aislar a las comunidades, como la colocación de explosivos en el camino hacia la toma de agua potable y el bloqueo de salidas, lo que impide el acceso a servicios médicos. También se han atacado lugares que antes eran más respetados, como templos y escuelas. Puede darse seguimiento a la información en las redes sociales de Información Coahuayula y Comunidades Vecinas (Facebook) y en Coahuayula y Comunidades Vecinas (Instagram).

Mientras se realiza la revisión salarial del 2026 del sindicato de trabajadores académicos de la universidad de sonora (STAUS), un documento filtrado por el sindicato exhibe los aumentos salariales de hasta más de 130% por parte de integrantes de la alta burocracia de la universidad. Mientras que para las y los profesores el tope de aumento anual es del 4%. En entrevista en vivo para la Boca Nostra, el profesor universitario Ricardo Ortega del departamento de física, hizo un recorrido histórico de cómo fue luchar por más de un año para obtener un ascenso que le correspondía, al agotar toda medida burocrática tuvo que recurrir a una huelga de hambre de más de 90 horas para obtenerlo en diciembre del 2025. Señalo como “en la actualidad pues el número de maestros de horas sueltas ha incrementado a tal grado de que ocupamos eh digamos más del 50% de la planta docente” Además incluyo que “la educación en la universidad está sostenida por maestros de asignaturas, está sostenida por los maestros de hora suelta, que pues estamos atiborrados de grupos, de materias y pues hacemos, digamos, la labor de la docencia con la mayor carga de estudiantes”. Además de esto, señalo lo dispares que pueden ser los salarios, pues “pues cuando estoy diciendo que un maestro de asignatura nivel A apenas y percibe los 6700 pesos en la quincena.” Mientras según el documento compartido por el sindicato, 8 altos mandos de rectoría estarían ganando más de 50 mil pesos al mes, con el aumento que supuestamente se autorizaron.

Una venganza al interior de uno de los grupos criminales más violentos del mundo inició el 18 de marzo de 2011 y se prolongó por un par de días para terminar en una masacre: un ejército de sicarios de Los Zetas sitió un pueblo del norte de México, en Coahuila, y asesinó a unas de 300 personas sin ninguna intervención de las autoridades, lo que incluye al ejército. Lo ocurrido fue nombrado por Juan Alberto Cedillo como la “masacre de Allende”: se trata el primer periodista que acudió al sitio para documentar la tragedia, cosa que materializó en un libro publicado en 2023, uno de los registros más acabados de la violencia criminal que se desató luego de la “Guerra contra el narco”, desplegada por Felipe Calderón tras su llegada al gobierno, en 2006. Juan Alberto, sin embargo, llegó al lugar cerca de 9 meses después, dijo al aire durante entrevista con Boca Nostra: este fue el tiempo que las autoridades mantuvieron ocultos los hechos gracias a sobornos del orden de los 8 millones de dólares, según testimonios dados por los criminales en los Estados Unidos. A 15 años de la masacre, las familias no han obtenido reparación del daño, mientras que el gobierno federal se amparó para evitarlo. La discusión que pretende justificar el acto es que las víctimas eran también criminales, aunque, según documentó el periodista, gran parte eran familiares de narcotraficantes, pero también trabajadores, jardineros, albañiles y otros civiles.

El puerto de Topolobampo, Sinaloa, está atravesando una invasión de megaproyectos de la industria gasera estadounidense de exportación; Vista Pacífico era un proyecto de procesamiento de gas natural licuado acordado desde el año 2020, que esperaba empezar a operar en el 2029. La empresa Sempra Infrastructure canceló el proyecto debido a que la Comisión Nacional de Energía rechazó su solicitud de permiso para exportar gas natural a Asia y Europa desde la costa sinaloense. En entrevista en vivo este sábado 7 de marzo, Daniel Villaman, periodista especializado de la Revista Espejo, señaló que el proyecto también enfrentó la resistencia social desde el inicio, por la debacle ambiental que iba a acarrear. En la Manifestación de Impacto Ambiental se identificaron 82 posibles afectaciones, entre las que sobresale la construcción de una plataforma flotante a dos kilómetros de la costa que requería excavar 19 mil metros cuadrados del fondo marino, una intervención que implicaba la destrucción directa del ecosistema en esa área. Además, la terminal estaría liberando químicos cancerígenos volátiles en todo momento, a corta distancia de las comunidades costeras. El proyecto se desarrollaba en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y forma parte de una serie de inversiones estadounidenses en la zona que generan división social, ya que las campañas de difusión ligadas a los llamados “Polos del bienestar” promovidos por el gobierno federal se contraponen con las comunidades indígenas Yoreme y los colectivos ambientalistas que mantienen la lucha contra la instalación de este tipo de infraestructura depredadora. En la región hay otros siete megaproyectos orientados a exportar gas natural licuado hacia Asia y Europa, aprovechando la cercanía con gasoductos provenientes de Estados Unidos y la salida directa al Pacífico.

