Democracy now!

¿Es inminente una invasión rusa de Ucrania? En el centro de esta catástrofe evitable está la preocupación de Rusia por la creciente amenaza militar estadounidense a un paso de sus fronteras. Desde la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos, a través de sus aliados de la OTAN, ha desplegado tropas y armamento en zonas cada vez más cercanas a Rusia, a pesar de la promesa que el secretario de Estado de Estados Unidos James Baker hizo al líder soviético Mikhail Gorbachev en 1990 de que Estados Unidos no se expandiría "ni un centímetro más hacia el este". En la actualidad, cerca de 100.000 soldados rusos están apostados a lo largo de la frontera con Ucrania y las Fuerzas Armadas ucranianas están en alerta máxima. Echando más leña al fuego, el presidente Biden ha puesto a 8.500 soldados estadounidenses en estado de máxima alerta para un potencial despliegue en la región y ha enviado armas a Ucrania. "Katrina vanden Heuvel, editora de la revista The Nation que escribe sobre Rusia hace treinta años, expresó a Democracy Now!: "Rusia - la Unión Soviética, en ese entonces - perdió 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Hay un miedo extendido, incluso en las generaciones más jóvenes, de quedar rodeados. Y, como saben, nosotros tuvimos nuestra doctrina Monroe. Tenemos nuestras esferas de influencia. ¿Qué pasaría si Rusia, de repente, decidiera desplegar soldados en México? Las fronteras son importantes, especialmente en la conciencia histórica de los rusos". "El papa Francisco dijo este miércoles: "Hoy les pido que oren por la paz en Ucrania". Haciendo referencia a la historia de Ucrania en el siglo XX, la máxima jerarquía de la Iglesia católica continuó: "Más de cinco millones de personas fueron aniquiladas durante la época de la última guerra. El pueblo ucraniano ha sufrido mucho, ha pasado hambre y sufrido muchas crueldades y merece la paz. […] ¡Por favor, nunca más guerra!". "Alrededor del 30% de los 50 millones de ciudadanos ucranianos son hablantes nativos de ruso, la mayoría originarios de la península de Crimea y de Dombás, una región situada al sureste del país, en la frontera con Rusia. Rusia anexó militarmente a Crimea en 2014, tras la erupción de las protestas conocidas como "Euromaidan", que tuvieron lugar en la plaza principal de Kiev y en otras ciudades del país y en las que los manifestantes exigían tener vínculos más estrechos con la Unión Europea. El debate nacional sobre si alinearse con el Este o con Occidente estalló en un conflicto militar. El enfrentamiento dejó cerca de 14.000 muertos y un millón y medio de personas desplazadas, y provocó que dos regiones de Dombás - Donetsk y Lugansk - declararan su independencia de Ucrania y se alinearan con Rusia. "Anatol Lieven, investigador principal del centro de estudios Quincy Institute for Responsible Statecraft, ofreció su análisis de la situación a Democracy Now!: "La crisis ha llegado a este punto debido al profundo descontento de Rusia con el avance de la OTAN hacia sus fronteras y la amenaza de que la OTAN integre a Ucrania como miembro de la organización, algo que Rusia ve con los mismos ojos con los que Estados Unidos ve la aparición de alianzas militares hostiles en América Central". "Se considera que la confrontación de Estados Unidos con la Unión Soviética durante el conflicto denominado "Crisis de los misiles de Cuba" de 1962 es lo más cerca que se ha estado de una guerra nuclear total. El entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, actuó de manera muy similar a la de Putin en la actualidad, implementando una política militar arriesgada para disuadir el despliegue de armas y tropas extranjeras a lo largo de la frontera nacional. "Además de la movilización de militares estadounidenses, tanto Estados Unidos como sus aliados de la OTAN están enviando buques con armas a Ucrania. William Hartung, también miembro del Quincy Institute for Responsible Statecraft, ha seguido durante mucho tiempo el crecimiento descontrolado del presupuesto del Pentágono y las ganancias de los fabricantes de armas que se benefician de la guerra. En conversación con Democracy Now!, Hartung expresó: "Estados Unidos ha enviado 2.700 millones de dólares en ayuda y entrenamiento militar a Ucrania desde 2014. El presidente Biden está hablando de un par de cientos de millones de dólares más. Y, sin dudas, seguirán aún más". "Estados Unidos, el país que más dinero destina a la OTAN, ha impuesto un compromiso de "inversión del 2% del PBI en Defensa" a los otros 29 países miembros de la OTAN, presionando a los países europeos para que aumenten sus gastos militares. La OTAN señala en su sitio web: "En 2014, tres aliados gastaron el 2% o más del PIB en Defensa; esto aumentó a 11 aliados en 2020 y la mayoría de los miembros de la organización han implementado planes a nivel nacional con el fin de cumplir con este objetivo para el 2024". Al respecto, Hartung agregó: "Las tensiones relacionadas con [Ucrania] presagian que los gastos militares y las adquisiciones de equipamiento militar se mantendrán altos". "Thich Nhat Hanh es uno de los activistas por la paz cuya voz se extrañará durante esta crisis. El legendario monje budista y líder espiritual murió la semana pasada en su país natal, Vietnam, a la edad de 95 años. "Considerado el fundador del denominado movimiento de "budismo comprometido", Thich Nhat Hanh se vio obligado a exiliarse de Vietnam en 1966 por oponerse a la guerra. En su libro "Vietnam: loto en un mar de fuego", escrito en 1967, Thich Nhat Hanh explicó cómo el movimiento de los jóvenes budistas estaba impulsando un mayor compromiso de las generaciones mayores. El renombrado activista escribió en dicho libro: "En la corriente de un río, no es el agua de adelante la que empuja al río, sino el agua de atrás la que actúa como fuerza motriz y empuja el agua de adelante". "Los medios estadounidenses ofrecen amplios espacios a analistas y políticos a favor de la guerra, tanto demócratas como republicanos, mientras que excluyen casi por completo a activistas por la paz de orientación progresista. Las congresistas Pramila Jayapal y Barbara Lee, referentes del ala progresista del Partido Demócrata, advirtieron al Gobierno de Biden que "no hay una solución militar" a la crisis. "Los movimientos populares deben exigir ya una vía diplomática para asegurar la paz, antes de que sea demasiado tarde y se desate la guerra."

Amy Goodman y Denis Moynihan La democracia estadounidense está en crisis, ya que los republicanos partidarios de Trump y de la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos intentan restringir o incluso eliminar el principio básico del sistema democrático de “una persona, un voto”. El expresidente Donald Trump está impulsando el declive de la democracia al esparcir la “Gran Mentira” de que Joe Biden le ganó las elecciones presidenciales de 2020 de forma fraudulenta. Innumerables auditorías, más de 60 presentaciones judiciales y secretarios de Estado tanto demócratas como republicanos confirmaron que el presidente Biden derrotó a Trump por más de siete millones de votos. Sin embargo, miembros en diversos puestos de poder dentro de la estructura del Partido Republicano —desde el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, hasta operadores políticos a nivel estatal y local— se han sumado también a las acusaciones infundadas de Trump. Cómplices de su Gran Mentira, estos republicanos están limitando la participación de votantes; promoviendo la manipulación partidista en la delimitación de los distritos electorales; y usando dinero de origen dudoso para asegurarse de obtener el poder y mantenerlo de manera indefinida, aun cuando el electorado del Partido Republicano se ha reducido. En la actualidad hay dos proyectos de ley en el Senado de Estados Unidos que pretenden frenar este camino hacia el autoritarismo: la Ley de Libertad de Voto y la Ley del Derecho al Voto John R. Lewis. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ya ha aprobado, estas legislaciones sobre los derechos electorales. Para la aprobación en el Senado, los senadores demócratas tendrán que superar primero el obstruccionismo republicano. La regla del obstruccionismo legislativo se ha utilizado durante mucho tiempo para bloquear leyes relacionadas con los derechos civiles en el Senado y ahora no es diferente. Según las reglas parlamentarias, se necesita una mayoría de 60 votos de los 100 que tiene el Senado para derrotar una medida obstruccionista, una barrera actualmente infranqueable debido a la cantidad de senadores que integran el Bloque Republicano. Los demócratas podrían recurrir a una anulación parcial o “exención” especial de la regla del obstruccionismo, que permitiría que los demócratas puedan aprobar estas legislaciones electorales por mayoría simple. Para ello se necesitaría el voto a favor de los 50 miembros del bloque demócrata del Senado y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris Sin embargo, tanto el senador Joe Manchin, de Virginia Occidental como la senadora Kyrsten Sinema, de Arizona —ambos miembros del sector conversador del Partido Demócrata— han anticipado que se opondrán a esa maniobra parlamentaria para eludir el obstruccionismo. En un importante discurso que pronunció el miércoles pasado en la ciudad de Atlanta, el presidente Biden abogó por la anulación temporal del obstruccionismo para promover estos proyectos de ley que protegen el derecho al voto: “¿Quieren estar del lado del Dr. [Martin Luther] King o de George Wallace? ¿Quieren estar del lado de John Lewis o de Bull Connor? ¿Quieren estar del lado de Abraham Lincoln o de Jefferson Davis?”. Bull Connor era un cruel supremacista blanco que se desempeñó como comisionado de seguridad pública de la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, durante la mayor parte de la era de la lucha por los derechos civiles. La referencia de Biden a Bull Connor evoca un artículo que Martin Luther King escribió en la revista The Nation en marzo de 1964, cuando los activistas presionaban por la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. En el artículo, Luther King escribió: “Como estaba previsto, el proyecto de ley sobrevivió de manera intacta en la Cámara de Representantes. Ahora pasó al Senado, donde se avecina una confrontación legislativa que recuerda a la lucha en Birmingham. Bull Connor se convirtió en un peso demasiado pesado para la conciencia de Birmingham. Hay hombres en el Senado que planean perpetuar las injusticias que Bull Connor defendió de manera tan vil. Las armas [de Connor] eran la manguera de alta presión, la porra y los perros rabiosos; el arma de [los senadores] es el obstruccionismo. Si Estados Unidos está tan harto de ellos como lo estaba de Bull Connor, saldremos victoriosos”. El ensayo de Martin Luther King salió a la luz cuatro meses después del asesinato del presidente Kennedy y nueve meses antes de que King recibiera el Premio Nobel de la Paz. “A 101 años de la [Proclamación de] Emancipación, no hacemos más que pedirles a los senadores que enfrenten el desafío del obstruccionismo en memoria de los héroes de Birmingham”, continuó King en ese artículo, invocando la poderosa memoria de las cuatro niñas afroestadounidenses que el 15 de septiembre de 1963 murieron a causa del ataque con bomba de índole racista contra la Iglesia Bautista de la Calle 16 de Birmingham, así como también el recuerdo de dos jóvenes más que fueron asesinados durante las protestas y disturbios que se sucedieron inmediatamente. King continuó: “El tributo más apropiado para las niñas de Birmingham sería que el Senado, por primera vez en la historia, derrote al obstruccionismo y vote en defensa de los derechos civiles. Las niñas muertas no resucitarán, pero los niños de hoy podrán tener un futuro. Los asesinos que aún andan por las calles seguirán impunes, pero al menos serán derrotados”. En esa ocasión, la estrategia obstruccionista finalmente fracasó y la Ley de Derechos Civiles se convirtió en ley, seguida por la formidable Ley de Derecho al Voto de 1965, o VRA, por sus siglas en inglés. La Ley de Derecho al Voto revolucionó la participación política de los afroestadounidenses en Estados Unidos, especialmente en el sur, y la derecha nunca dejó de atacarla. Dos fallos recientes de la Corte Suprema de Estados Unidos —el del “caso del condado de Shelby contra Holder” en 2013 y el del “caso Brnovich contra el Comité Nacional Demócrata” en 2021— socavaron piezas claves de la Ley de Derecho al Voto y desencadenaron una avalancha de maniobras de manipulación de los distritos electorales y de leyes diseñadas para reducir la participación electoral. Ello provocó que millones de votantes de centros urbanos de mayoría demócrata y de comunidades de color fueran privados de su derecho al voto. Cliff Albright —activista del estado de Georgia y cofundador de Black Voters Matter, una organización que defiende los derechos electorales de la comunidad afroestadounidense— habló el viernes con Democracy Now! desde la ciudad de Atlanta: “Frederick Douglass nos dijo hace mucho tiempo: 'El poder no concede nada si no se le exige'”. En el que sería el cumpleaños número 93 de Martin Luther King, es hora de exigir que el Senado de Estados Unidos anule la regla racista del obstruccionismo y apruebe legislaciones significativas que protejan los derechos electorales de los estadounidenses.

Amy Goodman y Denis Moynihan Al cumplirse un año de la insurrección que tuvo lugar el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, cuando el expresidente Donald Trump incitó a miles de sus simpatizantes a irrumpir violentamente en el Capitolio con la intención de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, las amenazas a la democracia continúan en el centro de la escena. Mientras el Partido Republicano se sume en el culto de Trump, activistas progresistas de todo el país luchan para ampliar los derechos electorales y garantizar el desarrollo de elecciones libres y justas. Uno de los principales baluartes de la democracia es la libertad de prensa. Lamentablemente, con la persecución que está llevando a cabo en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange, el Gobierno de Biden está liderando el ataque contra el periodismo y fortaleciendo a los aspirantes a autócratas de todo el mundo. Julian Assange es el fundador y editor de Wikileaks, un sitio web pionero al servicio de la transparencia. Wikileaks expuso los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán, así como también sus prácticas de tortura en Guantánamo y otros abusos de poder, al publicar miles de documentos militares y gubernamentales secretos estadounidenses que los principales medios de noticias de diversas partes del mundo —incluidos los periódicos The New York Times, The Washington Post y The Guardian— utilizaron como base para publicar reportajes que luego fueron ampliamente galardonados. Mientras lucha contra el intento del Gobierno de Estados Unidos de extraditarlo por cargos de espionaje y hackeo de información, Assange se encuentra encerrado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, que ha sido descrita como la “versión británica de la prisión de la bahía de Guantánamo”. Si es extraditado, el fundador de Wikileaks podría enfrentar una condena de hasta 175 años de prisión. Este miércoles se cumplieron 1.000 días de reclusión de Julian Assange en Belmarsh y un grupo de activistas se congregó frente a la prisión para conmemorar la fecha y exigir su liberación. Antes de ser recluido en Belmarsh, Assange pasó casi siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, en calidad de asilado político. Entre los manifestantes se encontraba Stella Moris, pareja de Assange y madre de sus dos hijos menores. Como parte de su campaña por la liberación de Assange, Moris concurrió a la cumbre contra el cambio climático que se desarrolló en noviembre en Glasgow. En esa ocasión dijo a Democracy Now!: “Realmente todo esto ha comenzado a afectarlo. Cada día es una lucha para él. No se vislumbra un final. Esta [situación] puede continuar así durante años”. Stella Moris anunció la vigilia de protesta por los 1.000 días de encarcelamiento de Assange en un tuit que incluye una grabación de audio supuestamente realizada dentro de la celda de la prisión de Belmarsh donde está recluido Assange. En dicha grabación, los gritos de los reclusos, los ladridos de los perros guardianes y el sonido incesante de puertas de metal que se abren y cierran pintan una imagen cruda de las duras condiciones que se viven dentro de Belmarsh. En su conversación con Democracy Now!, Stella Moris agregó: “El relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura ha dicho que Julian está siendo torturado psicológicamente. Su salud física se ha deteriorado muchísimo. Lo están matando. Si muere, es porque lo mataron. Lo están torturando hasta la muerte”. Stella Moris reveló recientemente que Julian Assange sufrió un pequeño accidente cerebrovascular en prisión el 27 de octubre, el primer día de su audiencia de apelación ante el Tribunal Superior de Londres. Ese tribunal finalmente falló a favor del Gobierno estadounidense para que Assange pueda ser extraditado. Assange está actualmente solicitando permiso a ese mismo tribunal para apelar el fallo ante la Corte Suprema del Reino Unido. Las amenazas a periodistas y trabajadores de los medios en todo el mundo han ido en aumento. El Comité para la Protección de los Periodistas declaró que, al 8 de diciembre, 24 periodistas habían sido asesinados en el cumplimiento de su deber en 2021 y se cree que otras ocho muertes estuvieron relacionadas con el trabajo periodístico. Asimismo, 293 periodistas fueron encarcelados durante 2021, lo que constituye una cifra récord. El 9 de diciembre pasado, el presidente Joe Biden inauguró la “Cumbre por la Democracia”, organizada por la Casa Blanca, con las siguientes palabras: “Medios de comunicación libres e independientes. Esa es la base de la democracia. Así es como la población se mantiene informada y como los Gobiernos rinden cuenta de sus actos. En todo el mundo, la libertad de prensa está amenazada”. Las palabras del presidente Biden son ciertas, pero suenan huecas, ya que su Departamento de Justicia busca encerrar en prisión a Julian Assange de por vida, por el simple hecho de desempeñar justamente las funciones de la prensa libre que Biden elogia. Refiriéndose a los periodistas María Ressa, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, quienes fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2021 por los valientes informes que llevaron a cabo mientras estaban bajo la amenaza de sus Gobiernos, el director ejecutivo adjunto del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Robert Mahoney, dijo el 10 de diciembre: “El mismo día que se honra a los periodistas con el Premio Nobel de la Paz, un tribunal del Reino Unido dictamina que Estados Unidos puede extraditar a Julian Assange, un fallo que daña gravemente al periodismo. […] La obstinada persecución del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el fundador de WikiLeaks ha sentado un precedente legal dañino para la prensa […]. Esta semana, en su Cumbre por la Democracia, el Gobierno de Biden se comprometió a apoyar al periodismo. Para ello, podría comenzar por eliminar la amenaza que ahora enfrentan los periodistas de investigación de todas partes del mundo de ser juzgados según la Ley de Espionaje”. Una coalición de 24 organizaciones internacionales —incluidas Human Rights Watch, la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, Freedom of the Press Foundation, PEN America y Reporteros sin Fronteras— instaron al Gobierno de Biden a detener el juicio contra Assange, afirmando que este “amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es la conducta de muchos periodistas en su día a día, y la que deben adoptar para poder hacer el trabajo que la ciudadanía necesita que hagan”. La democracia está bajo ataque. El presidente Biden debe cumplir con su promesa de apoyar la libertad de prensa, que actualmente se necesita más que nunca, y abandonar la persecución contra Julian Assange.

