Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Just

Luego de treinta años del último golpe de estado, y habiéndose derogado las leyes deObediencia Debida y Punto Final, Miguel Etchecolatz fue el primer acusado por genocidio. Jorge López era querellante en la causa y sin duda un testigo clave, ya que con sus declaraciones involucraban a por lo menos 62 militares y policías. Debido a su testimonio, Miguel Etchecolatz se halla detenido en una cárcel común, condenado a cadena perpetua por crímenes cometidos en el marco de un genocidio. Luego de la condena de Etchecolatz, Jorge López fue desaparecido sin dejar rastros, el día 18 de septiembre de 2006, en la ciudad de La Plata.1 Durante los largos años que median desde la desaparición de Jorge Julio López, ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial han obtenido ningún éxito en sus pesquisas. Los funcionarios, por su parte, han asegurado su optimismo respecto de una pronta reaparición y la existencia de “progresos substanciales” sin dar a conocer cuáles son esos progresos o en qué se funda su optimismo.2 En contraposición, la familia del albañil desaparecido reclama al menos “una noticia, por mala que sea”.3 Por su parte, los Organismos de Derechos Humanos han planteado desde un comienzo que la desaparición de Jorge Julio López involucra a miembros de fuerzas de seguridad retirados y en actividad. Denunciando además la inacción de la Justicia y los diversos órdenes del gobierno para esclarecer el hecho.4 El día 8 de enero de 2007 la diputada nacional Nora Ginzburg presentó un proyecto de ley que en su artículo primero solicitaba la conformación de una “comisión bicameral especial destinada a mantener informado al Congreso de la Nación sobre el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el secuestro y la desaparición del señor Jorge Julio López y el secuestro y posterior aparición con vida del señor Luis Ángel Gerez, sin que ello importe el desplazamiento de los respectivos órganos naturales a cargo de la investigación.”. El proyecto no avanzó. La diputada, el 15 de febrero, presentó entonces un proyecto de resolución solicitando un pedido de informe al Poder Ejecutivo respecto de los casos de López y Gerez. Por segunda vez su presentación no prosperó. El 27 de febrero Ginzburg insistió con su proyecto de formación de una comisión bicameral. El presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Ballestrini, le denegó su pedido. Consiguió, en cambio, que se tratara su proyecto de pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional. Por 118 votos en contra y solo 47 a favor el proyecto fue rechazado. Todos los diputados del Frente para la Victoria y delPeronismo Federal votaron por la negativa. Fuente: Wikipedia

Luciano Nahuel Arruga (n. 29 de febrero de 1992) es un adolescente argentino de 16 (actualmente tendria 21 años)1 que se encuentra desaparecido desde el 31 de enero de 2009, cuando fue secuestrado por la policía bonaerense en Lomas del Mirador,Provincia de Buenos Aires.2 Su desaparición fue una represalia por su negativa a robar para los oficiales. Un peritaje con perros determinó que Arruga había estado en la comisaría 8ª de Lomas de Mirador y en uno de los patrulleros, que esa noche no había cumplido con su recorrido programado y según el registro electrónico de su desplazamiento circuló por descampados.3 El caso Luciano Arruga ha sido presentado en Argentina como un ejemplo emblemático de desaparición forzada durante democracia por organizaciones de derechos humanos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas la cual en su informe del 2010 exige a las autoridades argentinas de “concluir una investigación exhaustiva e imparcial” e incluirlo en “conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.4 5 En febrero de 2010 la familia solicitó que se investigara como una desaparición forzada y por lo tanto pasara a la justicia federal pero hasta hoy la causa sigue en el Juzgado Nº 5 de La Matanza.6 En agosto de 2012, su familia fue recibida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, a quien le pidieron que aparte de la fuerza a los 8 efectivos sospechados de haberlo secuestrado, torturado y desaparecido, así como también la cesión del ex destacamento de Lomas del Mirador –donde se vio al joven por última vez con vida - para construir un espacio de contención para las víctimas de violencia institucional. La familia espera que el gesto político del gobierno de escuchar sus reclamos se traduzca en resultados contundentes y se avance en la investigación caratulada como ‘averiguación de paradero’. La causa sigue inconclusa, por ello Salta La Banca, banda Argentina,en el año 2013 creo un CD dedicado a Luciano (COPLA: Canto obligado por Luciano Arruga) en honor a su persona. Fuente: Wikipedia