El Día de la Mujer Trabajadora es una fecha icónica para visibilizar las desigualdades de género persistentes y exigir cambios reales para la situación de las mujeres en todo el país. En el marco de las marchas y actividades, charlamos con Pan y Rosas Sonora, organización feminista y socialista que forma parte de las convocantes. Las compañeras informaron sobre la situación actual de la lucha por la legalización del aborto en el estado, consigna principal de la convocatoria de este año, y expresaron su opinión crítica sobre distintos personajes que, desde el poder y el patriarcado, afirman defender los derechos de las mujeres. Primeramente, nos recordaron que Sonora aún presenta el desacato a la legislación federal que establece la despenalización del aborto; pese a los avances legales a nivel federal en los últimos años, en la entidad persisten los obstáculos jurídicos y políticos que dificultan el acceso a este derecho. “En este tema, las mujeres somos las que hacemos el trabajo del gobierno”, señalaron, ya que el acompañamiento para la interrupción del embarazo se lleva a cabo desde distintas colectivas feministas. También hablamos sobre el significado político de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México. Pan y Rosas reconoce que es un cambio histórico, pero no implica la representación de todas las mujeres del país, ya que "cuando una mujer rompe el techo de cristal, otras mujeres barren el vidrio que cae al piso”, comentaron. Asimismo, cuestionaron las recientes declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la “liberación” de mujeres en Irán, narrativas que buscan justificar los bombardeos y el avance imperialista. Por ello, las compañeras señalaron la importancia de las voces que se dieron cita en la marcha del domingo para denunciar la guerra en Irán, el genocidio palestino, las políticas anti-inmigrantes en EEUU, la contaminación del Río Sonora y otras causas que atraviesan a Hermosillo, México, y todo el mundo.

El Tren Maya es un megaproyecto de turismo y logística comercial que ha suscitado diversas violaciones territoriales, ambientales y jurídicas a su paso. Su construcción, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha conllevado diversos conflictos con la población de las zonas que atraviesa. De acuerdo con la información de Alejandro Ruiz, periodista de distintos medios como Pie de Página, Ceiba Periodismo con Memoria y Jaltun.mx, desde el pasado 19 de febrero, ejidatarios de la comunidad de Sierra Papacal, dentro del municipio de Mérida bloquearon las obras del ferrocarril y exigieron la suspensión de su construcción al señalar que el ejido ha sido víctima de una expropiación llevada a cabo por autoridades ejidales corruptas. Alejandro nos comenta que la respuesta de la SEDENA se ha resumido a decir que ellos "solo construyen" y no administran las gestiones territoriales, mientras que la comunidad ejidal busca que se respeten sus derechos agrarios y se esclarezca qué sucedió con los supuestos recursos por la compra turbia del predio invadido.