Amy Goodman y Denis Moynihan El arzobispo Desmond Tutu murió el día después de Navidad a la edad de 90 años. Galardonado con el Premio Nobel de la Paz, el arzobispo sudafricano fue uno de los líderes de la lucha contra el apartheid, el brutal sistema de segregación racial que se instauró en Sudáfrica hasta 1992. Después de la histórica caída del apartheid y de que Nelson Mandela fuera elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994, Tutu presidió la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, donde abogó por la justicia restaurativa en lugar de la retribución. Posteriormente, Tutu continuó denunciando las injusticias y manifestándose alrededor del mundo en defensa de la justicia, la paz, la igualdad de derechos de las mujeres y de las personas homosexuales, así como también en solidaridad con el pueblo palestino, ente otras causas sociales. Nacido en Sudáfrica en 1931, Tutu creció bajo leyes racistas impuestas durante siglos de colonialismo. En 1948, el Partido Nacional —un partido político extremista y defensor de la supremacía blanca— ganó por amplia mayoría las elecciones nacionales que se llevaron a cabo ese año e instituyó el régimen del apartheid en el país. Cuando era estudiante universitario a principios de la década de 1950, Tutu conoció a Nelson Mandela. Ambos recién volverían a reunirse unos 40 años más tarde, luego de que Mandela pasara 27 años en prisión. Tutu se convirtió en sacerdote de la Iglesia anglicana y rápidamente ascendió posiciones en el clero. Presidió el Consejo de Iglesias de Sudáfrica y lo transformó en una importante organización de derechos humanos. El arzobispo también movilizó a la comunidad nacional e internacional en contra del apartheid, e impulsó el boicot económico internacional contra el Gobierno de Sudáfrica. Al testificar ante el Congreso de Estados Unidos en 1984, Tutu denunció el apoyo del Gobierno del expresidente Ronald Reagan al Gobierno de Sudáfrica: “En mi opinión, el apartheid es un [sistema] tan perverso, inmoral y anticristiano como el nazismo. Por tanto, el apoyo y la colaboración del Gobierno de Reagan [hacia ese sistema] es igualmente inmoral, perverso y totalmente anticristiano “. Poco después, ese mismo año, el Arzobispo Tutu recibió el Premio Nobel de la Paz. En la Conferencia Mundial contra el Racismo celebrada en 2001 en la ciudad de Durban, Sudáfrica, Tutu habló sobre la importancia de la acción de los movimientos populares de Estados Unidos para revertir el apoyo de Reagan al régimen de segregación racial. Tutu expresó: “Los Gobiernos no siempre representan a sus pueblos. Intentamos persuadir al Gobierno de Reagan para que imponga sanciones contra Sudáfrica. Y la Casa Blanca comandada por Reagan se opuso firmemente a eso. Apelamos entonces al pueblo [estadounidense]. Y su respuesta fue fantástica. Como resultado, se logró cambiar el clima predominante en relación con el apartheid en Estados Unidos. No solo hicieron que se aprobara la legislación contra el apartheid, sino que también lograron anular el veto presidencial”. El arzobispo Tutu se refería al veto de Reagan a la Ley Integral contra el Apartheid (The Comprehensive Anti-Apartheid Act) de 1986, que había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos por abrumadora mayoría. El Senado, que en ese entonces estaba controlado por los republicanos, anuló el veto de Reagan con una votación de 78 votos a favor y 21 en contra. En 2007, en un discurso que pronunció en la iglesia Old South Church de la ciudad de Boston, Tutu expresó: “El régimen del apartheid fue derrotado, como siempre pasa con los opresores, porque es una regla del universo moral. El bien y el mal no son lo mismo. No puede ser que el mal, la injusticia y la opresión tengan la última palabra. No. La bondad, la justicia y la libertad finalmente prevalecerán”. El arzobispo pronunció ese discurso en Boston poco después de que la Universidad de Santo Tomás (St. Thomas University), del estado de Minesota, le retirara la invitación que le había hecho para hablar en un evento debido a la inquebrantable solidaridad demostrada por Tutu hacia los palestinos. Ante las duras críticas de la opinión pública, la universidad católica dio marcha atrás y emitió a Tutu una disculpa y una nueva invitación. Durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now! en 2008, Tutu se explayó sobre su posición con respecto a Israel y Palestina. El arzobispo contó que, durante una visita a la región, Israel le impidió ingresar a Gaza: “Ver esos controles de seguridad y la arrogancia de esos jóvenes soldados me recordó el tipo de experiencias que sufríamos en Sudáfrica. Cuando era obispo de Johannesburgo y viajaba en automóvil con mi esposa desde el centro de la ciudad hasta el suburbio de Soweto, donde vivíamos, teníamos que atravesar un muro y presentar permisos para poder movernos libremente en nuestra tierra natal. Ese extraordinario muro [entre Israel y Palestina] me hizo recordar nuestras experiencias en Sudáfrica”. En su obra autobiográfica “Un largo camino hacia la libertad”, Nelson Mandela escribe que Tutu “luchó desinteresadamente contra el mal del racismo durante los días más terribles del apartheid”. En dicho libro, Mandela describe también la reunión que mantuvo con Tutu tras ser liberado de la prisión: “Cuando saludé al arzobispo Tutu, le di un gran abrazo; tenía frente a mí a un hombre que había inspirado a toda una nación con sus palabras y con su coraje, que había revivido la esperanza de la gente durante los tiempos más oscuros”. Nos encontramos nuevamente ante tiempos oscuros: el autoritarismo está en aumento, la desigualdad económica es cada vez mayor, hay un apartheid de las vacunas en plena pandemia y la emergencia climática se ha agravado. En un discurso pronunciado ante jóvenes activistas durante la cumbre contra el cambio climático de las Naciones Unidas que se celebró en la ciudad danesa de Copenhague en 2009, Tutu dijo: “Se equivocan los que piensan que los ricos van a salvarse —ja ja ja—: o nadamos todos juntos o nos hundimos todos juntos”. Además de sus características carcajadas, en su ejemplar arenga de resistencia, Tutu también prodigó expresiones de alegría y compasión: “Tenemos un solo mundo y queremos dejarle a esta preciosa y maravillosa generación joven un mundo maravilloso. Nosotros, los veteranos, queremos dejarles un mundo hermoso. Es una cuestión moral. Es una cuestión de justicia”.

Amy Goodman y Denis Moynihan “Nadie veía venir esto. Nadie en todo el mundo. ¿Quién lo vio venir?”. El presidente Joe Biden utilizó estas palabras para referirse a la irrupción de la variante ómicron del Covid-19 en una entrevista concedida el miércoles a la cadena de noticias ABC. De hecho, mucha gente la vio venir. Especialistas de la salud y activistas de todo el mundo han estado advirtiendo durante más de un año que mientras gran parte de la población mundial permanezca sin vacunarse, es seguro que variantes más agresivas del virus persistan y se desarrollen. Mientras comenzamos a transitar el tercer año de la pandemia, ya se cuentan más de 277 millones de casos y 5,4 millones de muertes en todo el mundo. La variante ómicron se está propagando a una velocidad sin precedentes. Incluso las personas completamente vacunadas y con dosis de refuerzo se están contagiando. Aun así, la vacunación sigue siendo la mejor forma de evitar caer gravemente enfermos o morir a causa de la COVID-19. Sin embargo, las vacunas siguen fuera del alcance de gran parte de la población mundial. Muchas de las vacunas y tratamientos efectivos se desarrollaron gracias al dinero de los impuestos que pagan los contribuyentes, al trabajo de científicos de instituciones de salud pública y a otros recursos públicos. No obstante, las corporaciones farmacéuticas sacan un rédito exorbitante por la venta de estos productos fundamentales para salvar vidas y retienen las fórmulas de las vacunas mientras millones continúan enfermándose y muriendo. La codicia no debería determinar el curso de esta pandemia. “Ninguna empresa, por muy poderosa que sea, debería poder dictar quién vive y quién muere, o ejercer una influencia tan grande que determine si la economía mundial prospera o se paraliza. Pero Moderna está haciendo precisamente eso”, afirmó Diana Kearney, asesora legal y de defensa de los accionistas de la organización Oxfam America. Kearney hizo estas afirmaciones en un comunicado que acompaña la demanda que presentó Oxfam esta semana ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC, por sus siglas en inglés. El argumento central de la demanda presentada por Oxfam ante la SEC es una disputa que existe entre Moderna y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. En julio, Moderna presentó una solicitud de patente para la vacuna contra la Covid-19 que solo menciona a los científicos que trabajan para la empresa, pero los Institutos Nacionales de Salud alegan que tres de sus propios científicos —John Mascola, Barney Graham y Kizzmekia Corbett—, financiados con fondos públicos, desempeñaron un papel clave en el descubrimiento de la vacuna. Si el Gobierno de Estados Unidos logra demostrar que tiene derechos sobre la patente, Moderna perdería cierto control sobre cómo se fabrica y distribuye la vacuna. Oxfam compró acciones de Moderna y, por lo tanto, tiene derechos de accionista. Como empresa que cotiza en bolsa, Moderna debe presentar documentos exhaustivos a la SEC e informar a sus inversores y a la población sobre las finanzas de la empresa, además de explicar los riesgos a los que se enfrenta. En su demanda, Oxfam alega que Moderna ha estado mintiendo sobre la gravedad del conflicto de patentes que tiene con los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y está ocultando un proceso legal pendiente que podría causar una caída significativa en el precio de sus acciones. El uso estratégico del derecho bursátil por parte de Oxfam es parte de una estrategia más amplia para lograr la equidad en el acceso a las vacunas. Se trata de la Alianza Vacunas para el Pueblo, una coalición mundial que reclama que el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19 sea considerado como un bien común, y que estas sean distribuidas de manera justa a todos, en todas partes y de forma gratuita. Achal Prabhala, coordinador de AccessIBSA, una organización que promueve el acceso a medicamentos en India, Brasil y Sudáfrica, es uno de los referentes clave de la campaña. En conversación con Democracy Now!, Prabhala expresó: “A menos que algo cambie drásticamente en el suministro de vacunas, estamos condenados a repetir estos terribles ciclos de olas, contagios e incertidumbre”. Prabhala es coautor de un reciente informe de AccessIBSA y Médicos sin Fronteras, donde se precisa que existen más de 120 fabricantes en Asia, África y América Latina con los requisitos técnicos y los estándares de calidad necesarios para fabricar una vacuna de ARNm. Al respecto, Prabhala explicó: “Si la tecnología de ARNm que Pfizer, BioNTech y Moderna han desarrollado e implementado… se compartiera con cierto número de estas 120 empresas, podríamos vacunar al mundo en aproximadamente seis meses. No es teórico. De hecho, se basa en un modelo de asociación que empresas como Moderna tienen con fabricantes muy similares, excepto que están ubicados en España en lugar de Bangladesh, Senegal o Túnez”. Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, más de dos tercios de las personas en países de altos ingresos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que en los países de bajos ingresos, menos de una décima parte de la población ha recibido una dosis. Todavía hay países, principalmente en África, donde la tasa de vacunación es igual o menor al uno por ciento. Prabhala afirmó: “[El levantamiento de las restricciones de las patentes] reduce el dominio de Moderna, Pfizer y BioNTech sobre estas vacunas y socava las exorbitantes decenas de miles de millones de dólares de ganancias e ingresos que pueden obtener vendiéndoles las vacunas a los países pobres en los próximos años, una vez que hayan terminado con los países ricos”. Achal ofrece una solución: “El presidente Biden puede llevar a Moderna a la Casa Blanca, sentar a sus ejecutivos a la mesa, decirles que tenemos leyes que pueden obligarlos a hacer lo que les pedimos que hagan, pero que preferimos que simplemente lo hagan, encontrarle la vuelta al acuerdo y luego dar por cerrado el asunto y atribuirse el mérito de vacunar al mundo”. Vacunar al mundo es la forma de salir de esta pandemia. Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo.

