Derecho Constitucional y Organización del Estado.

La Constitución española hace referencia tanto a los Sindicatos como a la libertad de sindicación, así, el artículo 7 CE establece “... los sindicatos de trabajadores contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Por su parte, en el art. 28.1 se establece la libertad de sindicación, es decir: nadie está obligado a afiliarse a un Sindicato si no quiere. Por tanto, hablamos de voluntariedad en la afiliación y no de obligación de afiliarse. Dice el art. 28.1 “... Todos tienen derecho a sindicarse libremente. (...)”: La libertad sindical, por tanto, comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección o a no afiliarse; así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas.

La Constitución española hace referencia tanto a los Sindicatos como a la libertad de sindicación, así, el artículo 7 CE establece “... los sindicatos de trabajadores contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Por su parte, en el art. 28.1 se establece la libertad de sindicación, es decir: nadie está obligado a afiliarse a un Sindicato si no quiere. Por tanto, hablamos de voluntariedad en la afiliación y no de obligación de afiliarse. Dice el art. 28.1 “... Todos tienen derecho a sindicarse libremente. (...)”: La libertad sindical, por tanto, comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección o a no afiliarse; así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas.

Los LAJ. son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad y que ostentan la dirección de la Oficina Judicial. Veamos con detenimiento su regulación.

Análisis detallado de la organización de la nueva oficina judicial, su estructura y desarrollo.

La asistencia jurídica gratuita: cómo acceder y obtener ayuda legal sin recursos recursos para litigar. Cual es el procedimiento?

La Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia es un texto elaborado por el Ministerio de Justicia, los diferentes grupos políticos además de un amplio grupo de profesionales relacionados con el mundo judicial. Se tramitó como una Proposición no de Ley y fue aprobada por el Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los Grupos parlamentarios el día 16 de abril de 2002.

Vemos con detalle las competencias del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.

Competencias y atribuciones de los juzgados: todo lo que necesitas saber.

El Ministerio Fiscal es un órgano con relevancia constitucional al que el artículo 124 de la CE, dentro del Título VI “Del Poder Judicial”, se refiere en los siguientes términos: “El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés publico tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.” Además del precepto constitucional trascrito, la normativa que regula el Ministerio Fiscal y en el que se establece el desarrollo básico de las funciones, la estructura y organización de esta Institución, así como su organización administrativa se contiene en la Ley 50/1981 de 30 de diciembre, denominada Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en adelante EOMF.

Una de las claves del principio de unidad jurisdiccional consiste en la configuración de una Carrera Judicial en la que se integren los Jueces y Magistrados, formando un cuerpo único y con un Estatuto Jurídico peculiar, que se desarrolla en la LOPJ, así el artículo 298 establece que las funciones jurisdiccionales se ejercerán únicamente por jueces y magistrados profesionales que forman la Carrera Judicial. Veamos como se accede a la carrera judicial.

Las garantías constitucionales del Juez se encuentran genéricamente diseñadas en el, tantas veces mencionado, art 117.1 CE, conforme al cual “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”. Sin estas cualidades no habría diferencia alguna entre los jueces y magistrados que ejercen la potestad jurisdiccional y el resto de funcionarios públicos que aplican el derecho pero que desarrollan otras funciones. La independencia ha de lograrse en varios frentes, frente a los demás poderes del Estado, frente a sus superiores jerárquicos, frente a las partes en el proceso y frente al objeto litigioso, para ello la LOPJ, dedica los Títulos segundo y tercero del Libro IV, artículos 378 al 433 a la regulación de la independencia y a la responsabilidad de los jueces y magistrados.

Se denominan conflictos de jurisdicción a los que surgen entre los órganos jurisdiccionales y la Administración del Estado, así como entre los órganos de la jurisdicción ordinaria y los de la militar –por razones atribuibles básicamente a imprecisiones en las normas delimitadoras de competencia y funciones–. Los conflictos de competencia son aquellos que se producen entre Juzgados o Tribunales de órdenes jurisdiccionales distintos. Las cuestiones de competencia, en cambio, se suscitan entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional. Veamos con detenimiento unos y otras.