El 13 de febrero de 2002 un patrullero se llevó al joven de 19 años y nunca lo volvieron a ver. Tres policías fueron absueltos, la Corte Suprema ordenó un nuevo juicio, que se hace esperar. El 13 se cumplieron 10 años de la mañana en que Elías Gorosito, un joven de 19 años de Bajada Grande, fue subido a un patrullero a la fuerza y luego desaparecido. Dos años después juzgaron a los tres policías de la comisaría quinta de Paraná Lisandro Luis Rodríguez, Jesús Salvador López y Diego Javier Salvador por privación ilegítima de la libertad y la desaparición, pero el tribunal de la Sala 2 de la Cámara del Crimen, integrado por Silvia Nassar, Arturo Landó y Raúl Herzovich, los absolvió por falta de pruebas luego de que en el juicio el testigo clave cambiara su versión. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia confirmó el fallo, pero más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionó a los jueces entrerrianos y ordenó que se haga un nuevo juicio. Sin embargo hoy, tantos años después, no se explica cómo no se convoca al debate para que se dicte una sentencia justa. La condición de pobreza de la víctima y de su familia, sumada al estigma del delito en su historia y la necesidad de juzgar la actuación del propio Estado, son factores obvios por los cuales la Justicia provincial no ha mostrado mayor preocupación en fijar una fecha para el nuevo juicio. Los padres y las hermanas de Elías no bajan los brazos, no olvidan y no pierden las esperanzas de saber qué pasó. Piden fecha Los abogados querellantes en representación de la familia de Elías Gorosito, Rubén Pagliotto e Iván Varnengo, presentarán esta semana un pedido a la Sala 2 de la Cámara del Crimen para que fije fecha de manera urgente para el nuevo juicio que pueda esclarecer las responsabilidades en la desaparición del joven. Un juicio que terminó en mamarracho y la orden de la Corte para que se haga otro, que aún no convocan. Los tres policías del móvil 97 de la comisaría quinta fueron a juicio en abril de 2004. Un testimonio los mandaba presos: Ariel Zárate estaba con Elías y vio cómo lo subían al patrullero, y lo contó a los familiares y también a la jueza de Instrucción. En el juicio, Zárate estaba preso y sorpresivamente cambió la versión: dijo que esa mañana caminaba junto a Gorosito por el Mosconi cuando se apareció el patrullero y un policía lo golpeó con la Itaka, pero que no podía precisar si los imputados eran los del patrullero. La familia de Elías sostiene que Zárate se vendió. El testigo agregó que un quiosquero de Mosconi lo vio, pero no habló por miedo. También, mencionó que a Elías “la Policía lo buscaba para pegarle y relacionarlo con hechos ocurridos en la zona de Bajada”. En la siguiente jornada, otro testigo cambió de versión: “Mentí al decir que nada sabía porque tenía miedo, pero Zárate me contó todo lo que había pasado”, dijo Carlos Colman, quien relató: “Estábamos con mi hermano en la puerta de mi casa y llegó Ariel Zárate diciendo que la Policía se había llevado detenido a Elías Gorosito, pero él no nos dijo qué móvil ni cuántos policías iban ni de qué comisaría eran. Dijo que paró un patrullero y se llevó a Gorosito”, y agregó: “Yo no vi nada, pero nadie puede desaparecer de esa manera”. El querellante pidió “la presentación de dos nuevos testigos que habrían visto el hecho”, moción que fue aceptada por el fiscal y rechazada por los defensores. Los jueces finalmente no hicieron lugar a la solicitud. En los alegatos, el querellante pidió seis años de prisión para los policías, porque quedó en claro que el móvil 97 se llevó a Elías, y detalló las innumerables fallas en la investigación. El fiscal pidió la absolución de los acusados porque “las declaraciones de Zárate no fueron contundentes”, y “sólo se investigaron sus aseveraciones”. Los defensores coincidieron en el pedido de absolución y agregaron que “Zárate siempre mintió y debe ser investigado”, que toda la causa se armó en base a su relato y nunca se tuvo el de Pellegrini y el registro de la comisaría 11ª, donde consta un tiroteo en que Gorosito terminó herido, entre otras. “Lo más lastimoso de esta causa es que quedará inconclusa”, sostuvo uno de ellos. Ante una sala colmada de familiares de Elías y de los imputados, además de los medios de prensa, la presidenta del Tribunal, Teresita Nazar, anunció: “Los acusados son absueltos de culpa y cargo del delito de privación ilegitima de la libertad” y ordenó su inmediata libertad y abandono de la Unidad Penal Nº 1, donde