Amy Goodman y Denis Moynihan En Estados Unidos, una serie de tornados devastadores azotaron Kentucky y los estados vecinos el viernes por la noche. La mega tormenta, llamada “de supercélulas”, recorrió más de 320 kilómetros y dejó muerte y destrucción a su paso. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos había estado emitiendo advertencias y alertas de condiciones climáticas extremas durante más de 36 horas. En la fábrica de velas Mayfield Consumer Products, los trabajadores del turno de la noche estaban asustados. Si bien el dueño de la empresa lo desmiente, la cadena NBC News informó que los supervisores amenazaron a los trabajadores con que iban a ser despedidos si se retiraban más temprano de lo habitual para buscar refugio en otro lugar. Ocho trabajadores murieron y varios resultaron heridos cuando un gran tornado de fuerza EF4 arrasó las instalaciones de la fábrica. En el estado de Illinois, seis trabajadores de un centro de distribución de Amazon perdieron la vida tras el derrumbe parcial del edificio. El número total de muertes en seis estados del país ha ascendido a 90. Los daños materiales y la pérdida de vidas a causa de esta tormenta es otro síntoma más de cómo nuestra adicción a los combustibles fósiles continúa calentando el planeta y generando desastres. La directora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos, Deanne Criswell, dijo a la cadena de noticias CNN: “La severidad y la cantidad de tiempo que estos tornados permanecieron en tierra no tienen precedentes. […] Esta será nuestra nueva normalidad. Los efectos que estamos viendo del cambio climático son la crisis de nuestra generación”. Michael Mann, director del Centro de Ciencias del Sistema Terrestre de la Universidad del Estado de Pensilvania, reforzó ese último punto durante una entrevista que mantuvo con Democracy Now!: “Lo que ocurrió no fue un desastre natural. Fue un desastre impulsado por el cambio climático causado por los humanos. Se registraron vientos de más de 480 kilómetros por hora. Se encontraron escombros a más de 9.100 metros de altura en la atmósfera y el tornado recorrió una distancia de unos 320 kilómetros, algo que nunca antes habíamos visto”. Mientras el presidente Biden visitaba la ciudad de Mayfield este miércoles, una enorme tormenta de viento se desplazó desde las Montañas Rocosas hasta los estados de las Llanuras, envolviendo a los viajeros en nubes de polvo que los dejaron sin visibilidad y provocaron que varios camiones volcaran sus acoplados en medio de la ruta. Las altas temperaturas récord que se registraron en varios estados exacerbaron la potencia de la tormenta, que dejó a medio millón de personas sin electricidad y causó tornados en el estado de Minesota, un fenómeno meteorológico que nunca antes se habían registrado en diciembre en ese estado. Mientras tanto, a unos 13.000 kilómetros de distancia, en Kampala, la ciudad capital de Uganda, la activista Vanessa Nakate está al frente de la lucha por la justicia climática. Nakate fundó el movimiento Youth for Future Africa después de participar en el movimiento de huelgas estudiantiles por el clima Fridays for Future, liderado por la joven activista ambiental sueca Greta Thunberg. Durante el Foro Económico Mundial de Davos que se desarrolló en enero de 2020 en Suiza, Vanessa posó junto a Greta y otras jóvenes activistas contra el cambio climático, pero la foto que se publicó en la prensa solo incluyó a las cuatro adolescentes blancas, dejando afuera a Vanessa. La agencia de noticias Associated Press afirmó que una casa que aparecía detrás de Vanessa hizo que ese lado de la foto quedara abarrotado y se tuviera que recortar, pero Nakate lo tomó como un ejemplo más del racismo profundamente interconectado con la crisis climática. El título del nuevo libro de Nakate, “A Bigger Picture: My Fight to Bring a New African Voice to the Climate Crisis” (Un panorama más amplio: mi lucha por hacer oír una nueva voz africana frente a la crisis climática) está inspirado en ese incidente. “Por primera vez en mi vida entendí la definición de la palabra 'racismo'”, explicó Vanessa en un video publicado en redes sociales, y agregó en Democracy Now!: “África es el continente con menos emisiones de dióxido de carbono, pero somos los más afectados por la crisis climática. Eliminar nuestras voces no cambiará nada. Muchos creen que nuestras voces están ausentes, pero no estamos ausentes. Simplemente no nos escuchan”. La trayectoria de Vanessa como activista ha sido meteórica. Pasó de organizar una pequeña protesta en Kampala en enero de 2019 con cinco hermanos y primos a hablar ante 100.000 activistas en la gran manifestación que se llevó a cabo en la ciudad de Glasgow en noviembre en el marco de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático. Su libro no es solo una arenga apasionada por la acción climática, sino también una guía práctica sobre cómo el movimiento por la justicia climática puede y debe aunar las voces de los más afectados por la emergencia generada por el cambio climático. En su libro, en las redes sociales y en sus discursos públicos, Vanessa Nakate amplifica los nombres y las voces de otros jóvenes activistas africanos contra el cambio climático, revelando un sector vibrante pero en gran parte ignorado del movimiento. En su entrevista con Democracy Now!, Vanessa afirmó: “No podemos tener justicia climática si las voces de las comunidades más afectadas son continuamente acalladas. No se trata solo de borrar mi historia o mi experiencia; se borra, literalmente, la existencia de las dificultades que atraviesa mi país y los problemas que enfrentamos las personas que vivimos allí debido a la crisis climática”. Un fracaso clave de las conversaciones sobre cambio climático de las Naciones Unidas sobre el que escribe Vanessa ha sido el incumplimiento por parte de los países ricos de la promesa de crear un fondo de 100.000 millones de dólares al año para ayudar a las naciones más pobres a adaptarse al cambio climático y a construir economías basadas en el uso de las energías renovables. El profesor Michael Mann coincide con Nakate al respecto: “No queremos que [los países en vías de desarrollo] impulsen su desarrollo económico a través del uso de los combustibles fósiles. No podemos permitirnos que eso suceda. Por tanto, tenemos que proporcionarles el financiamiento y los recursos para desarrollar tecnologías de energía limpia. Eso significa que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países industrializados deben apostar y liderar el esfuerzo para que eso suceda”. La emergencia climática está generando catástrofes en todas partes del mundo, desde tornados en Kentucky hasta inundaciones en Uganda. Detener el cambio climático irreversible es aún posible, pero solo si se toman medidas urgentes y coordinadas que nos incluyan a todos.

Amy Goodman y Denis Moynihan “Debemos evitar la adquisición de una influencia injustificada, sea o no buscada, por parte del complejo industrial-militar”. – Presidente Dwight Eisenhower, 1961 Ante la presión de los grupos de interés asentados en Washington, DC, el plan de estímulo económico Reconstruir Mejor del presidente Joe Biden, que preveía un gasto de 3,5 billones de dólares a lo largo de diez años, se redujo a un desembolso de 1,75 billones de dólares. Sin embargo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó, sin mayores reparos y en un clima de armonía bipartidista, un cuantioso presupuesto anual de Defensa de 768.000 millones de dólares. Eso equivale a unos ocho billones de dólares durante diez años, un monto significativamente más grande que el asignado para la ley Reconstruir Mejor. La Ley de Autorización de Defensa Nacional está ahora en el Senado, donde se están impulsando enmiendas de gastos adicionales para esta legislación considerada “imprescindible”. Si los presupuestos son un indicador de los valores de una sociedad, está claro entonces lo que es importante para Estados Unidos: las armas y la guerra. El presupuesto del Pentágono aprobado en la Cámara de Representantes supera por 24.000 millones de dólares el monto solicitado por el Gobierno de Biden y, según el medio Político, es “un paso clave para deshacerse de armas obsoletas y ayudar al Pentágono a transitar hacia las llamadas tecnologías armamentistas emergentes”. El complejo industrial-militar seguramente estará muy satisfecho con esta noticia. Abundan en los medios informes sobre armamento de alta tecnología que Rusia, China y otros supuestos adversarios están probando y desplegando. Rusia acaba de probar un misil destructor de satélites, que logró impactar de forma directa en uno de sus satélites en desuso. Según se informa, China hizo una prueba de un misil “hipersónico” capaz de lanzar un ataque nuclear sorpresivo y preventivo contra Estados Unidos. “Estados Unidos gasta [en armamento] diez veces más que Rusia y aproximadamente tres veces más que China”, expresó en Democracy Now! William Hartung, director del Proyecto Armas y Seguridad del Centro de Política Internacional. Hartung es autor de un reciente informe titulado “Arming Repression: U.S. Military Support for Saudi Arabia, from Trump to Biden” (Armas para reprimir: el apoyo militar de Estados Unidos a Arabia Saudí, de Trump a Biden).También ha escrito el libro “Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military-Industrial Complex” (Los profetas de la guerra: Lockheed Martin y la creación del complejo industrial-militar). En su conversación con Democracy Now!, Hartung continuó: “[Estados Unidos] tiene 13 veces más ojivas nucleares activas en su arsenal que China. Contamos con once portaaviones de un tipo que China no tiene. Tenemos 800 bases militares estadounidenses en todo el mundo, mientras que China tiene tres. Por tanto, la idea de que China y Rusia son amenazas militares para Estados Unidos es principalmente un invento para aumentar el presupuesto militar del país. Hasta ahora, desafortunadamente —al menos en los pasillos del Congreso y en el entorno del Gobierno de Biden— ese relato ha tenido éxito”. El presupuesto militar incluye un monto jamás solicitado hasta la fecha para la investigación de nuevos sistemas de armamento, la guerra cibernética, la inteligencia artificial y el desarrollo de robots asesinos. Steve Goose, director de la división de armas de la organización Human Rights Watch y cofundador de la Campaña para detener a los robots asesinos, una coalición de organizaciones no gubernamentales que busca detener el uso de estos robots, expresó en Democracy Now!: “Los robots asesinos son cosa del futuro, pero no del futuro lejano. [En estas armas] no es el ser humano quien decide a qué apuntar y cuándo apretar el gatillo; es el propio sistema armado el que lo hace a través de la inteligencia artificial, los sensores y los algoritmos. No se trata solo de un nuevo tipo de arma; es una nueva forma de guerra, que no será precisamente agradable para la humanidad”. Las Naciones Unidas celebrará la semana próxima en la ciudad de Ginebra una conferencia sobre armas convencionales en la que se debatirá sobre las normas que regirán el uso de los robots asesinos. Sobre la postura que Estados Unidos tiene sobre este tema, Steve Goose afirma: “[Estados Unidos] rechaza que se dispongan prohibiciones o restricciones respecto al desarrollo y la adquisición de armas totalmente autónomas”. En una conferencia que se llevó a cabo esta semana, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, expresó: “El país que domine la inteligencia artificial, la integre en las operaciones militares y la combine con la robótica va a tener una ventaja extraordinaria”. Y agregó: “Nuestra capacidad para efectuar disparos de largo alcance con precisión no tiene precedentes. Podemos atacar en cualquier parte del mundo, con niveles muy refinados de precisión”. Lamentablemente, las constantes afirmaciones del Pentágono y sus adeptos acerca de las armas de precisión, las llamadas “bombas inteligentes”, han demostrado ser falsas una y otra vez en todo el mundo. Así lo indican los cadáveres de civiles muertos por armamento estadounidense, deshumanizados y calificados como “daños colaterales”. El periódico The New York Times informó recientemente sobre un ataque aéreo ocurrido en marzo de 2019 en la ciudad siria de Baghuz, que inicialmente se dijo que tenía como objetivo a combatientes del Estado Islámico. En esa ocasión, se lanzó una bomba de 226 kilos sobre una reunión en la que participaban mujeres y niños. Minutos después, los sobrevivientes fueron atacados con dos bombas de 907 kilos cada una. El ataque, ordenado por una unidad de operaciones especiales secreta conocida como Task Force 9, provocó la muerte de al menos 80 personas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha ordenado una investigación exhaustiva sobre el ataque. Airwars —una organización sin fines de lucro que hace un seguimiento de las acciones militares y los daños que ocasionan a la población civil en zonas de conflicto como Siria, Irak y Yemen— ha registrado casi 60.000 muertes de civiles en los últimos 15 años, una cifra que solo contabiliza los ataques aéreos reportados de manera oficial. Después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara esta semana la Ley de Autorización de Defensa Nacional, el recientemente electo congresista de Nueva York Jamaal Bowman, miembro del ala progresista del Partido Demócrata, publicó en Twitter: “En una votación de 363 votos a favor y 70 en contra, la Cámara de Representantes acaba de aprobar fácilmente 770.000 millones de dólares para el Pentágono. Es asombroso lo rápido que el Congreso aprueba fondos relacionados con las armas, pero no podemos lograr que apruebe fondos para garantizar el acceso a la vivienda, la atención médica y la justicia para nuestros veteranos, ni invertir en programas sólidos de empleo para distritos como el mío”. ¿Reconstruir mejor o construir más bombas? La elección es clara.

Amy Goodman y Denis Moynihan Wampanoag, Massachusett, Nipmuc, Mohegan, Pequot, Narragansett, Passamaquoddy, Miꞌkmaq. Estos son solo algunos de los pueblos originarios que conforman lo que actualmente se denomina Nueva Inglaterra, región donde se celebró la primera cena de Acción de Gracias hace 400 años, en el otoño boreal de 1621. El mito de esa comida compartida se ha ido transformando a lo largo de los siglos, hasta convertirse en una representación de la amistad y la cooperación entre los colonos ingleses que se asentaron en la ciudad de Plymouth, en el estado de Massachusetts, y los miembros de la tribu Wampanoag que habían estado allí durante al menos 10.000 años. Si bien ese encuentro fue pacífico, en el mejor de los casos fue una tregua simbólica en el curso del genocidio que los colonos europeos estaban llevando a cabo contra las poblaciones nativas. Mientras las familias estadounidenses se reúnen en todo el país para celebrar el Día de Acción de Gracias de 2021, las comunidades indígenas que han sobrevivido a siglos de violencia, desplazamiento y racismo sistémico continúan en pie de lucha, defendiendo la tierra, el agua y su propia existencia. Esos primeros 100 colonos, popularmente conocidos como “peregrinos”, llegaron al territorio del pueblo Wampanoag en 1620. Después de atravesar el primer invierno, asolados por las enfermedades y el hambre, el número de esos colonos se redujo a 54. Los indígenas acudieron en su ayuda y les enseñaron a cultivar los productos locales. Llegado el momento de la cosecha, los colonos lograron almacenar suficiente comida para sobrevivir el siguiente invierno y organizaron un banquete para celebrarlo. Mientras tanto, los Wampanoag acababan de sufrir una epidemia que había durado varios años y diezmado a varias poblaciones nativas de la región, por lo que, según creen los historiadores, la tribu buscó una asociación estratégica con los colonos. En ese entonces, el rey Jacobo I de Inglaterra fomentaba el proceso de colonización e incluso afirmaba que la epidemia mortal que había sufrido el pueblo Wampanoag había resultado beneficiosa. En una proclama emitida en 1620, el rey Jacobo calificó a esa epidemia como una “peste maravillosa” que había provocado “la destrucción, la devastación y el despoblamiento de todo ese territorio”. El historiador Bernard Bailyn, fallecido el año pasado a la edad de 97 años, describió a esa época como “los años bárbaros”, ya que los llamados “peregrinos” cometían masacres y montaban campañas militares cada vez más crueles contra las comunidades nativas para quedarse con sus tierras. Luego del rey Jacobo I, otros líderes se expresaron sobre el genocidio en curso de una manera más diplomática e implementaron iniciativas coloniales como la denominada “Destino Manifiesto” y la Ley de Reorganización Indígena de 1934 que cimentaron el sistema moderno que promueve el empobrecimiento y abandono de las reservas indígenas. Uno de los reclamos que enumeró la Declaración de Independencia de Estados Unidos contra el rey Jorge III fue su apoyo a los supuestos ataques que “indios salvajes y despiadados” perpetraban contra los colonos. Desde 1777 hasta 1868, Estados Unidos firmó al menos 368 tratados con naciones originarias y no cumplió con ninguno de ellos. Canadá tiene un historial similar en ese sentido. Las comunidades indígenas de ambos países no han dejado de exigir que se respeten esos tratados y la soberanía de los pueblos nativos. En noviembre de 1969, un grupo de activistas indígenas estadounidenses ocupó la prisión federal de la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco, que estaba cerrada y abandonada, y emitió un manifiesto de carácter sarcástico. En esa proclama, los activistas “exigían” que Alcatraz se convirtiera en una reserva, ya que tenía todas las características de una: estaba aislada; no contaba con sistema de agua corriente ni saneamiento; no había acceso a la atención médica, a la educación ni al empleo; y sus ocupantes serían tratados como prisioneros. La ocupación duró 19 meses, involucró a miles de personas e inspiró a los pueblos indígenas de América del Norte a exigir justicia. Posteriormente, en 1973, un grupo de activistas del recién fundado Movimiento Indígena Estadounidense tomó el control de Wounded Knee, una pequeña localidad situada en la reserva indígena de Pine Ridge, en el estado de Dakota del Sur. La ocupación impulsó la solidaridad internacional por los derechos indígenas. En 2016, la resistencia indígena llegó a la primera plana de los medios mundiales cuando las tribus Lakota y Dakota establecieron campamentos en la reserva Standing Rock para oponer resistencia a la construcción del oleoducto Dakota Access. Luego de que la empresa propietaria del oleoducto, Energy Transfer Partners, atacara a golpes a los defensores indígenas del agua y azuzara perros contra ellos, el número de ocupantes de los campamentos aumentó de manera drástica a más de 10.000 personas, entre las que se contaban representantes de más de 200 naciones y tribus indígenas. El oleoducto finalmente se construyó, pero había surgido una nueva era de resistencia indígena. En la actualidad se están construyendo varios oleoductos para transportar el petróleo extraído de las arenas bituminosas del oeste de Canadá, lo que implica el traslado del combustible fósil más contaminante del mundo a través de territorios indígenas y ecosistemas frágiles. La resistencia liderada por indígenas contra el oleoducto Línea 3 de la empresa Enbridge en el norte del estado de Minesota lleva varios años en curso. La líder de la tribu Anishinaabe, Winona LaDuke, ha estado en la primera línea de esa resistencia. LaDuke criticó al presidente Joe Biden por no tomar ninguna medida contra la construcción de la Línea 3 de Enbridge. En una entrevista con Democracy Now!, la activista se refirió a la decisión de Biden de designar a Deb Haaland como Secretaria del Interior, la primera persona indígena en ocupar un cargo en un gabinete presidencial de Estados Unidos: “Joe, no designes en tu gabinete a personas indígenas solo para quedar bien. Déjalas hacer su trabajo. Este Gobierno colonial necesita el aporte de la comunidad indígena. Es la forma de que las cosas cambien”. En la provincia canadiense de Columbia Británica, la nación soberana de Wet’suwet’en viene llevando adelante una lucha contra la construcción del gasoducto Coastal GasLink, de la empresa TC Energy, un proyecto que costará miles de millones de dólares. Esta semana, la policía federal canadiense puso fin a un bloqueo de varios meses de duración en el sitio de perforación del gasoducto. La policía irrumpió violentamente, con un hacha y una motosierra, en una de las casillas montadas por los activistas y arrestó a los defensores de la tierra que estaban dentro. Luego, la policía quemó completamente la casilla. El mito de esa exuberante comida que los colonos y los indígenas compartieron hace 400 años sigue enmascarando y ocultando la miseria que sufren las comunidades indígenas, desde la pobreza, hasta el abuso de sustancias, pasando por la actual epidemia de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Pero las comunidades nativas, resilientes y organizadas, se han puesto en pie de lucha y continúan resistiendo. Demos gracias por eso. © 2021 Amy Goodman

