Con Nuestras Palabras

A juzgar por las dinámicas que se han enquistado en el Estado bajo el control del régimen Ortegamurillo, han sido borradas hasta las nociones más básicas de ciudadanía, si entendemos por tal, el reconocimiento de derechos y la participación activa de las y los nicaragüenses en el ámbito público.

Cuando hablamos de fanatismo, nos referimos a una determinada forma de pensar que se caracteriza por aferrarse a ciertas ideas o creencias consideradas como verdades absolutas, eternas en el tiempo y fuera de la historia. Las personas y grupos fanáticos suelen rechazar cualquier argumento por muy razonable que sea, que contradiga sus creencias, despreciando a las personas que ofrecen puntos de vista diferente y lo que es peor, recurriendo a la difamación y las amenazas hacia quienes expresan opiniones diferentes.

Y mientras la Región Autónoma del Atlántico Norte y comunidades del norte del país continúan enfrentando los efectos de Eta, el régimen Ortegamurillo continúa avanzando en su escalada de represión en contra de la ciudadanía. Haciendo uso del poder de las armas, de las leyes y del nada transparente uso de los recursos públicos, pretenden someter a la gente por miedo o por hambre.

Hemos visto las dolorosas imágenes de mujeres miskitas de la comunidad wawa-bar que, junto a decenas de niños y niñas, se lamentan de haber perdido lo poco que tenían para sobrevivir y reclaman con lágrimas en los ojos, alimentos y artículos de primera necesidad mientras permanecen en un albergue improvisado, como todos. Aun es escasa la información que se tienen sobre las comunidades que no fueron evacuadas y que soportaron la fuerza del Huracán Eta, quien sabe cómo.

Ahora mismo, la población de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua está enfrentando el impacto del huracán Eta, que sin duda dejará tras su paso graves daños al medio ambiente, además de las pérdidas materiales que incrementará los ya inadmisibles índices de pobreza en que vive la mayoría de la población de esta extensa zona del país.

Para elegir buenos gobiernos necesitamos entre otras cosas, una ciudadanía bien informada, conscientes de sus derechos y con disposición a defenderlos. Así mismo, necesitamos de organizaciones, movimientos y partidos políticos con voluntad de promover nuevas formas de participación ciudadana, privilegiando los intereses colectivos y respetando la pluralidad de ideas.

Los regímenes autoritarios suelen aliarse con otros poderes con quienes establecen una relación de intercambio de favores generalmente al margen de la ley. Esto es precisamente lo que ha ocurrido en Nicaragua desde los tiempos del somocismo hasta nuestros días: Una sucesión de pactos entre gobiernos, élites partidarias, empresarios y jerarcas religiosos que justifican la violación a las leyes y toda clase de abusos de poder.

Y mientras el régimen Ortegamurillo aprueba de manera acelerada dos de las tres leyes que tienen como objetivo común, imponer la censura, controlar a las organizaciones de la sociedad civil, inhibir a determinados ciudadanos de ejercer sus derechos políticos y contar con un instrumento que permita continuar persiguiendo a excarcelados políticos, la señora Rosario Murillo utiliza sus comparecencias diarias para insultar a nacionales y extranjeros que cometen la osadía de reclamar el respeto a los derechos humanos de las y los nicaragüenses.

La Constitución Política a pesar de las reformas impuestas por el régimen Ortega-murillo, establece que la soberanía nacional radica en el pueblo. Esta definición significa entre otras cosas, que es al pueblo nicaragüense a quien le corresponde decidir sobre aspectos de vital importancia para la nación.

Otra mujer asesinada en Wiwilí. Con ella se cuentan 64 mujeres y niñas asesinadas en lo que va del presente año. Se llamaba Fátima, tenía 3 hijos, incluyendo una criatura recién nacida. El marido de Fátima y padre de sus hijos, la asesinó.