El Consejo General del Poder Judicial es un órgano constitucional, colegiado, autónomo, integrado por jueces y otros juristas, que ejerce funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial frente a todos. Es importante señalar que la actuación del Consejo General del Poder Judicial no es de carácter jurisdiccional, pues este tipo de actividad está reservada, tal y como proclama el artículo 117 de la Constitución, a los Jueces y Tribunales. La labor de gobierno del Consejo es equiparable, en buena medida, a los actos administrativos y, al igual que estos últimos, sus resoluciones están sujetas al control de legalidad por parte de los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo. La función de Gobierno del Consejo versa sobre materias tales como los nombramientos, ascensos, y traslados; la inspección del funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los miembros de la Carrera Judicial. Mediante la atribución de este tipo de competencias al Consejo, se evita que otro poder del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo, pueda influir directa o indirectamente sobre la independencia judicial. Asimismo comentar que la función de gobierno de los Jueces y Tribunales no recae exclusivamente en el Consejo General del Poder Judicial, ya que las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia ostentan también competencias en esta materia, si bien, en última instancia sus resoluciones son revisables por el Consejo.

El marco institucional​ de la Unión Europea se compone de las siete instituciones a las que los Estados miembros de la Unión europea atribuyen competencias para el ejercicio comunitario de parte de sus poderes: Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea​, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas Europeo​. Definido por el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, este marco institucional "tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones".​

El 9 de mayo 1950, Robert Schuman, Ministro de Asuntos Exteriores francés, presentó un Plan, elaborado por él y por Jean Monnet, destinado a gestionar sus industrias pesadas —carbón y acero— de forma común. (En adelante, cada 9 de mayo se celebra el "Día de Europa") Esta idea que pasó a denominarse Plan Schumann, se convirtió al año siguiente en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, (CECA,) firmado el 18 de abril de 1951 en París. Este Tratado presentaba importantes novedades en el marco de las relaciones internacionales ya que los seis Estados firmantes (Italia, Francia, República Federal de Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) cedían algunas de sus competencias de gobierno a un órgano común. Sobre la base del éxito del Tratado constitutivo de la Comunidad del Carbón y del Acero, los seis países miembros amplían la cooperación a otros sectores económicos, así el 25 de marzo de 1957 firman el Tratado de Roma creando la Comunidad Económica Europea (CEE), o “mercado común” . El objetivo es que personas, bienes y servicios puedan moverse libremente a través de las fronteras. En esa misma fecha se firma el Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. (EURATOM).

En el Título Preliminar de la CE, concretamente en su art. 2, se establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones cuando se señala: “La CE se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Por lo tanto en España se mantiene una estructura unitaria del Estado, pero reconociendo el llamado hecho autonómico. Este principio de autonomía de las nacionalidades y regiones se desarrolla en el Título VIII de nuestra CE, que lleva por rúbrica “De la Organización territorial del Estado”; y comprende los arts. 137 a 158 ambos inclusive. El Título VIII se divide en tres capítulos: Ø Capitulo I. “Principios Generales” Ø Capitulo II. “De la Administración Local” Ø Capitulo III. “De las Comunidades Autónomas”

El Gobierno, dentro del sistema de poderes de todo Estado democrático, se configura como Poder Ejecutivo, ya que su misión fundamental es "ejecutar" las decisiones que tomen las Cortes Generales, que ostentan el Poder Legislativo. Al hablar del Gobierno, lo calificaremos como "central", para diferenciarlo de los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas. Su regulación se localiza dentro del Título IV de la Constitución (CE) y abarca los artículos del 97 al 102 y por la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno, (LG), reformada por disposición final 3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. (LRJSP)

El artículo 14 de la Constitución de 1978 proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación, citando como motivos especialmente rechazables el nacimiento, la raza, el sexo, la religión u opinión, y prohibiendo la discriminación por cualquier otra circunstancia personal o social. Además, el apartado segundo del artículo 9 establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sea real y efectiva. Así, la no discriminación se constituye como un complemento del derecho a la igualdad y como garantía del disfrute de todos los derechos fundamentales y libertades públicas. Su vinculación inmediata con la dignidad de la persona, uno de los fundamentos, según el artículo 10 de la Constitución, del orden político y de la paz social, expresa además el carácter necesario de la igualdad como elemento esencial para la construcción de una sociedad cada día más justa.

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio.

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.