Amy Goodman y Denis Moynihan “Salvaje aquí, incontrolable, La naturaleza reina y rige todo” Estos versos pertenecen al poeta más famoso de Escocia, Robert Burns, y fueron escritos en 1787. Ojalá los delegados que asistieron a la COP26 —la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático que concluyó el sábado pasado en Glasgow— hubieran escuchado sus palabras. Las negociaciones terminaron con la aprobación de un documento denominado “Pacto Climático de Glasgow”, que muchos activistas contra el cambio climático califican de fracaso. Asad Rehman, miembro del movimiento COP26 Coalition, dijo a Democracy Now!: “[El acuerdo] debería haberse denominado 'Pacto suicida de Glasgow' para los más pobres del mundo. Porque no nos mantiene por debajo del umbral de 1,5 grados Celsius. De hecho, nos acerca a los tres grados Celsius. Logran meter tantas ambigüedades en este tipo de acuerdos, que las negociaciones sobre cambio climático terminan siendo una farsa”. Un borrador inicial del acuerdo de la COP26 instaba por primera vez en la historia a “eliminar en forma gradual el uso del carbón y de los subsidios para los combustibles fósiles”. Pero los grandes países emisores de gases de efecto invernadero y los ejércitos de lobistas de la industria de los combustibles fósiles lograron suavizar, incluso, esa formulación. En su lugar, se llama a la “reducción progresiva del uso de carbón como fuente de energía y de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles”. Por lo tanto, se puede continuar con la quema del carbón, el combustible fósil más contaminante, con la promesa de que la polución resultante se “reducirá” con la captura y el almacenamiento de dióxido de carbono, un proceso cuya eficacia no ha sido probada. Y las mismas empresas de combustibles fósiles —que durante tanto tiempo han obtenido ganancias mientras sembraban información falsa sobre el cambio climático— continuarán disfrutando de generosos subsidios pagados por los contribuyentes. ​​ La joven activista filipina por la justicia climática Mitzi Jonelle Tan dijo a Democracy Now!: “Esta cumbre fue una traición. Y me resulta doloroso, porque sabemos que Filipinas es un país muy afectado por la crisis climática y que año tras año, mes tras mes, estamos sufriendo los impactos del cambio climático”. Filipinas —descrito como el país del mundo más vulnerable a las tormentas— se ha visto muy afectada por una sucesión de tifones especialmente destructivos, impulsados por el cambio climático, que han asolado el país durante la última década. “Todos los países deberían eliminar gradualmente la industria de los combustibles fósiles. Eso no solo incluye al carbón, sino también al petróleo y al gas, a los que Estados Unidos y el Reino Unido convenientemente retiraron del texto [del acuerdo final de la COP26]”, expresó Mitzi Jonelle Tan. Activistas indígenas de la Amazonía, defensores de la tierra, también estuvieron en la cumbre climática de Glasgow. La Amazonía, la selva tropical más grande del mundo, es denominada “el pulmón del planeta” por el papel vital que desempeña en la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. En conversación con Democracy Now!, Domingo Peas, líder indígena de la Nación Achuar, de la Amazonía ecuatoriana, expresó: “Tenemos que, primero, antes de transición ecológica, tenemos que hacer transición humana. Primero yo el cambio, mi forma de pensar, mi trabajo con corazón. A eso he venido, para invitar a la juventud, a las mujeres, a los profesionales, a todo el mundo, porque es hora de trabajar juntos. El camino es único”. Domingo continuó: “Nosotros, los indígenas de Perú y de Ecuador, las 30 naciones y pueblos, hemos definido ya basta de petróleo. Pero también, todos estos territorios, toda la zona verde, estamos hablando de 35 millones de hectáreas, que son zona intacta, que hay mucha biodiversidad, donde están seres vivos, que están ahí visibles e invisibles, que no hablan en este momento, no pueden hablar aquí, por eso estoy aquí, para hablar en nombre de ellos”. Estados Unidos y los países europeos construyeron su enorme riqueza quemando carbón de manera desenfrenada durante más de siglo y medio, una forma barata pero contaminante de lograr el crecimiento. Estados Unidos sigue siendo el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero. Según datos de 2017, casi duplica el total de gases emitidos por China hasta la fecha. Mientras tanto, China es el mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial en la actualidad. En los últimos años, Estados Unidos, el Reino Unido y la mayoría de las naciones de la Unión Europea han podido disminuir su dependencia del carbón y se han orientado hacia el uso del petróleo, el gas extraído mediante “fracking” y las fuentes de energía renovables. Los países pobres y en vías de desarrollo no han contribuido de manera significativa a la crisis climática, pero son los que más están sufriendo sus efectos. Para recuperarse de los desastres naturales, adaptarse al cambio climático y construir economías orientadas hacia un futuro sin emisiones de carbono, estos países necesitan dinero. Se esperaba que la COP26 cumpliera con la promesa hecha hace ya tiempo de brindar asistencia financiera para abordar estas necesidades, pero no fue así. En la COP15 que tuvo lugar en la ciudad de Copenhague en 2009, Estados Unidos y otros países desarrollados prometieron aportar 100.000 millones de dólares anuales, desde 2020 hasta 2025, a los países en vías de desarrollo y a los más vulnerables a la crisis climática. Solo una pequeña parte de esos fondos se ha materializado, gran parte de ellos en forma de préstamos, no como ayuda para abordar la crisis climática. Mientras tanto, un consorcio de países africanos estimó recientemente que el verdadero costo para responder de manera efectiva al cambio climático implicaría alrededor de 1.3 billones de dólares por año. Los grandes emisores son los que deben pagar y Estados Unidos debe liderar ese camino. Robert Burns murió en 1796, cuando la era del carbón estaba comenzando. La nueva Makar, o poeta nacional de Escocia, es Kathleen Jamie. Inspirada en el río Clyde, que atraviesa la ciudad de Glasgow, Jamie escribió esta semana un poema titulado “Lo que dijo el río Clyde después de la COP26”, que termina así: “Soy un río, claro, pero puedo tomar decisiones. A partir de hoy, decido mantener a flote, como a un pequeño barquito de papel, las esperanzas de los jóvenes que cantan en mi ribera, con temor en sus ojos brillantes. Así que escuchen esto: ¡si les fallan, se las verán con mi caudal!”.

Amy Goodman y Denis Moynihan El calentamiento global provoca plagas globales. En 2018, los fuertes ciclones del océano Índico que azotaron Omán y Yemen crearon las condiciones de propagación de una plaga de langostas del desierto. Los enjambres de langostas crecieron vertiginosamente durante 2019 y 2020, dos de los años más calurosos registrados hasta la fecha. Enjambres de hasta 80 millones de insectos se han extendido por Etiopía, Eritrea y Somalia y, a partir de la semana pasada, también por Kenia. Estos enjambres consumen por día una proporción de cultivos de alimentos básicos suficiente para alimentar a 35.000 personas. Los científicos han relacionado el crecimiento de las plagas de langostas con el cambio climático. Mientras tanto, en Glasgow, los lobistas de la industria de los combustibles fósiles están pululando como enjambres de langostas en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de 2021, conocida como COP26. Los resultados de esta conferencia, que ha sido descrita como “la última y mejor esperanza” para el clima, están lejos de ser suficientes para evitar una catástrofe climática irreversible. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) emitió, justo antes de la COP26, el “Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021”. El informe advierte que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero acordados por los países hasta el momento nos llevan a un aumento catastrófico de la temperatura global de alrededor de 2,7 grados Celsius, lo que constituye un incremento mucho mayor que los 1,5 grados establecidos como objetivo en el Acuerdo de París de 2015. Las declaraciones críticas hacia la COP26 de parte de activistas, tanto dentro como fuera del recinto donde se lleva a cabo la conferencia, van desde que esta cumbre no es sino “más de lo mismo” hasta que es un “completo fracaso”. El caótico manejo del evento por parte del Reino Unido, la imposición de estrictos requisitos de visa para el ingreso al país y el incumplimiento del prometido plan de vacunación previo a la cumbre para los asistentes de países con baja disponibilidad de vacunas han hecho que esta sea la COP con mayor predominancia de personas blancas y de sectores privilegiados en sus 30 años de historia. Si bien las dificultades de acceso generalizadas han provocado que miles de personas no pudieran participar de la conferencia, más de 500 lobistas de la industria del petróleo, el gas y el carbón han transitado por la alfombra roja del evento. Un informe de la organización ambientalista y de defensa de los derechos humanos Global Witness afirma que si estos lobistas representaran a un país, serían la delegación más grande de la COP26. ”Quienes intentan prender fuego la mesa, no deberían sentarse en ella”, dijo a la prensa Pascoe Sabido, investigador y activista del Observatorio Europeo de Empresas. Y agregó: “Esta es la misma industria que ha pasado los últimos 50 años negando la crisis climática y postergando o bloqueando las acciones para detener sus efectos, entonces ¿cómo diablos se les permite asistir [a la cumbre]? Solo si echamos a estos grandes contaminadores, podremos hacer que estas conversaciones sobre el clima concluyan con compromisos que se acerquen a las metas necesarias [para frenar el cambio climático]”. A pesar de la presencia de este ejército de lobistas de la industria de los combustibles fósiles, se evidencian algunos avances en el proceso oficial. En el borrador del acuerdo final de la cumbre publicado este martes se incluye la palabra “carbón” por primera vez en 30 años y se insta a los países a “acelerar la eliminación gradual del uso del carbón, así como también de los subsidios a los combustibles fósiles”. En relación con este borrador, el reconocido ambientalista nigeriano Nnimmo Bassey expresó en una entrevista con Democracy Now!: “Decir que los países deberían desacelerar gradualmente el uso del carbón y luego eliminar, también de forma gradual, los subsidios para los combustibles fósiles significa que esta COP cree que el uso de los combustibles fósiles debería continuar”. Bassey agregó: “La tendencia es que un documento en borrador se diluye luego aún más, de modo que el documento final puede llegar a decir que no hay que eliminar nada, ni quitar los subsidios, [ni siquiera de forma gradual]”. Nnimmo Bassey hizo estas declaraciones el día que se conmemoraba el vigésimo sexto aniversario de la ejecución del renombrado activista ambiental nigeriano Ken Saro-Wiwa, que fue acusado de cargos falsos y ahorcado, junto a otros ocho activistas, con el fin de silenciar su eficaz campaña contra la extracción de petróleo de la empresa Shell en el delta del río Níger. El planeta sufre también otra plaga: la de los asesinatos de ambientalistas, defensores de la tierra y del agua y activistas por la justicia climática, que han sido más de 1.000 desde la firma del Acuerdo de París en 2015. El científico británico experto en clima Kevin Anderson, de la Universidad de Manchester, ha señalado durante mucho tiempo que, mientras las ”celebridades” de las cumbres climáticas se reúnen todos los años en las COP y logran poca cosa, el clima no negocia. Anderson dijo a Democracy Now!: “Si queremos cumplir con el compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, tal como dijo [el presidente de Estados Unidos], Joe Biden, a principios de este año, las matemáticas y la física nos dicen que, con las emisiones actuales, es probable que en ocho años se llegue al umbral de los 1,5 grados Celsius […]. La lucha de los activistas y de los movimientos de la sociedad civil que tienen un compromiso a nivel local están mucho más alineados con lo que la ciencia está pidiendo”. Fuera del fuertemente vigilado centro de convenciones de la COP26, la sociedad civil que Anderson elogia también se ha hecho sentir con una marcha masiva de más de 100.000 personas, una contracumbre de cuatro días y cientos de paneles y eventos en la ciudad de Glasgow y vía Internet. El portavoz principal del movimiento COP26 Coalition, Asad Rehman, fue invitado a participar en la cumbre oficial. Decepcionado ante la falta de avance en las negociaciones, rompió el discurso que había preparado y dijo, en cambio: “Los más ricos han ignorado el llamamiento moral y político de hacer lo que les corresponde. Las promesas rotas que van desparramando por la COP26 ya no engañan a nadie. Estamos decepcionados y enojados, pero aún tenemos esperanza. Sabemos que es la gente común la que cambia la historia y nosotros la cambiaremos”.