Hay abundantes opiniones sobre la victoria del Movimiento al Socialismo en Bolivia (MAS) haciendo comparaciones incluso forzadas con la actual situación que vive Nicaragua. La mayoría pone el acento en la necesaria unidad de la oposición para evitar un eventual triunfo del régimen Ortega-Murillo. Sin embargo, hay lecciones menos evidentes y mucho más complejas que tienen que ver con el tipo de oposición que tenemos en Nicaragua y sus distintos niveles de comprensión y apropiación de valores auténticamente democráticos.

El régimen Ortega-murillo ha mantenido una permanente campaña electoral desde el mismo momento que llegaron al gobierno, contando para ello con los recursos del Estado manejados prácticamente sin ningún tipo de control, dada la total inoperancia de la contraloría general de la república en manos del Fsln y sus aliados.

El 14 de octubre la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional aprobó la ley de regulación de agentes extranjeros después de hacerle unos leves cambios que dejan intactos los objetivos políticos de la misma. Se trata de darle facultades totales al Ministerio de gobernación para invadir el ámbito de actuación de personas naturales o jurídicas que reciben apoyo financiero de gobiernos u organismos internacionales.

Y mientras la aplanadora del Fsln en la Asamblea Nacional se apresta a aprobar una ley ilegítima que aplicarán a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil o personas naturales que ejerzan su derecho constitucional a participar en los asuntos públicos del país, crecen de manera imparable las cifras de la pobreza y de la violencia en contra de las niñas.

En sociedades como la nuestra, es difícil hablar de democracia porque no la conocemos. Quienes han reflexionado mucho más a fondo sobre sus significados, saben que la democracia es una palabra grande, que tiene múltiples dimensiones que van más allá de las elecciones.

Aunque producto de las serias advertencias hechas por el Parlamento Europeo y las que ha reiterado el gobierno de los Estados Unidos, el régimen Ortega-Murillo decidiera suspender la aprobación de la ley de regulación de agentes extranjeros y la ley de ciberdelitos, nos ha quedado claro su disposición a continuar haciendo uso de la represión y de las leyes, para arrebatarnos derechos fundamentales.

Lo primero que debemos tener claro es que los discursos de odio están asociados a los grupos de poder. Tienen como propósito, justificar actos que se comenten para evitar que los grupos subalternos se revelen frente a situaciones de injusticias. En Nicaragua, desde que Daniel Ortega y Rosario Murillo regresaron al gobierno, las estructuras partidarias y las propias instituciones del Estado se encargaron de llevar a cabo campañas de difamación con el fin de deslegitimar las demandas que levantan determinados grupos de la sociedad.

Ayer 4 de octubre celebramos el nacimiento de la Unidad Nacional Azul y Blanco que ahora cuenta con más de 90 redes, articulaciones, colectivos, y más recientemente con comités municipales en más de 130 municipios del país. La UNAB nació 5 meses después del estallido de abril y del rotundo fracaso del primer intento de diálogo nacional organizado por la conferencia episcopal de la iglesia católica. La Alianza Cívica por la Justicia y la democracia surgida del primer intento de diálogo y otras organizaciones de la sociedad civil, decidieron crear esta nueva plataforma de participación ciudadana con el propósito de pasar de la auto convocatoria espontanea, a la movilización organizada.

12 niñas han sido asesinadas en lo que va del año, la mayoría de las cuales fueron también violadas. En la mayoría de los casos se trata de niñas que viven en condiciones de pobreza y/o en zonas rurales alejadas. La última víctima era una criatura de tan solo 9 años, que estaba de visita en casa de familiares de donde prácticamente secuestrada y asesinada con lujo de crueldad.

Si el régimen Ortegamurillo estuviese convencido de que la mayoría de la población nicaragüense lo respalda como afirma la empresa encuestadora MyR, no tendría ninguna necesidad de aprobar leyes que tienen como propósito cercenar libertades y derechos a la ciudadanía.