Podcast del Consejo de Estado No. 196 | Resumen noticioso del 3 al 9 de mayo de 2025

Manténgase al día con las decisiones más importantes de la semana, aquí, en el podcast del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado declaró nula la elección del gobernador de Magdalena, Rafael Alejandro Martínez.

La sala consideró que, en un evento público desarrollado el 21 de septiembre de 2023, quedó en evidencia que el demandado sí expresó su respaldo a dos candidatas del partido de la U, a pesar de que él pertenecía a Fuerza Ciudadana.

Por esa razón, se estableció que el gobernador incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo.

El presidente seguirá teniendo la potestad de ordenar transmitir por la televisión pública los consejos de ministros.

Así resolvió el Consejo de Estado una acción de cumplimiento que buscaba impedir la difusión de este tipo de sesiones.

La Alta Corte determinó que el deber de reserva de los consejos de ministros solo opera en circunstancias excepcionales y no impide al jefe de Estado procurar la difusión pública de las sesiones, salvo que el Consejo opere como cuerpo consultivo o se trate de información amparada por reserva legal.

No puede descalificarse a los jueces en Colombia porque cumple su tarea.

Eso afecta a la justicia, afecta a la majestad de quienes regentamos esta labor, pero además quiere de muerte un principio fundamental de la justicia, la autonomía y la independencia de los jueces.

La justicia representa el más caro valor donde todos los ciudadanos estamos comprometidos para hacer de ella el último bastión moral de una sociedad.

Con esta reflexión del presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, inició la segunda jornada del programa Justicia Abierta de Enfoque para una Justicia Preventiva que se desarrolló este lunes en la ciudad de Ibagué.

El evento contó con la presencia de la gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz, los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, consejeros de Estado y una amplia participación de actores institucionales y sociales del departamento.

Durante la jornada se abordaron temas como la función preventiva de la sala de consulta, los retos de la jurisprudencia tributaria, los derechos e intereses colectivos, la contratación estatal y los derechos laborales de los servidores públicos.

Durante su intervención en la Feria del Libro de Bogotá, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra, defendió la implementación del lenguaje claro en la justicia.

Para él, es la manera de convertir al ciudadano en el verdadero protagonista del actuar judicial.

El lenguaje claro es un ejercicio de empatía, que entendemos por empatía, la identificación mental y afectiva que tiene un sujeto con una contraparte, digámoslo así.

Creo que, en efecto, aproximar el justiciable al Estado, en este caso, el justiciable de la justicia, lo que hace es cambiar la ecuación.

Esto ya no es el protagonista, el abogado, el técnico, el jurista, el juez, sino que el protagonista debe ser justamente el destinatario de la decisión, el ciudadano común, los niños, niñas y adolescentes, el discapacitado, que suele ser el destinatario de una decisión judicial.

Destacó la existencia de un proyecto de ley que busca que los jueces estén obligados a traducir todas sus decisiones a un lenguaje común para comunidades indígenas, raizales y demás grupos vulnerables.

Este martes se desarrolló en el Consejo de Estado una audiencia en el marco del Medio de Control de Inmunidad contra los decretos que reglamentan el pago de la bonificación judicial que reciben varios servidores de la rama jurisdiccional, de la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar.

La diligencia fue convocada por el magistrado oponente del caso, Juan Enrique Bedoya Escobar.

En concreto, se solicitó la anulidad de la expresión abro comillas y constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Cierro comillas.

Contenida en el artículo uno de los decretos mencionados, así como del artículo tercero, en cuanto dispuso abro comillas, ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatudido por las normas del presente decreto en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Cuarta de 1992.

Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

El Consejo de Estado negó el recurso que presentó la operadora del relleno sanitario de lo más grande en Montería para que se convocara una audiencia de alegatos de conclusión antes de decidir la apelación al fallo que ordenó el cierre definitivo del lugar.

La empresa buscaba que se aplicara una norma del Código General del Proceso que permite celebrar este tipo de diligencias antes de emitir fallo de segunda instancia.

Sin embargo, la Sala determinó que tratándose de acciones populares que se tramitan ante el contencioso administrativo, no se podrían aplicar en el lugar de la audiencia.