Amy Goodman y Denis Moynihan La Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de 2021, conocida como COP26, ha comenzado a celebrarse en la ciudad escocesa de Glasgow, luego de haber sido aplazada por un año debido a la pandemia de COVID-19. La Conferencia de las Partes, o COP, por sus siglas en inglés, es el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin embargo, el Reino Unido, anfitrión de la COP de este año, ha establecido requisitos de ingreso que están resultando insuperables para muchos activistas y observadores de los países del llamado “Sur Global”. Los críticos señalan que esta será la COP con mayor predominancia de personas blancas y de sectores privilegiados de la historia de las cumbres –su primera edición fue en 1992–, debido al apartheid de las vacunas y los requisitos de visa sumamente obstructivos que ha establecido el Reino Unido. Se estima que 30.000 personas se han congregado en Glasgow para asistir a la cumbre, y que miles de activistas por la justicia climática, en su mayoría de Europa, están llegando para movilizarse en los alrededores del recinto donde se desarrolla la conferencia y reclamar medidas drásticas contra el cambio climático. Asad Rehman es director ejecutivo de la organización War on Want y principal portavoz del movimiento COP26 Coalition, que está organizando una gran marcha y manifestación en Glasgow, seguida de una contracumbre de cuatro días. En una entrevista con Democracy Now!, Rehman expresó: “Esta cumbre del clima ha sido promocionada como la cumbre de los 1,5 grados [Celsius]. La ventana se está cerrando en ese objetivo, que, si se sobrepasa nos llevará a un cambio climático catastrófico. Pero la realidad es que los líderes mundiales, en particular los de los países más ricos, vienen haciendo promesas tan débiles que esta cumbre bien podría llamarse ‘la cumbre de los 3 grados [Celsius]’”. La cifra de 1,5 grados Celsius refiere al nivel que el calentamiento global causado por la actividad humana debería aumentar como máximo la temperatura promedio de la superficie de la Tierra con respecto a los niveles preindustriales. El principal objetivo que se estableció en el Acuerdo de París de 2015 fue limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Si se cumple ese objetivo, los científicos aseguran que los impactos del cambio climático podrían detenerse, e incluso revertirse. Si se supera ese umbral de 1,5 grados, las consecuencias serán probablemente irreversibles. Dipti Bhatnagar, coordinadora de justicia climática y energía de la organización Amigos de la Tierra Internacional, es una de las activistas a las que resultó casi imposible entrar al Reino Unido. Bhatnagar conversó con Democracy Now! desde Maputo, la capital de Mozambique: “De manera deliberada, el Gobierno del Reino Unido ha organizado esta COP para que sea un espacio realmente excluyente. Saben que si la sociedad civil progresista del Sur Global no está ahí para exigirles a los poderosos que se pasean por los salones de la cumbre que rindan cuentas de sus actos, será mucho más fácil para ellos seguir adelante con el [mecanismo de los] mercados de carbono, sin poner sobre la mesa la financiación o la reducción de las emisiones”. Según un informe reciente de Amigos de la Tierra y de otras organizaciones, la llamada propuesta de las “cero emisiones netas” es “una gran estafa”, nada más que “una argucia para ocultar la inacción y trasladar la carga de la reducción de emisiones y de la prevención de la contaminación a comunidades históricamente explotadas”. Brianna Fruean, una activista contra el cambio climático de Samoa, de 23 años de edad, habló en la sesión de apertura de la COP26 y pidió una acción climática urgente para que su país —una pequeña nación insular de baja altitud ubicada en el Pacífico sur— no sea destruido por el aumento del nivel del océano. En una entrevista con Democracy Now!, Fruean dijo: “En el reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se pronostica que los atolones de escasa elevación subsistirán a lo sumo una década más [antes de quedar sumergidos por el incremento del nivel del mar]. Una década si tenemos suerte, dada la trayectoria en la que estamos. Eso significaría el fin de nuestras islas más pequeñas”. En la COP15 que se llevó a cabo en la ciudad de Copenhague en 2009, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció, con gran fanfarria, que los países ricos crearían un fondo de 100.000 millones de dólares al año para 2020, con el fin de ayudar a las naciones más pobres a adaptarse al cambio climático y a construir economías basadas en el uso de las energías renovables. Asad Rehman habló con Democracy Now! acerca de la implementación de este fondo: “Han llegado a esta convención con solo una quinta parte de ese monto. De esa parte, el 80% corresponde a préstamos que van a generar deuda a los países receptores de esos fondos. Están cambiando las reglas en lo que respecta a la asistencia financiera. Sabemos que se avecina un cambio. La lucha ahora es por ver qué tipo de cambio será”. El Acuerdo de París ni siquiera menciona el carbón, el petróleo o el gas, por lo que se ha conformado un movimiento que propone la creación de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, inspirado en el tratado de no proliferación nuclear. Gran parte de la energía y la dirección del movimiento por la justicia climática proviene de jóvenes de todo el mundo. Greta Thunberg, la activista sueca de 18 años que impulsó el movimiento global de huelgas estudiantiles por el clima Fridays for Future, criticó las negociaciones sobre el clima que se han venido desarrollando durante décadas. En la reunión preparatoria de la COP26, que tuvo lugar en la ciudad de Milán en octubre, Thunberg expresó: “Reconstruir mejor, bla, bla, bla. Economía verde, bla, bla, bla. Cero emisiones netas para el 2050, bla, bla, bla. Neutralidad de carbono, bla, bla, bla. Esto es todo lo que escuchamos de nuestros supuestos líderes. Palabras. Palabras que parecen fabulosas, pero que hasta ahora no han conducido a ninguna acción. Nuestros sueños y esperanzas se ahogan en sus palabras y promesas vacías”. Estos líderes juveniles de diversas regiones del mundo, como Brianna Fruean, de Samoa, y Vanessa Nakate, de Uganda, le aportan al activismo su experiencia personal de primera mano con la emergencia climática y un profundo compromiso con la organización interseccional y la justicia global. En su entrevista con Democracy Now!, Asad Rehman concluyó: “Ahora le toca a la gente. El poder de la gente es la única solución que queda”.

Amy Goodman y Denis Moynihan Las huelgas de hambre son actos de protesta poderosos. A lo largo de su vida, Mahatma Gandhi participó en unos 20 ayunos públicos. En 1917, 32 mujeres sufragistas estadounidenses que protestaban frente a la Casa Blanca por el derecho al voto fueron arrestadas y sometidas a condiciones de reclusión inhumanas. Cuando un grupo de ellas se declaró en huelga de hambre, fueron alimentadas contra su voluntad de manera violenta. En 1981, diez presos políticos, miembros del IRA, el Ejército Republicano Irlandés —entre ellos Bobby Sands—, murieron tras varios días de huelga de hambre, que realizaron a modo de protesta contra la ocupación británica en Irlanda y por el trato que recibían en la prisión de alta seguridad de Maze, en Irlanda del Norte. Mientras tanto, según se informa, de los siete palestinos que actualmente permanecen en huelga de hambre en una prisión israelí, algunos están al borde de la muerte. El ayuno es una táctica de lucha difícil y particularmente peligrosa: implica nada menos que dejar de alimentarse para desafiar a los poderosos que niegan la justicia. Un grupo de jóvenes estadounidenses también se encuentra actualmente en huelga de hambre y, al igual que las sufragistas hace más de cien años, están llevando a cabo sus protestas frente a la Casa Blanca. Estos jóvenes son miembros del movimiento en defensa del clima Sunrise Movement y están instando al presidente Joe Biden a tomar medidas drásticas para abordar la crisis del cambio climático. “Estoy en huelga de hambre por mi familia, por mi futuro y por las promesas que hizo el presidente [Biden] a los jóvenes que lo pusieron en el cargo”, dijo el activista contra el cambio climático Kidus Girma durante una entrevista con Democracy Now!, en el octavo día de su ayuno, pocos días después de que lo hospitalizaran con un nivel de azúcar en sangre peligrosamente bajo. “El presidente debe poner a los niños del futuro y a los de hoy en el centro de su agenda; no a los directivos de Exxon o a los representantes que cabildean a favor de los intereses de los multimillonarios del petróleo y el gas”. Abby Leedy, otra de las activistas del movimiento Sunrise que se sumó a la huelga de hambre, criticó al senador demócrata conservador de Virginia Occidental Joe Manchin, quien, actuando a contramano de su propio bloque, logró retirar gran parte de las disposiciones a favor de la energía renovable que el proyecto de ley de gastos públicos de Biden contenía inicialmente. Leedy confrontó a Manchin cuando el senador salía de un evento con donantes empresariales: Abby Leedy: “Tendré que crecer en medio de una emergencia climática catastrófica si usted continúa bloqueando [la creación de un] Cuerpo Civil del Clima… Las emisiones de metano…”. Senador Joe Manchin: “Estamos cambiando el clima… Estados Unidos… ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar un segundo? ¿Cómo te llamas?”. Abby Leedy: “Mi nombre es Abby”. Senador Joe Manchin: “Abby, déjame decirte que en Estados Unidos hemos tomado más medidas [contra el cambio climático] que cualquier otro país. Todas las emisiones provienen de Asia…”. Abby Leedy: “Senador Manchin, si Estados Unidos de América no reduce sus emisiones en al menos un 50%, tendré que crecer bajo una incesante emergencia climática. Llevo siete días en huelga de hambre…”. Senador Joe Manchin: “Llama a mi oficina”. El senador Manchin es el congresista estadounidense que recibe más donaciones de la industria del petróleo, el gas y el carbón y ha ganado millones de dólares con la empresa de corretaje relacionada con la industria del carbón que él mismo fundó en Virginia Occidental y que ahora dirige su hijo. Uno de sus principales donantes es la empresa Energy Transfer LP, propietaria del controvertido oleoducto Dakota Access. Mientras tanto, en el centro de la ciudad de Nueva York, otro grupo de activistas en huelga de hambre reclama un cambio. Se trata de un grupo de taxistas que han montado una protesta las 24 horas del día, los siete días de la semana, frente a la sede del Gobierno Municipal. Los taxistas exigen que la ciudad implemente programas de ayuda financiera para miles de conductores devastados por la deuda acumulada debido al costo de las licencias para conducir taxis, que fue inflado de manera artificial por el gobierno local. Muchos conductores compraron las licencias —o medallones, como se las conoce por su aspecto— por más de un millón de dólares. Sin embargo, con la incursión de las aplicaciones de viajes compartidos como Uber y Lyft, estas licencias ahora solo valen alrededor de 100.000 dólares. Miles de taxistas de la ciudad de Nueva York están actualmente sumidos en grandes deudas y al menos nueve han muerto por suicidio. Augustine Tang es uno de los taxistas que participa de la huelga de hambre. En su sexto día de ayuno, dijo a Democracy Now!: “Estoy haciendo esta huelga de hambre por las 6.000 familias que se han visto afectadas por esta crisis del sistema de licencias para conducir taxis. Estos hombres y mujeres han invertido en la ciudad [de Nueva York] y han trabajado como taxistas durante 20, 30 o 40 años de sus vidas, solo para que les quiten la posibilidad de contar con una buena jubilación, sumado a que muchos están al borde de perder sus viviendas y sus trabajos”. La protesta de los taxistas fue organizada por la Alianza de Trabajadores de Taxi de Nueva York, que ha desarrollado un plan de reestructuración de las deudas relacionadas con las licencias. Dicho plan cuenta con el respaldo de casi todos los legisladores del área metropolitana de Nueva York, incluidos la congresista Alexandria Ocasio-Cortéz y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer. Zohran Mamdani, miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York, se sumó también a la huelga de hambre de los taxistas y habló con Democracy Now! sobre las consecuencias que sufrió después de ayunar durante ocho días: “No podía dormir, tenía hambre constantemente, momentos de visión borrosa, estrés, dolores de cabeza: las mismas consecuencias físicas que los conductores de taxis dicen que sufren por cargar con estas deudas millonarias, por no poder cuidar de sus familias y no ver ninguna salida a su situación”. En Irlanda del Norte, antes de morir en 1981 después de 66 días en huelga de hambre, Bobby Sands dijo: “Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos”. Mediante este duro acto de negarse a sí mismos la comida, activistas de todo el mundo están alimentando la causa de la justicia.