En días pasados, la Unión de Vecinos de Sacramento Residencial A.C. logró obtener una resolución de un juez con la suspensión definitiva de las obras ilegales que se realizaban en el área verde del fraccionamiento. Alejandro Valenzuela, profesor de la Universidad de Sonora y vecino del residencial, forma parte de la organización comunitaria que ha sembrado, cuidado y defendido el área verde y enfrenta ahora una denuncia penal por presuntos daños a la propiedad ajena, tras recibir amenazas por parte de las personas que pretenden adquirir el predio. El conflicto comenzó cuando vecinos del residencial denunciaron la ilegalidad de la compraventa del predio, que es propiedad municipal, y que actualmente es uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad de Hermosillo. Alejandro nos comenta que la denuncia interpuesta en su contra se remonta al año 2020, y ha sido retomada por la Fiscalía en un claro acto de intimidación y un intento de criminalizar la defensa del territorio ante el reciente fallo en contra de quienes pretenden privatizarlo. Los demandantes argumentan que, en aquel momento, Alejandro les amenazó, cosa que él desmiente completamente, al relatar que fueron ellos quienes realizaron destrozos en el área verde y fueron advertidos por un grupo de vecinos de que era propiedad pública. Alejandro considera que la persecución de su persona forma parte de las tácticas que este tipo de personas realizan buscando amedrentar a la organización comunitaria. El profesor universitario nos cuenta que la Fiscalía buscaba la prisión preventiva, medida que considera desproporcionada, descartada gracias a que él pudo presentar su versión de los hechos ante el juez; no obstante, sí se levantaron medidas cautelares en su contra, como el no poder salir de la ciudad y tener que ir a firmar a los juzgados semanalmente. Mientras el proceso legal avanza, vecinos del residencial mantienen actividades informativas y de recaudación de fondos para enfrentar los gastos de la defensa jurídica.

La Concordia, lugar donde fueron secuestrados, algunos asesinados, según información oficial, 14 trabajadores del sector minero en Sinaloa es, al menos desde hace 17 años, una zona que se encuentra en manos criminales. La guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa agudizó un problema que ya existía. Algo de esto expuso Marcos Vizcarra, periodista de Revista Espejo y El País, durante una entrevista con la Boca Nostra: “La Concordia fue blanco durante bastante tiempo de bloqueos, incendios carreteros, asesinatos en carretera y desapariciones”, dijo sobre el municipio que, en 2025, se ubicó entre los cuatro más violentos de la entidad. La situación de los mineros, de los cuales se tiene confirmación del asesinato de 5, mientras que el resto de los casos permanece bajo investigaciones, retrata semejantes niveles de violencia en un entramado en el que la industria extractivista aparece involucrada con frecuencia, tanto en Sinaloa como en Sonora y otras regiones del país. “Si un grupo de mineros está vestido como tal, se encuentra dentro de un campamento con logotipos de la empresa y se traslada en camionetas identificadas con la misma compañía, y aun así son confundidos, entonces, ¿qué podemos esperar?”, sintetizó el periodista que ha recogido la opinión de múltiples líderes sociales de la región. Otro caso fúnebre ocurrió en Culiacán, Sinaloa, el 11 de febrero: fue asesinado Ricardo Misael, de 15 años, cuando se dirigía a una farmacia para comprar un biberón con el que alimentaría a uno gatos que había rescatado. Las autoridades señalaron que también habría sido “confundido” por circular en motocicleta. La familia del menor asesinado, sin embargo, aseguró que aquel no tenía motocicleta y que ni siquiera sabía manejar.

El bloqueo que sufre Cuba por parte de Estados Unidos trae consigo falta de servicios básicos para la población, como atención hospitalaria, alimentación y educación. La política unilateral, que supera ya los 60 años de vigencia, y que se ha recrudecido desde su implementación, significa para la isla una crisis humanitaria. El histórico bloqueo se profundizó tras el anuncio del presidente Donald Trump el pasado 30 de enero, en el que planteó nuevas restricciones orientadas a inhibir el comercio de petróleo, bajo el argumento de que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos. Sobre este tema habló en entrevista con La Boca Nostra la periodista y analista política cubana Ana Teresa Badía, quien puso énfasis en el renglón humano de las afectaciones: sin combustible, el sistema nacional de salud se debilita, cuando la vida de infantes y adultos depende en gran medida del suministro eléctrico. La ciudadanía ha experimentado apagones prolongados e intensos. A esta situación se suma que el bloqueo también impide la importación de cualquier artículo que contenga más de 10% de componentes estadounidenses. Esto limita la posibilidad de adquirir refacciones para el mantenimiento de instalaciones industriales, como las termoeléctricas. “Hay momentos en los cuales casi entre el 70 y el 80% del país está apagado”, señaló Badía. Además, recordó que este tipo de políticas no necesariamente afectan de manera directa a los gobiernos, sino que “cuando se toman medidas de ese tipo, los principales damnificados son los ciudadanos”. A pesar de este panorama, Badía reconoció y agradeció el apoyo de México y otros países como Chile, China y Rusia.