estuvieron unos dos años. Agregó: “Los tres acusados pueden ser reincorporados a la fuerza policial cuando esta lo disponga”. Además, indicó que “Zárate será investigado por el delito de falso testimonio” y confirmó el rechazo por parte del tribunal de la acción civil contra el Estado provincial pedida por la familia Gorosito (una indemnización por daño moral, reclamada por el querellante). La querella fue en queja al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que en la Casación rechazó el planteo y confirmó la sentencia. Pero luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la revocó y ordenó que se realice un nuevo juicio, porque entendió que el tribunal se equivocó al no admitir que declare una testigo. Se trata de Nora María de los Milagros Barrios, que afirma haber visto a varios policías llevarse a Gorosito en un patrullero. Será clave en el próximo juicio. *Fuente: Diario UNO, reproducido por Río Bravo

El miércoles 28 se cumple el 21º aniversario de la desaparición forzada de Andrés Núñez, secuestrado y desaparecido por la Brigada de Investigaciones de La Plata. Familiares de Andrés y organizaciones de derechos humanos convocan al acto de colocación de una placa conmemorativa en el lugar donde estuvo secuestrado y fue torturado en 1990. Con motivo del 21° aniversario de la desaparición forzada de Andrés Núñez, el miércoles 28 de septiembre a las 16 horas se colocó una placa en su memoria en la sede de la ex Brigada de Investigaciones de La Plata, ubicada en calle 61 entre 12 y 13. Ese mismo día, por la mañana, inhumaron sus restos en el Cementerio de La Plata en una ceremonia íntima. Andrés Núñez, un albañil de 30 años, desapareció de su casa de Villa Elvira en septiembre de 1990 y, desde entonces, su familia denunció que un grupo de policías habían ido a buscarlo a la casa de sus padres y se lo llevaron. Fue en 1995 cuando el ex policía Daniel Ramos confesó que junto a otros agentes de la Brigada lo habían torturado y asfixiado con una bolsa para que se hiciera cargo del robo de una bicicleta. El cuerpo de Núñez fue encontrado en el establecimiento El Roble, en General Belgrano. Una pericia del Equipo Argentino de Antropología Forense permitió establecer a través de los restos hallados que se trataba del cadáver del albañil. El juicio En diciembre, la Justicia de La Plata condenó a prisión perpetua a dos ex policías bonaerenses por torturas y el asesinato de Andrés Núñez. En el veredicto, el ex sargento Jorge González fue hallado responsable de "privación de la libertad agravada en concurso con torturas seguida de muerte" y el ex cabo Víctor Dos Santos por este último delito. En rigor, había un tercer policía imputado en el juicio, José Ramos, pero para él no se pidió condena argumentando su defensa su estado psicológico y psiquiátrico. Además el Tribunal dispuso la investigación por irregularidades del ex juez encargado de la causa, Amilcar Vara. Los jueces del Tribunal denunciaron al sistema judicial ordenando que se investigue al ex juez Amílcar Vara, quién había tomado la causa cuando comenzó pero fue destituido en 1998 al probar irregularidades en 26 causas que él llevaba, en las que estaban implicados personal policial, una de ellas la de Miguel Bru. Para el esclarecimiento de los hechos fue fundamental la declaración de David Guevara, quien estuvo detenido junto a Andrés Núñez la noche del 28 de septiembre de 1990, en la Brigada de investigaciones de la Plata. Guevara, de 16 años en aquella época, sufrió las mismas torturas por parte de efectivos policiales de dicha institución, para que declare un robo que no había cometido, aseveración que se certificaría posteriormente con los testimonios recabados. A diferencia de Núñez, Guevara resistió las torturas, tal como aseguró la fiscal en su alegato. Guevara aseguró haber visto al ex juez Amilcar Vara en la Brigada de Investigaciones el día que torturaron y asesinaron a Núñez. A su vez, indicó haber visto a Núñez, de quien más tarde sabría, por dichos de otros presos, que a los efectivos se les "había ido la mano" y que lo habían matado. Aún permanecen evadidos de la Justicia otros dos acusados: el entonces jefe de la Brigada, Luis Raúl Ponce, quien habría dado la orden de que se modificaran los libros de guardia de la Brigada para ocultar el crimen, y el policía Pablo Gerez. Con el paso del tiempo el delito puede proscribir y los imputados prófugos quedarían exentos del juicio y da la condena. Ante la posibilidad de que los imputados no sean juzgados, el abogado de la familia, Eduardo Hortel, pidió a la Suprema Corte de Justicia que la causa sea declarada de lesa humanidad para impedir su proscripción. Fuente: lafogata.org