Amy Goodman y Denis Moynihan La pandemia de COVID-19 está remitiendo lentamente en Estados Unidos —al menos entre las personas vacunadas—, pero otra epidemia letal continúa fuera de control: la muerte de personas de color a manos de la policía. Una base de datos en línea del periódico The Washington Post informa que 7.216 personas murieron a manos de la policía desde 2015, 914 de ellas en lo que va de 2021. Los afroestadounidenses tienen dos o tres veces más probabilidades que los blancos de morir a manos de efectivos policiales. Mientras tanto, día a día crecen con mayor fuerza los movimientos que exigen que los oficiales de policía violentos rindan cuentas de sus actos. Se han logrado algunos avances al respecto, como lo demuestra el desarrollo de los casos de Ahmaud Arbery, Roger Greene y Elijah McClain. Nada traerá a esas personas de vuelta, pero que los agentes responsables de esas muertes rindan cuentas por sus acciones puede prevenir futuras muertes a manos de la policía. En su libro “The Condemnation of Blackness” (La condena de la negritud), el historiador y escritor Khalil Gibran Muhammad afirma: “Hay un hilo a lo largo de la Historia que conecta a los linchamientos del pasado con las prácticas policiales de la actualidad”. El “Museo del legado: de la esclavitud al encarcelamiento masivo” ubicado en la ciudad de Montgomery, estado en Alabama, muestra de manera dolorosa y contundente cómo las prácticas de linchamiento fueron fundamentales para aterrorizar a la población afroestadounidense tras la abolición de la esclavitud. La muerte violenta de Ahmaud Arbery ocurrida el 23 de febrero de 2020, captada en video por uno de los perpetradores acusados, tiene todas las características de esos linchamientos de hace un siglo. Esa soleada tarde de domingo, en los suburbios de la localidad de Brunswick, en el estado de Georgia, Ahmaud se encontraba haciendo ejercicio cuando Gregory McMichael y su hijo Travis lo vieron pasar corriendo e inmediatamente tomaron sus armas y se lanzaron a perseguirlo en su camioneta. Un vecino llamado William “Roddie” Bryan se unió a la persecución en su propia camioneta y filmó el incidente con un teléfono celular. El padre y el hijo afirman que estaban intentando hacer un “arresto ciudadano” de Ahmaud Arbery, quien se resistió a él con razón. Travis McMichael disparó dos veces su arma y le causó la muerte a Arbery. El mayor de los McMichael es un ex oficial de policía del condado de Glynn que trabajó como investigador en la oficina de la fiscal Jackie Johnson, ex fiscal de distrito del Circuito Judicial de Brunswick. Johnson fue recientemente imputada por haber ordenado a la policía que no arrestara a Travis McMichael y por direccionar el caso hacia un fiscal que ella sabía que iba a actuar de manera benigna con los acusados. Después de que el video filmado con el celular se hiciera público, fue un tercer fiscal quien finalmente presentó los cargos de asesinato contra los McMichael y Bryan. Este lunes comenzó la selección del jurado en el juicio contra los tres hombres acusados por la muerte de Arbery. El 10 de mayo de 2019, oficiales de una unidad de la policía estatal de Luisiana conocida como “Tropa F”, tristemente célebre por sus prácticas violentas, participaron en una persecución a alta velocidad del automovilista afroestadounidense de 49 años Ronald Greene. Inicialmente los oficiales informaron que Greene había muerto tras estrellarse contra un árbol. Más tarde dijeron que Greene se había enfrascado en una lucha con ellos y que había muerto camino al hospital. Más de dos años después del incidente, la agencia de noticias Associated Press publicó imágenes impactantes de las cámaras corporales de los policías que muestran una realidad totalmente distinta a la reportada. “Oficial, tengo miedo. ¡Soy tu hermano! ¡Tengo miedo!”, suplica Greene mientras los policías estatales lo golpean brutalmente, le disparan con una pistola eléctrica y lo arrastran por el suelo mientras vociferan amenazas e insultos. Poco después, Greene estaba muerto. En junio pasado ocurrió un hecho sumamente destacable: el policía estatal afroestadounidense Carl Cavalier acudió a la prensa y dio a conocer notas del agente de policía que investigó la muerte. Ese agente había recomendado que al menos uno de los policías involucrados fuera arrestado, pero luego los oficiales superiores de la policía estatal intervinieron para impedir que haya arrestos. El denunciante, Carl Cavalier, ha sido suspendido y, según algunos informes, ha sido despedido, aunque la policía estatal sostiene que todavía continúa en su cargo. En conversación con un canal de televisión de la ciudad de Baton Rouge, Cavalier afirmó: “En mi opinión, todavía tenemos asesinos en el trabajo”. Fiscales federales están investigando un posible encubrimiento de los hechos, en el que se sospecha que están involucrados altos mandos jerárquicos de dicha fuerza policial. El 24 de agosto de 2019 el joven Elijah McClain fue arrestado violentamente por la policía en la ciudad de Aurora, estado de Colorado. McClain retornaba caminando a su casa luego de comprar algunas cosas en la tienda de la esquina cuando agentes de policía lo detuvieron de manera violenta. En pocos segundos, lo derribaron y lo inmovilizaron contra el suelo. El joven suplicó: “¡No puedo respirar! ¡Por favor! ¡No puedo respirar! Soy introvertido; soy diferente. No mato ni a una mosca. No como carne. Soy vegetariano”. El equipo de urgencias médicas que acudió al lugar le inyectó una excesiva dosis de ketamina, un poderoso sedante, que le provocó un ataque cardíaco. McClain nunca recuperó el conocimiento y murió pocos días después. Tenía 23 años de edad. El caso de McClain pasó desapercibido hasta que irrumpieron las protestas que se desataron en los días posteriores al asesinato de George Floyd por parte de agentes de policía en mayo de 2020. Las protestas en reclamo de justicia racial eran cada vez más frecuentes y numerosas en Aurora, un suburbio de la ciudad de Denver. El gobernador de Colorado, Jared Polis, facultó al fiscal general del estado a investigar el caso de McClain y, en septiembre de 2021, tres oficiales de policía y dos paramédicos fueron imputados por homicidio involuntario, homicidio negligente criminal y agresión. Esta semana, la ciudad de Aurora llegó a un acuerdo con la familia McClain, del que no se revelaron detalles. Estamos experimentando un cambio tectónico en la conciencia pública sobre la violencia generalizada de la policía, en especial la dirigida hacia jóvenes negros. También hay una creciente disposición a llevar a juicio a los policías involucrados en operativos violentos con desenlace fatal. Sin embargo, la Ley George Floyd de Justicia en la Vigilancia Policial no pudo ser aprobada en el Senado de Estados Unidos; y esta semana, dos veredictos de la Corte Suprema a favor de la doctrina de la “inmunidad calificada” han dificultado aún más la posibilidad de llevar a los policías a los tribunales. A pesar de la resistencia de estas poderosas instituciones de Estados Unidos, será la ciudadanía comprometida, tanto de personas documentadas como indocumentadas, la que pondrá fin a esta epidemia de muertes a manos de la policía.

“El viaje a las estrellas” del actor William Shatner oculta otras travesías mucho más peligrosas a través del desierto Amy Goodman y Denis Moynihan La serie de televisión “Star Trek”, “Viaje a las estrellas”, volvió a la primera plana de las noticias esta semana, ya que William Shatner —el actor que interpretó al capitán Kirk en la clásica serie de los años 60— viajó este miércoles al espacio a la edad de 90 años en un nuevo vuelo de turismo espacial organizado por la empresa Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos. En esta remota región del oeste del estado de Texas, a pocos kilómetros de la llamativa plataforma de lanzamiento de cohetes espaciales de Bezos, todos los días se llevan a cabo travesías de otro tipo. Se trata del difícil cruce desde México a Estados Unidos que cientos de migrantes hacen a pie a través del desierto de Chihuahua, muchos de ellos huyendo de la violencia, la crisis climática y la pobreza. En el suelo de ese desierto, muy por debajo de la nave espacial que transportaba hacia lo alto a sus privilegiados pasajeros, yacen muchas vidas perdidas. La travesía a pie bajo el sol abrasador, a través de la arena, las rocas y los cactus, se ha vuelto aún más difícil debido al control militarizado de la frontera ejercido por el resquebrajado sistema de inmigración estadounidense. Miles de migrantes han muerto al intentar el cruce. Armando Alejo Hernández emprendió ese viaje a principios de mayo y no se supo más nada de él. La desaparición de Armando en el desierto se ha abordado anteriormente en esta columna, también haciendo referencia a la estructura espacial de Blue Origin cercana al pueblo de Van Horn, en Texas. En julio, el calor del desierto era abrasador y Jeff Bezos estaba embarcado en una competencia espacial contra-reloj —que muchos apodaron la “carrera espacial de los multimillonarios”— con Richard Benson, el otro multimillonario que se lanzó a las alturas con otros pasajeros a bordo de su propia nave para experimentar unos minutos de ingravidez en el espacio. Los breves viajes espaciales de estos multimillonarios recibieron atención mundial y fueron ampliamente aclamados. Ojalá la atención mediática que estuvo puesta sobre esa región hubiera hecho que los medios enfocaran sus cámaras hacia esos otros viajes, terrestres y mucho más peligrosos, que hacen los migrantes a través del desierto. Armando vivió durante una década en Estados Unidos. Tenía trabajo y formó una familia. Sus dos hijos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Sin embargo, nunca obtuvo documentación legal y fue deportado en 2016. Su hijo mayor, Derek, contó a Democracy Now! la génesis del fatídico viaje que emprendió Armando en mayo pasado: “No tener cerca a mi padre fue difícil para mí, porque crecí y pasé casi toda mi infancia muy cerca de mi papá”, explicó Derek. “Un día estábamos hablando por teléfono y le pregunté si podía regresar [a Estados Unidos] porque simplemente lo quería tener junto a mí. No había podido verlo durante cuatro años”. Alexis Corona formaba parte del pequeño grupo de migrantes que viajaba hacia el norte con Armando. En conversación con el canal de televisión Telemundo, Corona contó: “Él decía que ya no podía caminar y que iba a buscar la manera para ver si lo podían rescatar. De hecho, él quedó a escasas 8 o 9 millas. Adelante nos agarró migración y nosotros les explicamos cómo estaba, que no podía caminar, que se había quedado con poca agua, con poca comida. Y la reacción de ellos fue: ‘Ah, entonces, si ya se quedó atrás, pues ahí que se quede’”. Derek aún estaba en comunicación con su padre en ese momento. Armando le había enviado algunos mensajes de voz a su hijo, en los que describía la ropa que llevaba puesta, contaba que no tenía agua y que sentía que no podía continuar. El padre de Derek también había enviado una foto en la que se veía, a lo alto de la cumbre que tenía por delante, una estructura de gran tamaño. La estructura es casi con seguridad la torre del radar que el Gobierno de Estados Unidos tiene instalado en la cima de la montaña Eagle Peak y Armando parece estar ubicado en la ladera sur, en el condado de Hudspeth, no lejos de la ciudad de El Paso. Entrevistado para el documental “Missing in Brooks County,” (Desaparecidos en el condado de Brooks, en español), el agente de la Patrulla Fronteriza Alex Jara admitió: “Ya no los llamamos personas. Los llamamos 'cuerpos'. Porque si los denominas 'personas', eso comenzará a afectarte”. En el condado de Brooks se encuentra uno de los puestos de control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que operan lejos de la frontera, ya bien dentro de territorio estadounidense. Eso hace que los migrantes que carecen de documentación se alejen de la única carretera principal del condado de Brooks y se adentren en el desierto para evitar ser capturados. Eddie Canales, director del Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas (STHRC, por sus siglas en inglés), con sede en el condado de Brooks, dijo a Democracy Now!: “La migración se ha intensificado desde el comienzo del Gobierno de Biden. Aquí tengo a familias, provenientes de diversos países, que todavía están buscando a sus seres queridos desaparecidos. El número [de desaparecidos] ha aumentado. En lo que va del año, y solamente en el condado de Brooks, se han recuperado 99 cuerpos y restos esqueléticos”. Las temperaturas medias en el desierto son más frías en esta época del año, pero viajar sin la ayuda de un guía a través de este árido y desolado territorio sigue siendo peligroso. Seguirá habiendo más muertes evitables. Activistas por los derechos de los inmigrantes están presionando a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos para que incluyan un plan de regularización de la ciudadanía para los residentes indocumentados en el proyecto de ley denominado Reconstruir Mejor. La aprobación de este proyecto de ley está siendo bloqueada por los senadores demócratas conservadores Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona —otro estado fronterizo donde se encuentra el igualmente peligroso desierto de Sonora—. Está bien mirar hacia el cielo y alcanzar las estrellas, como lo hizo el actor canadiense William Shatner, quien cuenta con los beneficios que brinda poseer el estatus de residencia permanente. Pero la crisis que atravesamos actualmente no se resolverá con viajes al espacio, sino con personas que aúnan esfuerzos aquí en la tierra, con los pies bien firmes en el suelo.

Amy Goodman y Denis Moynihan "Facebook se ha convertido en una empresa de alcance mundial cuyo valor de mercado supera el billón de dólares. Sus plataformas permiten que las personas de todo el mundo se conecten en línea con familiares y amigos, compartan fotos y den "me gusta" a las publicaciones de los demás. Pero detrás de esta fachada benévola e inofensiva se encuentra una vasta red de información de la que Facebook obtiene ganancias al promover la discordia, la violencia y la trata de personas. Sus plataformas también causan que muchas personas jóvenes, en particular niñas y adolescentes, se sientan mal consigo mismas y, en algunos casos, sufran depresión y tengan pensamientos suicidas. Y Facebook lo sabe. Una filtración sin precedentes de documentos internos de la empresa propició la publicación de una serie de artículos con revelaciones explosivas en el periódico The Wall Street Journal. La denunciante que dio a conocer los documentos, Frances Haugen, hizo el domingo su primera aparición pública para exponer su caso en el programa "60 Minutes" de la cadena CBS; y este martes testificó ante un subcomité de la Comisión de Comercio del Senado de Estados Unidos. "Lo que vi en Facebook una y otra vez fue que había conflicto de intereses entre lo que era bueno para sus ganancias y la seguridad de los usuarios", expresó Haugen. "Y Facebook resolvió estos conflictos una y otra vez a favor de sus propias ganancias. El resultado ha sido más división, más daño, más mentiras, más amenazas y más combate. Esta peligrosa conversación en línea conduce a una violencia real que daña a las personas y que, incluso, provoca muertes". "Se estima que Facebook tiene tres mil millones de usuarios en todo el mundo, y también es propietaria de las redes sociales Instagram y WhatsApp, que entre ambas suman otros tres mil millones de usuarios. La red social Instagram, popular entre los adolescentes, anima a los usuarios a publicar selfis y vídeos. La cantidad de seguidores que una persona tiene, el número de "me gusta" y "no me gusta", así como las veces que una publicación es compartida, pesan mucho en la psique de muchos de estos usuarios jóvenes, a menudo de manera negativa. "El siguiente intercambio entre Haugen y el periodista Scott Pelley en el programa "60 Minutes" ilustra muy bien este problema. "Scott Pelley comentó: "En un estudio, el 13,5% de las adolescentes entrevistadas dijo que Instagram aumenta los pensamientos suicidas; y el 17% de las entrevistadas señaló que dicha red social empeora los trastornos alimentarios". "Frances Haugen respondió: "Lo que es sumamente lamentable es que la propia investigación de Facebook indica que las jóvenes que comienzan a consumir este contenido relacionado con los trastornos alimentarios se deprimen cada vez más. Y, a su vez, eso hace que usen la aplicación cada vez con mayor frecuencia. Es un ciclo de retroalimentación en el que odian sus cuerpos cada vez más. El estudio interno de Facebook concluye que Instagram no solo es peligrosa para las adolescentes, sino que les hace daño; es claramente peor que otras redes sociales". "Entre los documentos obtenidos por The Wall Street Journal en la filtración se encuentra una diapositiva de una presentación interna de Facebook/Instagram de 2019 titulada "Análisis profundo de la salud mental de los adolescentes". En ella, los investigadores de la empresa admiten que la plataforma empeora "los problemas de imagen corporal en una de cada tres adolescentes". Se muestra luego una lista de cómo funciona este círculo. La diapositiva detalla: "Las adolescentes precisaron las formas en que Instagram daña su salud mental: - presión para ajustarse a los estereotipos sociales - presión para igualar el dinero y la imagen corporal de los influencers - necesidad de sentirse aprobados: cantidad de vistas, "me gusta" y seguidores - conflictos con las amistades, hostigamiento y discursos de odio - sobresexualización de las niñas - anuncios inapropiados dirigidos a grupos vulnerables". "La mira de Facebook en los adolescentes se ha comparado con el accionar de las grandes empresas tabacaleras, que durante décadas ocultaron las propiedades dañinas y adictivas de los cigarrillos, a la vez que captaban a fumadores cada vez más jóvenes. "La destructiva red de contenido tóxico impulsada a través de Facebook e Instagram va mucho más allá. Como revelan los documentos filtrados, Facebook sabe desde hace años que sus plataformas son utilizadas por organizaciones criminales. Los cárteles mexicanos de la droga han utilizado la red social para captar a jóvenes y convertirlos en asesinos, así como también para publicar vídeos en los que celebran sus actos violentos. "Asimismo, las organizaciones de trata de personas usan Facebook para reclutar trabajadores domésticos para puestos laborales en Medio Oriente. Confiscan los pasaportes de estas personas, muchas de las cuales provienen de África, y luego venden sus contratos de trabajo. Estos trabajadores son a menudo sometidos a condiciones similares a la esclavitud, y a algunos incluso les colocan grilletes para evitar que se escapen. "En las zonas de conflicto, Facebook ha desempeñado un papel clave en avivar las llamas del odio racial y étnico, alentando la violencia que ha contribuido a asesinatos masivos y a la limpieza étnica contra poblaciones minoritarias como los musulmanes rohinyá en Birmania y contra el pueblo de Tigray en Etiopía. "Facebook sabe que su plataforma está causando daños, pero se ha negado a tomar medidas. El propio director ejecutivo del gigante tecnológico, Mark Zuckerberg, ha intervenido y ha apartado a los investigadores de la empresa que sugieren soluciones que podrían afectar la rentabilidad de Facebook. Facebook y Zuckerberg se niegan a contratar más supervisores de contenido - especialmente en idiomas distintos del inglés, que constituyen los idiomas de la gran mayoría de los usuarios - o ajustar el algoritmo secreto que impulsa las enormes ganancias de la empresa. "Lo que realmente impacta aquí es la cantidad de mentiras descaradas que se repiten una y otra vez", expresó en una entrevista con Democracy Now! Jessica González, codirectora ejecutiva de la organización Free Press, que trabaja por la democratización de los medios de comunicación. "Esto demuestra con claridad que Facebook no está capacitado para regularse a sí mismo y que necesitamos que el Congreso y el Gobierno de Estados Unidos intervengan y brinden transparencia y responsabilidad". "Nosotros - nuestra atención y el tiempo que pasamos en estos sitios y aplicaciones - son el producto que Facebook vende a los anunciantes. Debemos exigir que la empresa rinda cuentas de sus actos. Es necesario que el Congreso intervenga y que se tomen medidas antimonopolio para controlar a esta red mundial en expansión que obtiene ganancias a partir del dolor".

