Casas Viejas, 90 años después

Engañado por el capitán Manuel Rojas, e ignorando las informaciones que cuestionan la versión oficial, el Gobierno de Manuel Azaña tarda casi dos meses en reconocer los fusilamientos de Casas Viejas. La mala gestión de la crisis, unida a la utilización política de los Sucesos, provoca un adelanto de las elecciones generales, que finalmente ganan las derechas. En el juicio al capitán Rojas, celebrado en mayo de 1934, se difunde el bulo que alimentará durante muchos años la leyenda negra de Azaña: que en la represión de la revuelta anarquista, el entonces presidente del Gobierno ordenó que a los rebeldes se les dieran ‘tiros a la barriga’.

La represión en Casas Viejas no termina con la quema de la choza donde se habían atrincherado los rebeldes. Con el pueblo ya sometido, en la mañana del día 12 de enero el capitán de la Guardia de Asalto Manuel Rojas ordena razziar la aldea. Doce hombres son arbitrariamente detenidos y fusilados en los rescoldos de la cabaña de Seisdedos. La versión oficial, promovida por el propio Rojas, sostendrá que los 22 vecinos muertos que deja la operación eran sublevados que se había levantado en armas contra las fuerzas de orden público.

En la madrugada del 11 de enero de 1933, un grupo de anarquistas se levanta en armas y proclama el comunismo libertario en la aldea de Casas Viejas (Cádiz). Los campesinos desconocen que la huelga general revolucionaria de la que creen formar parte en realidad ha naufragado hace días en todo el país. Tras asaltar el cuartel de la Guardia Civil y matar a dos de sus agentes, y ante la llegada de refuerzos, la mayor parte de los anarquistas huye de la aldea. Unos pocos se han refugiado en la choza de un viejo carbonero, apodado Seisdedos, y desde allí hacen frente a las fuerzas del orden. La guardia de asalto acude a Casas Viejas a sofocar el levantamiento. El capitán Manuel Rojas no tendrá miramientos a la hora de acabar con ese foco de rebelión.

A partir de su proclamación en abril de 1931, la Segunda República ha de hacer frente al grave problema del reparto de la tierra. La demora en la prometida reforma agraria, unida a las malas cosechas, provoca huelgas y levantamientos en todo el país que son reprimidos por la guardia civil. Sucesos como los de Castilblanco (Badajoz) o los de Arnedo (la Rioja) estremecen a la sociedad y ponen a prueba la gestión del orden público de un Gobierno, el de la coalición republicano-socialista liderado por Manuel Azaña, y que vive atenazado desde la derecha por monárquicos y conservadores, y desde la izquierda por los anarcosindicalistas.