El caso Bru Como dice el cantante y padrino de la Asociación Miguel Bru, León Gieco, “todo está guardado en la memoria espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento”. El 17 de Agosto de 1993, marca un antes y un después en la historia del gatillo fácil en la Argentina. Desaparece Miguel Bru, que tenía 23 años y estudiaba periodismo en la Universidad de La Plata Desde ese trágico día, sus familiares y amigos nos preguntamos “¿Dónde está Miguel?”, un interrogante que pronto se convirtió en la consigna desde la cual nos convocábamos y encarábamos la lucha. Con ella pintábamos banderas y titulábamos volantes y comunicados de prensa que entregábamos en lugares públicos, en plazas, en facultades y en los barrios. A Miguel, sus familiares y todos sus amigos y compañeros de Universidad lo recordamos como una persona muy buena, generosa, que tenía un gran afecto por los animales; un tipo muy dulce y cariñoso que no soportaba los atropellos, hijo y hermano muy afectuoso, que amaba la libertad por sobre todas las cosas. Cristian Alarcón, amigo de Miguel, quien con su investigación periodística en el diario Página 12, fue uno de los impulsores para que se supiera la verdad, escribió: “Miguel era parte de una gran banda que sabía pasarla bien, aunque golpeada, solía caminar en zigzag en grandes patios llenos de rock cuando éramos universitarios y estudiábamos periodismo en lo que llamábamos la Escuelita. Solíamos escaparnos irresponsablemente de las clases aburridas para seguir el ritmo de la ciudad donde en esa época los pibes no querían dormirse y todo devenía en festejo, ruidos de baterías punkies, cierta nube de precoz desesperanza mezclada con la candidez y la virginidad más desenfadada que haya conocido”. La Facultad de Periodismo tenía una característica muy peculiar: era una de las que más actividad y conciencia política tenían sus alumnos. Nosotros sabíamos de los resabios de la dictadura militar que mantenía en sus prácticas la policía, plagada de hechos corruptos y violentos. Era común por esos tiempos las detenciones de jóvenes por averiguación de antecedentes, que luego eran sometidos a provocaciones, malos tratos o torturas, u otros tipos de desbordes que llegaron hasta el asesinato inclusive. Eran conocidos entonces los casos de Maximiliano Albanesse, asesinado por policías en la puerta de un boliche bailable, el caso de Andrés Núñez, un albañil asesinado por policías en la Brigada de Investigaciones de La Plata, el caso de Walter Bulacio, asesinado por policías en un recital de rock, y el caso Guardatti, también asesinado y desaparecido por la policía. Estos ya habían llenado varias páginas de la prensa y también generado varias marchas. Miguel vivía en una casa tomada, con varios integrantes de la banda de música y allí ensayaban, hacían reuniones. Allí mismo había sido víctima de dos allanamientos ilegales muy violentos y a punta de pistola, por personal de la Comisaría 9º de La Plata, con la excusa de que los vecinos habían denunciado ruidos molestos, la primera vez, aunque nunca se supo quién fue el denunciante, y la segunda aduciendo un supuesto robo a un quiosco que nunca existió. La policía nunca reconoció estos hechos. En el allanamiento rompieron varios instrumentos y se llevaron a algunos detenidos, sin encontrar rastro alguno de lo que buscaban. Miguel, creyendo que se protegía, luego de consultarlo con su madre, denunció al personal policial. Esto sin duda agravaría las cosas: empezó a ser víctima de un hostigamiento constante, lo amenazaban diciendo que si no retiraba la denuncia lo matarían, lo insultaban lo perseguían a paso de hombre con sus autos, incluso en presencia de su novia y de sus amigos. Un día fue a cuidar la casa de unos amigos que vivían en el campo a 50 kilómetros de la ciudad de La Plata y desde entonces nunca más volvimos a verlo. Aparecieron, sí, su ropa y su bicicleta ubicadas prolijamente a la orilla del Río de la Plata, cerca del cual se encontraba la casa que Miguel cuidaba. La policía no quería tomar la denuncia por su desaparición en ninguna de las comisarías donde peregrinaba su madre y tampoco quería buscarlo. Entonces comenzamos con lo que primero fueron sospechas y luego certezas: Miguel era otra víctima más del atroz accionar del personal policial. Pero la policía no había tenido en cuenta que Miguel era un estudiante universitario y que sus compañeros y amigos, encabezados por su madre, empezamos a movilizarnos y desde la universidad pública creamos también una verdadera ingeniería en los medios de comunicación. A través de ellos el hecho tomó