Amy Goodman y Denis Moynihan La bahía de Guantánamo, ubicada en el extremo sur de Cuba, alberga la tristemente célebre prisión militar estadounidense de Guantánamo, conocida como “Gitmo”, donde 779 hombres han permanecido detenidos, en su gran mayoría sin cargos, y han sido torturados a lo largo de los últimos veinte años. Uno de estos prisioneros, el yemení Mansoor Adayfi —o el “detenido 441”— estuvo encarcelado allí durante 14 años, hasta 2016. Adayfi está actualmente exiliado en Serbia, lugar a donde Estados Unidos lo obligó a asentarse luego de su liberación de Guantánamo a pesar de no tener ninguna conexión con ese país. Adayfi acaba de publicar un libro de memorias, en el que describe el horror que se vive en Guantánamo y cómo él y sus compañeros de prisión mantuvieron la cordura, crearon lazos solidarios y sobrevivieron. Mansoor Adayfi habló con Democracy Now! desde Belgrado. No dejó de sonreír y de reír durante la conversación que mantuvimos con él, a pesar de haber soportado años de tortura y encarcelamiento arbitrario. Aprendió la mayor parte de su inglés casi fluido de los guardias de Guantánamo. Respecto a la gran diversidad que había entre los prisioneros con los que tuvo que convivir, nos dijo: “Había alrededor de 50 nacionalidades, 20 idiomas e historias de vida diferentes. Las personas que estaban en Guantánamo eran artistas, cantantes, médicos, enfermeros, buzos, mafiosos, drogadictos, docentes, investigadores, poetas. Esas culturas tan diversas interactuaron unas con otras, se fusionaron y formaron lo que denominamos la 'cultura de Guantánamo' y lo que yo llamo 'el hermoso Guantánamo'”. Las elocuentes memorias de Mansoor Adayfi publicadas en el libro “Don’t forget us here: lost and found at Guantánamo” (No se olviden de los que estamos aquí. Perdidos y encontrados en Guantánamo) son un testimonio profundamente personal del horror que vivió en la prisión. También constituyen una dura denuncia contra la crueldad de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de las personas que tenían a su cargo el manejo de la prisión, incluido el general Geoffrey Miller, un implacable defensor de las prácticas de tortura que también estuvo a cargo de la prisión de Abu Ghraib en Iraq, así como contra la serie de presidentes y comandantes en Jefe que estuvieron al mando de Estados Unidos desde 2002: George W. Bush, Obama, Trump y ahora Biden. “Por favor, déjame llevarte de viaje por Guantánamo”, escribe en la introducción del libro Mansoor Adayfi. “Ajústate el cinturón y prepárate. Seré tu guía, pero no te preocupes, no tendrás que usar el overol naranja, ni los grilletes, ni la capucha. Todas las noches podrás dejar atrás las rejas y las celdas de aislamiento y reincorporarte a tu vida. Pero creo que retornarás junto a mí para ver un lado de Guantánamo que pocas personas han tenido posibilidad de experimentar, donde hay mucho dolor, sí, pero también hay momentos inesperados de belleza y alegría que te dejarán sin aliento. Este es mi Guantánamo”. Nacido en el seno de una familia numerosa en un área rural de Yemen, Mansoor tuvo un buen desempeño en la escuela y cuando cumplió los 18 años de edad fue enviado a Afganistán para ayudar con un proyecto de investigación. Así nos cuenta lo que le sucedió en ese país: “Un día, después del 11 de septiembre, fui secuestrado por líderes tribales afganos. Desde los aviones estadounidenses se tiraban panfletos en los que se ofrecían grandes recompensas de dinero en efectivo [por entregar sospechosos]. Me vendieron a la CIA como un general de Al Qaeda, un egipcio de mediana edad, involucrado en los atentados del 11 de septiembre. Me llevaron a un centro clandestino de detención, donde me torturaron durante más de dos meses”. Mansoor nunca olvidará lo que padeció en ese centro clandestino: “Nadie sabe cuántas personas murieron realmente allí. No había ninguna limitación en las torturas que podían infligirte. Permanecer colgado del techo de la celda, boca abajo, durante mucho tiempo, incluso con los ojos vendados y desnudo. Permanecer parado, sin descanso. Estábamos las veinticuatro horas del día sometidos a prácticas como la privación del sueño, nos golpeaban, nos sometían a la práctica del ahogamiento simulado”. Con grilletes y encapuchado, Adayfi fue trasladado en avión desde Afganistán a Guantánamo, en un viaje de 40 horas de duración. Sus captores le colgaron un letrero alrededor del cuello con la leyenda “Golpéenme” y los guardias a bordo obedecieron y lo golpearon durante todo el viaje. En la cárcel de Guantánamo, el maltrato continuó. Con el tiempo, los reclusos se organizaron y comenzaron una huelga de hambre. “Nuestros cuerpos eran el campo de batalla, porque los estadounidenses nos torturaban, nos maltrataban y nos golpeaban en el cuerpo; y nosotros también castigamos nuestros propios cuerpos con la huelga de hambre, tratando de resistir. Era un viaje lento hacia la muerte”. Mansoor Adayfi sufrió innumerables golpizas y horrendos interrogatorios a manos de los guardias de la prisión. Aún así sentía compasión por quienes regresaban de la guerra en Irak o Afganistán: “Vi cómo volvían esos guardias, muchos de ellos estaban mentalmente destruidos. Ver a una persona quebrantada es más doloroso que cualquier otra cosa”. Una de las guardias lo conmovió profundamente cuando se rehusó a acatar una orden directa de llevar a Mansoor a un interrogatorio. “Era una cuestión de vida o muerte, pero tienes que mantener viva la esperanza”, reflexionó Mansoor. “Ese lugar fue diseñado para quitarte toda esperanza”. Mansoor Adayfi lleva puesta —en una actitud desafiante— una bufanda naranja, a pesar de que un psicólogo de la prisión de Guantánamo y un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja le dijeron que usar el color naranja podría desencadenarle una situación de estrés postraumático. “En Guantánamo aprendí que nunca te debes quedar callado”, dijo Mansoor Adayfi, el detenido 441, a Democracy Now! “Si guardas silencio, el opresor te oprimirá aún más. Así que nunca me quedaré callado”.

Amy Goodman y Denis Moynihan ¿Tu teléfono celular te está espiando? Ante la omnipresencia y el uso cada vez más generalizado de los teléfonos móviles, las agencias gubernamentales de Inteligencia han destinado gran cantidad de recursos para hackearlos, atentando de manera remota contra la privacidad de las personas en nombre de la seguridad nacional. Actualmente hay una incipiente industria en crecimiento que genera enormes ganancias a empresas que operan en las sombras y que se especializan en desarrollar formas cada vez más innovadoras para infectar dispositivos digitales con software espía. Activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y disidentes políticos de todo el mundo han sido vigilados de esta forma y, en varios casos, detenidos, torturados o asesinados. El laboratorio interdisciplinario Citizen Lab, un proyecto que se dedica a la investigación en temas de seguridad informática con sede en la Universidad de Toronto, reveló que más de 1.650 millones de iPhones y otros dispositivos de Apple habían estado expuestos, de manera completa y casi indetectable, al software de espionaje Pegasus, producido por el Grupo NSO, una empresa privada israelí. Según las investigaciones, los usuarios de los dispositivos hackeados ni siquiera tenían que hacer clic en ningún enlace o archivo malicioso, lo que se conoce como un ataque de “cero clic”. El software Pegasus otorga acceso ilimitado a todo el contenido del dispositivo infectado, desde los mensajes de chat hasta los correos electrónicos y las llamadas telefónicas. Además, permite tener el control del micrófono y la cámara del teléfono, y comparte la ubicación del teléfono en tiempo real. En conversación con Democracy Now!”, el director de Citizen Lab, Ronald Diebert, expresó: “El Grupo NSO es una empresa mercenaria de cibervigilancia con sede en Israel. La empresa apareció por primera vez en nuestro radar en 2016, cuando descubrimos que los Emiratos Árabes Unidos la estaban utilizando para espiar a un defensor de los derechos humanos llamado Ahmed Mansoor. Desde entonces, nosotros —al igual que otras organizaciones— hemos documentado gran cantidad de usos indebidos de la tecnología de esta empresa”. Según los fundadores del Grupo NSO, el software en cuestión solo se utiliza de manera legal, para capturar criminales, terroristas, pedófilos y otras personas por el estilo. Sin embargo, Amnistía Internacional y otras 155 organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en tecnología no consideran que eso sea cierto y han emitido una carta conjunta en la que piden una moratoria inmediata a la venta, transferencia y uso de la tecnología de vigilancia. Las organizaciones declaran en la carta: “El software espía del Grupo NSO se ha utilizado para facilitar la comisión de violaciones a los derechos humanos a gran escala en todo el mundo. […] Ha quedado claro que su tecnología posibilita la comisión de abusos sistemáticos […]. Si las recientes acusaciones sobre el uso del [software] Pegasus son parcialmente ciertas, entonces esa línea roja se ha cruzado una y otra vez con total impunidad”. Entre los casos citados por Amnistía Internacional, se encuentra el de Cecilio Pineda Birto, un periodista mexicano asesinado a tiros el 2 de marzo de 2017. Pineda Birto había estado recibiendo amenazas de muerte y la misma mañana de su fallecimiento había anunciado la futura difusión pública de un informe acerca de funcionarios locales corruptos que estaban en connivencia con figuras del crimen organizado. En 2021, el número de teléfono de Pineda apareció en una lista filtrada que contenía más de 50.000 números de teléfono de todo el mundo, potenciales objetivos de espionaje del software Pegasus. Tras una investigación conjunta, la organización periodística sin fines de lucro Forbidden Stories y Citizen Lab brindaron información sobre la lista filtrada, que incluía a cientos de periodistas y activistas, así como a muchos líderes mundiales. “Si no se hace nada para detener la comercialización de esta tecnología, no serán solo 50.000 objetivos. Serán 50 millones”, dijo el denunciante de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos Edward Snowden al periódico The Guardian. “Y eso va a suceder mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros espera. Hay que detener la comercialización de esta tecnología [para que eso no ocurra]”. El programa informático Pegasus se usó para espiar los teléfonos de algunos miembros de la familia de Jamal Kashoggi, el disidente saudí y periodista del periódico The Washington Post, tanto antes como después de que Kashoggi fuera brutalmente asesinado por un equipo de sicarios saudíes dentro del consulado de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018. Otra víctima del software de espionaje del Grupo NSO es Omar Radi, un periodista independiente de Marruecos que durante mucho tiempo ha informado sobre la corrupción, la expropiación de tierras y las violaciones contra los derechos humanos cometidos por el Gobierno marroquí. En 2020, Amnistía Internacional publicó un informe en el que se demostraba que el iPhone de Radi había sido infiltrado por el software Pegasus. “Pegasus es un programa silencioso. No lo sientes”, dijo en julio de 2020 Omar Radi a Democracy Now!, solo dos semanas antes de ser arrestado por la policía marroquí. “Puede usar tu micrófono, tu teclado, tu pantalla y obtener cualquier información almacenada en tu teléfono. No tengo idea de la cantidad de información que han robado de mi teléfono”. Radi fue condenado recientemente a seis años de prisión. Retomemos la conversación que tuvimos con el director de Citizen Lab, Ron Deibert: “El Grupo NSO es simplemente una de las muchas empresas mercenarias de software espía que existen a nivel mundial. Los Gobiernos que tienen mucho dinero pueden adquirir este tipo de despotismo tecnológico como un servicio. Hasta ahora nunca habíamos visto algo así: nunca habíamos visto la privatización de este tipo de espionaje digital”. La empresa Apple lanzó una actualización de software que supuestamente soluciona este problema. Pero seguramente los hackers encontrarán otras vulnerabilidades en los sistemas operativos de estos dispositivos digitales. Si no se prohíbe la comercialización y el uso de Pegasus y de otros programas espía similares, muchos defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas seguirán siendo vulnerados, espiados, golpeados, arrestados y asesinados.

Amy Goodman y Denis Moynihan Las imágenes que muestran el momento en que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos montados a caballo azotan a migrantes haitianos mientras estos intentan cruzar el río Bravo hacia Texas en busca de asilo conmocionaron al mundo esta semana. Ante la llegada de unos 15.000 refugiados que se resguardaron debajo de un puente en la ciudad fronteriza de Del Río, en Texas, el presidente Biden respondió con una campaña de deportaciones masivas. El Gobierno de Biden fletó varios aviones con destino a Haití para deportar a una gran cantidad de ciudadanos haitianos, a pesar de la convulsión política que vive ese país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido en julio y el devastador terremoto del pasado 14 de agosto. Para ello, el presidente Biden invocó una política anti-inmigrantes implementada por el expresidente Donald Trump en virtud del Título 42 del Código de Regulaciones Federales de Estados Unidos, que dispone que las autoridades de inmigración expulsen del país a solicitantes de asilo sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia. “¿Qué diablos estamos haciendo?”, preguntó la congresista demócrata del estado de California Maxine Waters, acompañada por otros miembros del Bloque Negro del Congreso, durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo el martes en la ciudad de Washington D.C. “Lo que hemos visto nos remonta a cientos de años atrás. Lo que presenciamos es peor que lo que pasó durante la época de la esclavitud: otra vez vaqueros azotando a personas negras —haitianas— con las riendas de sus caballos, empujándolas hacia el río, mientras se tropiezan y caen en el agua, cuando todo lo que están tratando de hacer es escapar de la violencia que viven en su país”. Otras voces críticas se sumaron a la de la congresista Waters. El miércoles por la mañana, el enviado especial de Estados Unidos para Haití, Daniel Foote, renunció a su cargo. En su carta de renuncia, obtenida por la cadena PBS, Foote escribió: “No puedo seguir vinculado a la inhumana y contraproductiva decisión de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados e inmigrantes ilegales haitianos a Haití, un país donde los funcionarios estadounidenses están confinados en instalaciones de seguridad debido a los peligros que representan las bandas armadas que controlan la vida diaria. […] El enfoque de nuestra política para Haití sigue siendo profundamente erróneo y mis recomendaciones al respecto han sido ignoradas y descartadas”. La dura carta de Foote continúa: “La población de Haití, sumida en la pobreza, rehén de la violencia, los secuestros, los robos y las masacres cometidas por pandillas armadas bajo un Gobierno corrupto que transa con ellas, simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin que eso provoque una nueva tragedia humana que podría ser evitada”. “El desmoronado Estado haitiano es incapaz de proporcionar seguridad o servicios básicos, y [la llegada de] más refugiados alimentará aún más la desesperación y el crimen. La migración a nuestras fronteras solo seguirá creciendo si sumamos más miseria inaceptable en Haití”, agrega el ex enviado especial a Haití en su carta de renuncia. También han surgido reportes que señalan que las autoridades estadounidenses colocaron esposas en las manos y grilletes en los pies a algunos de los migrantes haitianos y que la cantidad de vuelos de deportación está aumentando a unos siete por día. En 1492, Cristóbal Colón tocó tierra en la isla que bautizó con el nombre de “La Española” y, en nombre de España, sometió al pueblo indígena taíno a un brutal genocidio mientras extraía la mayor riqueza posible de esas tierras. España trajo personas esclavizadas de África para reemplazar a los indígenas que mataron. En 1697, Francia tomó el control de la mitad occidental de la isla, formando lo que luego se convertiría en Haití; mientras que la colonia española conocida como Santo Domingo, que luego sería República Dominicana, permaneció en la mitad oriental. La violencia y la opresión continuaron, y Haití se convirtió en la colonia más rentable de Francia. Aproximadamente el 85% de la población de Haití estaba conformada por personas esclavizadas, y la tortura, los azotes y las ejecuciones se utilizaban como instrumentos habituales de control. Las revoluciones que surgían en otras partes del mundo no pasaron desapercibidas para los haitianos, entre ellas la exitosa rebelión que se desató contra los británicos en las 13 colonias que luego se transformarían en Estados Unidos, y la Revolución francesa ocurrida en 1789. De hecho, los haitianos lucharon en la Revolución estadounidense. El Reino Unido ocupó la actual ciudad de Savannah, en el estado de Georgia, durante la Guerra de la Independencia y el Ejército Continental rebelde, al mando de George Washington, sitió la ciudad en 1779. Francia envió barcos y tropas para ayudar a los rebeldes, entre ellos unos 500 a 900 soldados de color reclutados en Haití. Los Chasseurs-Volontaires de Saint-Domingue, como se los llamaba, eran principalmente libertos haitianos de ascendencia africana. Muchos de esos combatientes haitianos murieron durante los enfrentamientos. En 2007, fue inaugurado en la ciudad de Savannah un monumento en honor a estos soldados haitianos. Los haitianos esclavizados se levantaron contra sus opresores franceses en 1791. Lucharon contra el que entonces se consideraba el ejército más grande del planeta, comandado por Napoleón, pero salieron victoriosos y en 1804 fundaron Haití, la “primera república negra” del mundo. Estados Unidos se negó a reconocer a la nueva nación de Haití, temiendo que el exitoso levantamiento de esclavos inspirara revueltas similares en Estados Unidos. En 1825, Haití se vio obligado a pagar reparaciones a Francia, lo que causó estragos en la economía haitiana durante más de 100 años. Desde la década de 1950, una seguidilla de dictaduras, golpes de Estado, asesinatos, intromisiones políticas y ocupaciones de Estados Unidos, así como también una serie de terremotos, huracanes y sequías, han convertido a Haití en la nación más pobre del hemisferio occidental. Dada la magnitud y la duración del sufrimiento del pueblo haitiano, es sorprendente que solo 15.000 refugiados se hayan reunido bajo ese puente de Del Rio, en Texas. El Gobierno de Biden tiene la oportunidad de cambiar de dirección, de dejar a un lado los látigos y grilletes que los haitianos han soportado durante más de 500 años y cumplir con la promesa de una vida mejor para los pobres y expatriados simbolizada en ese imponente monumento que Francia le regaló a Estados Unidos: la Estatua de la Libertad.