Ante la crisis de personas desaparecidas que el país ha enfrentado durante años, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se presentó e implementó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada (ENBG). Sin embargo, durante el proceso electoral de 2024, la estrategia entró en una pausa y, hasta hace pocas semanas, no se había anunciado ninguna medida clara para su continuidad. En entrevista en vivo, Lucía Flores, colaboradora de la plataforma A Dónde Van los Desaparecidos, señaló que dicha estrategia estuvo plagada de errores desde su inicio, además de presentar actos de revictimización hacia las familias de las y los desaparecidos. Explicó que, en un primer momento, durante la recolección de información, los cuestionarios quedaron dispersos en distintas oficinas de Bienestar, cuyos trabajadores fueron los encargados de realizar el censo casa por casa. Por otro lado, Flores indicó que la verificación de dichos cuestionarios correspondía a funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes detectaron diversas inconsistencias, como la falta de coincidencia entre los cuestionarios físicos y los registros digitales. Además, señaló que existen registros de que, durante estas búsquedas casa por casa, hubo ocasiones en las que elementos de la Guardia Nacional intentaron ingresar a los domicilios de familiares de personas desaparecidas, debido a la desconfianza sobre si la persona ausente se encontraba o no en el hogar. Otro caso que, de acuerdo con Flores, generó gran indignación, fue aquel en el que, durante esta jornada casa por casa, los llamados “siervos de la nación” acudieron al domicilio de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para preguntar por él. Finalmente, Flores sostuvo que la ENBG partía de una buena intención, pero fue deficientemente ejecutada, y advirtió que la medida recientemente anunciada por el Ejecutivo podría derivar en un nuevo fracaso, ya que contabilizar a las personas desaparecidas a partir de las carpetas de investigación puede resultar contraproducente, especialmente en un contexto donde existen denuncias de desapariciones forzadas y donde muchas familias no denuncian por miedo u otras circunstancias.

En 2023, un grupo de trabajadores de la empresa maquiladora Amphenol Optimize México, S.A. de C.V. fue despedido injustificadamente. Los afectados denuncian que los despidos se debieron a la organización de los trabajadores para conformar un sindicato independiente. Ante esta situación, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRM) del Acuerdo Estados Unidos–México–Canadá (T-MEC) emitió un plan de remediación para atender la violación a los derechos laborales, entre cuyos puntos destaca la reinstalación de nueve trabajadores, con el pago de salarios caídos y beneficios completos. En entrevista en vivo para La Boca Nostra, Francisco Cota, secretario general del sindicato, detalló que estas remediaciones aún se encuentran en proceso, ya que, aunque en el comunicado se señala la existencia de un acuerdo entre ambos gobiernos, el sindicato no ha recibido el plan de remediación por parte del gobierno mexicano. Por otro lado, el plan de remediación también establece que la empresa debe actualizar su declaración y directrices de neutralidad, socializarlas con el personal y reafirmar la libertad sindical de los trabajadores, además de instalar un mecanismo de denuncia anónimo y confidencial. De acuerdo con el secretario general, algunas de estas acciones ya han sido implementadas. Finalmente, Cota denunció que durante capacitaciones impartidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, funcionarios de la institución invitaron a los trabajadores a no integrarse al sindicato independiente, además de advertir que el uso del RRM podría poner en riesgo la permanencia de las empresas en el país, afirmación que el dirigente sindical calificó como falsa.

Durante el primer año de gobierno de Donald Trump, ha quedado en evidencia el trato que da el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a las personas migrantes. En 2025, al menos 32 personas murieron mientras estaban bajo custodia de esta agencia, cifra que representó el mayor número de fallecimientos en detención desde 2004, según datos oficiales y de organizaciones de derechos humanos. Además, en 2026 se han registrado múltiples incidentes en los que agentes federales han abierto fuego durante operativos, incluidos tiroteos en Minneapolis, Minnesota, que resultaron en la muerte de civiles durante redadas relacionadas con la inmigración. Estas acciones han ocurrido en el marco de un aumento de las detenciones y deportaciones, así como de operativos más agresivos en distintas ciudades. El periodista Edilberto Escobar, de la histórica radio comunitaria Radio Victoria, narra en entrevista en vivo las experiencias de algunas de las personas detenidas por el ICE. Describe casos en los que familias han sido separadas y resalta el miedo que experimentan los migrantes, especialmente los salvadoreños, quienes llegan a Estados Unidos huyendo de situaciones de violencia y crisis en sus países de origen. El Salvador, por ejemplo, ha estado bajo estado de excepción durante 45 meses debido a altos niveles de violencia. Los problemas que enfrentan las personas migrantes deportadas a El Salvador los colocan en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que no cuentan con condiciones para reintegrarse a sus comunidades, carecen de redes de apoyo y a menudo no tienen recursos económicos, lo que hace que empezar de nuevo sea un proceso difícil. Escobar también señala que el miedo se extiende hasta la vida diaria de quienes aún están en Estados Unidos, limitando incluso su salida de casa por temor a ser detenidos. Mientras tanto, aunque el gobierno salvadoreño mantiene el estado de excepción, muchos migrantes enfrentan situaciones similares o incluso peores al regresar al país tras una deportación, encontrándose con entornos de inseguridad y falta de oportunidades.