Amy Goodman y Denis Moynihan “¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar, por favor! ¡No puedo respirar, por favor!”. Esta súplica quedó grabada en las cámaras corporales de los policías de la ciudad estadounidense de Aurora, en el estado de Colorado que abordaron violentamente a Elijah McClain, un joven afroestadounidense de 23 años de edad que retornaba caminando a su hogar luego de comprar unas latas de té helado en la tienda de la esquina de su casa. Eran las 10:43 p.m. del 24 de agosto de 2019. Los operadores de la línea de emergencias de la ciudad de Aurora habían recibido la llamada de una persona que denunciaba la presencia de “un hombre negro sospechoso que llevaba un pasamontañas y que actuaba raro”. Un oficial que acudió al lugar luego de la llamada se acercó a McClain y le dijo: “Deténgase, tengo derecho a detenerlo, ya que está actuando de manera sospechosa”. En diez segundos, los oficiales derribaron a Elijah y lo inmovilizaron contra el suelo. El joven dijo entre sollozos: “Mi nombre es Elijah McClain. […] Soy introvertido. Soy diferente. […] ¡Solo soy diferente! ¡Eso es todo!”. Elijah continuó: “¿Por qué me están atacando? No uso armas. Ni siquiera mato moscas. No como carne. […] Soy vegetariano. No juzgo a nadie […]. Respeto la vida de todos”. Sin embargo, el arresto violento continuó: los agentes inmovilizaron a Elijah a través de dos llaves de estragulamiento carotídeo sucesivas y una “llave de martillo” sobre su brazo, que causó dolor y lesiones en el hombro del joven. El equipo de urgencias médicas que acudió al lugar diagnosticó de forma errónea que McClain sufría del síndrome de “delirio agitado” y le inyectó una excesiva dosis de ketamina, un poderoso sedante. Elijah logró gritar: “No puedo sentirme. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Deténganse, por favor! […] Estoy intentando… ¡Por favor, ayúdenme!”. Esas fueron las últimas palabras que pronunció Elijah McClain. A los 18 minutos de haber sido abordado y atacado por la policía, Elijah McClain, joven masoterapeuta y talentoso violinista, —esposado, maltratado y aspirando su propio vómito— sufrió un paro cardíaco. Después de una reanimación tardía que lo dejó con muerte cerebral, McClain pasó varios días en el hospital, inconsciente y conectado a un respirador artificial. Murió el 30 de agosto de 2019. Casi dos años más tarde, mucho después de que funcionarios de Aurora dictaminaran que los agentes de policía y los paramédicos no habían cometido ningún delito, un gran jurado convocado por el ahora fiscal general de Colorado, Phil Weiser, emitió una acusación formal de 32 cargos penales contra los responsables de la muerte del joven. Tres oficiales de policía, Randy Roedema, Nathan Woodyard y Jason Rosenblatt, y dos paramédicos, Jeremy Cooper y Peter Cichuniec, fueron acusados el miércoles de homicidio culposo, homicidio por negligencia criminal y otros cargos de agresión. En 2020, el agente Rosenblatt fue despedido por haber escrito “ja, ja, ja” al comentar una foto en la que otros oficiales de Aurora recreaban de manera burlona la maniobra de estrangulamiento usada contra Elijah McClain. Los otros cuatro acusados fueron suspendidos sin goce de sueldo esta semana luego de que se anunciaran los cargos en su contra. Sheneen McClain, la madre de Elijah, dijo a un medio de la ciudad de Denver: “Estoy agradecida de que hayan visto lo que yo vi. [Mi hijo] nunca debería haber sido detenido, nunca debería haber sido maltratado, nunca debería haber sido esposado y nunca deberían haberle dado ketamina”. La muerte de Elijah McClain a manos de la policía atrajo la atención nacional durante las masivas protestas que estallaron después del asesinato de George Floyd, perpetrado por la policía de la ciudad de Mineápolis el 25 de mayo de 2020 —el Día de los Caídos—, nueve meses después de la muerte de Elijah. Miles de manifestantes bloquearon autopistas de Aurora en señal de protesta; en una de las manifestaciones algunos de ellos fueron embestidos por un automóvil y recibieron disparos. Uno de los momentos más conmovedores de las protestas que se sucedieron en todo el mundo tras la muerte de Floyd tuvo lugar el 27 de junio de 2020. Ese día, frente al Centro Municipal de Aurora, se realizó una vigilia musical, en la que un gran grupo de violinistas se juntó para interpretar música clásica en honor a la vida de Elijah McClain. Elijah amaba la música y solía ir a un refugio de animales para tocar el violín y consolar a los gatos abandonados que allí se encontraban. La policía antidisturbios de Aurora reprimió violentamente la vigilia. La lucha de la familia McClain para lograr justicia para Elijah, sumada a las masivas y constantes protestas que se realizaron, fueron claves para que el gobernador de Colorado, Jared Polis, emitiera una orden ejecutiva que facultaba al Fiscal General del estado a investigar los pormenores de la muerte del joven. La acusación presentada el miércoles fue el resultado de esa investigación. Durante los últimos dos períodos legislativos, la representante estatal de Colorado Leslie Herod impulsó tres proyectos de ley de responsabilidad policial, que el gobernador Polis convirtió en ley. En conversación con Democracy Now!, la representante Herod afirmó: “Fue la voz de Sheneen y su lucha lo que llevó a que el estado de Colorado aprobara estas leyes de responsabilidad policial, las de mayor alcance e impacto que hay en Estados Unidos hasta el momento”. Estas leyes, continuó Herod, “estipulan que la [administración] de ketamina constituye un uso [indebido] de la fuerza por parte de la policía y nos aseguran que podamos tener Investigaciones Especiales cuando alguien muere a manos o bajo la dirección de las fuerzas del orden. [Con estas leyes también] prohibimos las maniobras de estrangulamiento y terminamos con la inmunidad calificada [de los agentes de policía]”. La representante Herod explicó dónde y cómo se enteró de la muerte de Elijah. Fue durante una protesta que se realizó en junio de 2020 luego del asesinato de George Floyd. “Una mujer pequeña y tranquila dio un paso adelante de la multitud y se acercó. Le entregué el megáfono. Ella dijo '¿Por qué están aquí ahora por alguien que murió en otro estado, pero cuando le pedí ayuda a la gente de Colorado para apoyar a mi hijo no apareció nadie?'. La multitud se volvió hacia mí y la persona organizadora del evento me preguntó: '¿Quieres que le retiremos el micrófono?'. Yo le contesté: 'No, quiero tener esta conversación'. Le pregunté a la mujer quién era su hijo. Cuando ella dijo “Elijah McClain”, supe que su voz debía ser escuchada. A partir de ese momento, trabajamos codo a codo para aprobar las leyes de responsabilidad policial”. Las luchas populares no solo inspiran el cambio, son la clave para lograrlo.

Amy Goodman y Denis Moynihan “Me pongo de pie hoy con el corazón apesadumbrado, lleno de tristeza por las familias y sus seres queridos que fueron asesinados y heridos esta semana”. Así se expresaba, emocionada y con voz temblorosa, la congresista demócrata de California Barbara Lee desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 14 de septiembre de 2001, tres días después de los devastadores ataques del 11 de septiembre. El país estaba conmocionado por la muerte de más de 3.000 personas, y el presidente de entonces, George W. Bush, comenzaba ya a hacer sonar los tambores de guerra. Lee pronunció estas palabras en el debate —de cinco horas de duración— que tuvo lugar en la Cámara baja sobre la concesión de amplios poderes de guerra al presidente para usar la fuerza militar en represalia por los ataques. El Senado ya había aprobado la autorización en una votación unánime de 98 votos a favor y ninguno en contra. Ese 14 de septiembre, Barbara Lee sería la única miembro del Congreso en votar en contra de la guerra. La votación final en la Cámara de Representantes fue 420 a 1. “Solo los más tontos o los más despiadados podrían no comprender el dolor que ha paralizado al pueblo estadounidense y a millones de personas en todo el mundo”, continuó Lee. “Este terrible ataque contra Estados Unidos me ha hecho confiar en mi brújula moral, en mi conciencia y en mi Dios para orientarme. El 11 de septiembre cambió el mundo. Ahora nos acechan nuestros miedos más profundos. Sin embargo, estoy convencida de que la acción militar no evitará otros actos de terrorismo internacional contra Estados Unidos”. Barbara Lee había preparado su discurso a toda prisa. La congresista pensaba que la resolución iba a pasar antes por el Comité de Servicios Armados, pero el presidente republicano de la Cámara de Representantes la puso directamente a consideración del pleno de la Cámara baja. En un evento patrocinado por el Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés), a pocos días del vigésimo aniversario del 11 de septiembre, la Congresista Lee contó a Democracy Now!: “Tuve que bajar corriendo al recinto. Estaba tratando de ordenar mis pensamientos… Solo tuve tiempo de garabatear algo en una hoja de papel”. Esas palabras que Barbara Lee anotó a las apuradas en un papel resonaron fuerte en el recinto de la Cámara baja: “Por más difícil que sea esta votación, algunos de nosotros debemos exhortar a la moderación. Nuestro país está de luto. Hagamos una pausa, tan solo un minuto, y pensemos bien en las repercusiones que tendrán las decisiones que tomemos hoy, para que esto no se salga de control’”. Las cosas se salieron efectivamente de control. El Instituto Watson de la Universidad de Brown calcula que al menos 801.000 personas, casi la mitad de ellas civiles, han muerto por la violencia de guerra directa posterior al 11 de septiembre en Irak, Afganistán, Siria, Yemen y Pakistán. Miles de militares y contratistas estadounidenses han muerto o han resultado heridos. Asimismo, el Instituto estima que la cifra que los contribuyentes estadounidenses han tenido que pagar por esas acciones de guerra supera largamente los ocho billones de dólares. En “Punto de inflexión”, un nuevo y abarcativo documental de cinco capítulos sobre la respuesta de Estados Unidos a los ataques del 11 de septiembre, la congresista Lee reflexiona sobre la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar —o AUMF, por sus siglas en inglés— contra la que ella fue la única voz disidente. “La Autorización para Usar la Fuerza Militar se ha utilizado más de 41 veces en unos 19 países que no tuvieron ninguna relación con los hechos del 11 de septiembre. […] Se ha empleado en todo el mundo como base para usar la fuerza y para bombardear y participar en operaciones militares. Eso es inconstitucional. Allana el camino para una guerra perpetua”. La congresista Lee votó valientemente en contra de la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar hace veinte años, cuando todavía ardían los escombros en la Zona Cero, en el Pentágono y en las afueras de Shanksville, Pensilvania, donde el vuelo 93 de United Airlines se estrelló mientras los pasajeros y la tripulación luchaban contra los secuestradores del avión. Inmediatamente después de la votación, Lee comenzó a recibir amenazas de muerte y se la acusó de traidora y de antiestadounidense. Pero también recibió otro tipo de mensajes: “De hecho, el 40% de las 60.000 comunicaciones [que recibí] fueron muy positivas. Personas de todo el mundo, entre ellas el obispo [Desmond] Tutu y [la escritora y activista estadounidense] Coretta Scott King, me enviaron mensajes muy positivos”. En ese momento, Barbara Lee era una de las miembros más recientes del Congreso de Estados Unidos y una de las pocas mujeres afroestadounidenses en ocupar una banca en la Cámara de Representantes o en el Senado. Cuando Democracy Now! le preguntó de dónde sacó el coraje para adoptar esa posición tan difícil, Lee contestó: “Soy una mujer negra en Estados Unidos”. Luego la congresista contó una historia que rara vez comparte en entrevistas, sobre el día en que nació, en la ciudad de El Paso, en Texas: “Mi madre necesitaba hacerse una cesárea y fue al hospital. [Al principio] no la admitieron porque era negra”, contó la Congresista Lee. “Ella estaba inconsciente y tuvieron que sacarme del vientre de mi madre con unos fórceps. Por poco muero en el parto. Y mi madre casi muere al tenerme. Creo que todo lo que sigue después de eso no es un gran problema”. El 14 de septiembre de 2001, la congresista Barbara Lee cerró su histórico discurso con una súplica por la paz y la diplomacia que todos deberíamos recordar: “Ha sido muy difícil para mí decidir este voto. Pero hoy, durante la dolorosa y emotiva ceremonia en homenaje a las víctimas de los ataques, comprendí que debía oponerme a esta resolución. Hago mías las palabras que pronunció de forma tan elocuente un miembro del clero: 'Al actuar, no nos convirtamos en el mal que deploramos'”. © 2021 Amy Goodman