El pasado 23 de enero, 14 trabajadores de las empresas CICAR y de la minera canadiense Silver Corp. fueron secuestrados en el municipio de Concordia, en Sinaloa, mientras realizaban trabajos de exploración. Este hecho ocurre en un estado que ha experimentado una guerra entre cárteles desde hace más de un año y en un contexto marcado por el alza en los precios del oro y la plata, que han aumentado 18 % y 52 %, respectivamente. La Dra. Aide Tassinari, economista y especialista en los efectos socioambientales de la minería a cielo abierto en México, señaló —en entrevista en vivo con el equipo de La Boca Nostra— que son los trabajadores de las mineras quienes sufren y experimentan directamente la violencia del crimen organizado, mientras, paralelamente, se generan acuerdos entre líderes empresariales y grupos criminales mientras tanto Estado prioriza la protección de los metales sobre la vida de las personas. Al respecto, citó un caso particular en el que un empresario minero canadiense, Rob McEwen, hizo pública en 2015, durante una entrevista televisiva, la relación que se establecía entre empresas mineras y grupos criminales en México. En dicha entrevista, añadió que para poder explorar y explotar la tierra era necesario dialogar y negociar con los grupos del crimen organizado de la región. Por último, la especialista señaló que esta no es una dinámica nueva; por el contrario, es común que los trabajadores sean “sacrificados” durante los procesos de exploración y explotación de un territorio, mientras ambas partes llegan a un acuerdo. El alza en el precio de estos metales representa “pésimas noticias”, ya que podría traducirse en la aceleración de los procesos extractivos, así como en la búsqueda de nuevos acuerdos entre los grupos criminales y las empresas mineras.

Arturo Lugo Macías, “Sheveck”, joven activista y ex alumno de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, dependiente de la UNAM, fue detenido el pasado 8 de enero en el Estado de México por agentes de la Fiscalía General de la República. La dependencia lo acusa de pandillerismo, daños y otros ilícitos presuntamente cometidos en abril de 2020 durante una manifestación en la institución educativa, lo que generó indignación entre activistas que consideran lo sucedido como un acto de criminalización de la protesta. Al día de hoy, el joven se mantiene privado de su libertad debido a que se le impuso prisión preventiva como medida cautelar. Mientras, la organización llamada Red Solidaria por la Liberación de Arturo “Sheveck” Lugo Macías, entrevistada el sábado pasado en La Boca Nostra, afirma que se le han negado condiciones básicas como el acceso a cobijas, artículos de higiene y a una alimentación adecuada a su dieta, pues no consume alimentos de origen animal. Las irregularidades, sin embargo, se habrían presentado desde el primer momento: la situación del 5 de abril de 2020 que llevó a la detención de Arturo casi 6 años más tarde se produjo cuando un grupo de choque, armado y con equipo táctico, ingresó a las instalaciones donde colectivos estudiantiles y feministas mantenían una protesta y denunciaban ser víctimas de crímenes sexuales por parte de autoridades educativas. En ese momento, de acuerdo con la Red Solidaria, las instalaciones fueron dañadas y estudiantes agredidos. Foto: Eréndira Aquino Ayala

Los estudios académicos sobre movimientos sociales mayormente se concentran en analizar a los grupos progresistas o de tendencias de izquierda, dejando de lado a las agrupaciones que presentan una afinidad de corte conservador. En el caso de Hermosillo, durante la década de los setenta, existió una organización conocida como “Micos”; en Guadalajara, “Los Tecos”, así como en otras ciudades de la República, como Monterrey y la Ciudad de México. En entrevista en vivo, el Dr. Cuitláhuac Galaviz compartió los pormenores de su futuro proyecto de investigación posdoctoral, el cual realizará en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, conocido como Instituto Mora. Dicho proyecto estará centrado en el estudio de las juventudes católicas y anticomunistas en México durante las décadas de 1960 y 1970, enfocándose en distintos grupos de derecha de ciudades como Hermosillo, Guadalajara y Monterrey. Dichas organizaciones recogían ideas nacionalistas de corte conservador y anticomunista; además, solían romper huelgas y manifestaciones mediante el uso de la violencia, mencionó Galaviz. Asimismo, señaló que la importancia de estudiar a estos grupos de derecha desde una perspectiva histórica y crítica radica en que aún se desconoce la mayor parte de sus motivaciones, así como las formas en que se organizaban en los planos ideológico, simbólico y social. Cuitláhuac pone sobre la mesa la necesidad de analizar estos fenómenos sin prejuicios, atendiendo a las voces, trayectorias y contradicciones internas. Este tipo de investigaciones adquiere especial relevancia en el contexto actual, donde resurgen, de entre los escombros, los resquicios de discursos conservadores y anticomunistas. Por último, el académico invita a la ciudadanía a apoyar la investigación compartiendo cualquier información sobre personas involucradas en este tipo de organizaciones en las ciudades mencionadas; de ser así, pueden comunicarse directamente con La Boca Nostra.

El año 2025 fue convulso para los pobladores del Río Sonora y Río San Miguel. Desde enero hasta diciembre los pobladores organizados resistieron ante la imposición de la construcción de tres presas, que afectarían al consumo de agua de los pobladores, líquido vital que además fue contaminado por la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de German Larrea, en 2014. En entrevista en vivo con María Auxiliadora Haro, quien ha sido uno de los principales rostros del movimiento, señaló esta nueva etapa en la que se encuentra la lucha, pues el pasado 6 de enero la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) desechó el Manifiesto de Impacto Ambiental y no autorizó el estudio de cambio de uso de suelo para la construcción de la presa en la Puerta del Sol. Esto implicaría una victoria para los defensores del río; sin embargo, manifestó, continuarán en la vigilia, ya que las autoridades no se han pronunciado ante estas noticias, además de que pueden brincarse estos pormenores legales y continuar con la construcción de la presa, como ha pasado en otros lugares. Por último, María comentó que el año pasado lo recuerda como un año muy fuerte, complicado, con tristezas, amenazas y mucha lucha por la defensa del territorio, pero que estas noticias alegran a las y los defensores del Río Sonora, aunque se mantendrán alerta y en guardia ante posibles nuevas incursiones del gobierno estatal.

En entrevista con Jano Valenzuela, vecino de Sacramento Residencial y parte de la comunidad organizada que protege los 4mil metros cuadrados de área verde del fraccionamiento, nos comenta la buena noticia: se logró obtener una resolución de un juez con la suspensión definitiva de las obras en toda el área verde, gracias al juicio de amparo promovido por María Dolores Sánchez Acosta, abogada defensora del área verde del Residencial. Esto les da la tranquilidad de que, al menos durante el transcurso del juicio de amparo, no puede haber construcción ni tala de árboles. La suspensión reconoce la existencia de posibles violaciones de los derechos humanos a un medio ambiente sano, al espacio público y la legalidad urbanística. Esto es "una lucecita al final del túnel", nos comenta Jano, pero las y los vecinos saben que no pueden confiar en el respeto a la ley o la buena voluntad por parte de las personas corruptas de la constructora involucrada y el Ayuntamiento de Hermosillo. Este sábado también se realizó una rueda de prensa para socializar lo sucedido, como un mecanismo de contención ante la corrupción. Jano comenta que las y los vecinos tienen la razón ética, política y ahora jurídica, y esperan contar con el apoyo de la ciudadanía en caso de que se renueven los permisos y las actividades de tala o construcción en el área verde de Sacramento Residencial. Finalmente, se invita a la comunidad a conocer el bosque urbano comunitario que representa esta área verde, y próximamente se harán actividades de recaudación de fondos para los gastos legales de esta defensa del territorio.