rápidamente relevancia pública y miles de personas marcharon por las calles. Desde la facultad empezamos a elaborar un sinnúmero de documentos políticos y periodísticos directos y punzantes, que mezclaban la fuerza, la ternura y el dolor sincero de una madre con la formación y la juventud de estudiantes universitarios de periodismo. Y para preservar nuestra identidad y darnos cohesión como entidad, firmábamos con el nombre de Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Miguel. Por su parte, los policías tenían a su favor un hecho clave: la complicidad judicial. El juez de la causa, Amílcar Vara, misteriosamente se negaba a vincular la desaparición de Miguel con la actividad del personal policial y públicamente aseguraba “mantengo la íntima convicción de que Miguel está vivo”. En sus oficinas, varias personas escucharon frases tales como “mirá lo que parece en esta foto. Seguro que era homosexual y drogadicto”, e incluso llegó a decirle a Rosa Bru, sin fundamento alguno, “sospecho que se ha ido con alguna chica a Brasil”. Este tipo de frases también fue escuchado por las madres de los desaparecidos de la última dictadura cuando golpeaban las puertas de los militares para pedirles explicaciones sobre la desaparición de sus hijos. Con argumentos similares se amasó, durante muchos años, el inconsciente social argentino. Las frases “en algo andará” o “por algo será”, justificaron desde todos los estratos sociales, los crímenes aberrantes que hoy estamos contando. Por si fuera poco, el juez Vara no volcaba en los expedientes las declaraciones que vinculaban a los policías con el hecho, mantenía la carátula de la causa como averiguación de paradero y no le permitía a Rosa Bru,intervenir en la misma como particular damnificado, alegando que “si no hay cuerpo, no hay delito”, un argumento que también utilizaban los responsables de la desaparición de personas durante la última dictadura militar. Sus fundamentos iban cayendo a medida que se aportaban más pruebas que incriminaba a la policía. Finalmente, los familiares y amigos de Miguel conseguimos que fuera sometido a un jury de enjuiciamiento, para ser destituido al comprobársele irregularidades en 26 causas distintas en las cuales estaba involucrado personal policial. Este caso fue víctima, asimismo, de un accionar histórico en los procedimientos de las fuerzas de seguridad argentinas, el denominado “espíritu de cuerpo”, que es el encubrimiento y la complicidad de toda la fuerza cuando un miembro de ella comete una irregularidad, sin importar la gravedad de la misma. Pedro Klodzyc, jefe de la policía bonaerense en ese momento, hoy recordado como uno de los máximos impulsores de la llamada “maldita policía”, dijo en ese momento “no hay ningún nexo que permita vincular el accionar de personal policial con la desaparición de Bru”, a pesar de las declaraciones de sus familiares y amigos que señalaban que Miguel era permanentemente amenazado por efectivos. Pero, como dicen algunos, “el delito perfecto no existe”. Gracias a las declaraciones de seis detenidos en la Comisaría 9º que oficiaron de testigos del caso, pudo saberse que Miguel Bru fue ingresado en esa seccional el 17 de agosto de 1993, entre las 11 y 12 de la noche. Los presos, al escuchar los gritos de Miguel, espiaron por las ventanas de sus celdas y vieron cómo era torturado hasta la muerte con la práctica denominada del submarino seco, esto es golpes en el estómago con una bolsa de nylon en la cabeza que produce asfixia, un método también utilizado durante la dictadura. Por si con el testimonio un hubiera sido suficiente, se realizó además una pericia caligráfica sobre el libro de guardia de la seccional, en donde se asienta la entrada y salida de detenidos. En él había sido escrito el nombre de Miguel Bru, y luego borrado. En el lugar, encima del borrón, aparecía el nombre de otro detenido. Uno de los presos alojado en la Novena era Horacio Suazo, que increpaba a los policías gritándoles “qué le hicieron a ese pibe” y los amenaza con denunciarlos. Meses después, una vez liberado, en un operativo con pruebas “armadas”, Horacio fue asesinado. Pero antes, tuvo una idea que sería reveladora: habló con su hermana sobre el hecho. Ella le cuenta a Rosa, la madre de Miguel, lo que había escuchado de labios de su hermano. Luego de buscarla incansablemente durante varias noches de vigilia, Rosa finalmente la encuentra y registra el testimonio con un grabador escondido en su cartera. Pocos días después, entrega la cinta a un diario que publica el texto y al juez no le queda más remedio que detener a los policías y excusarse de la causa para ser sometido a juicio, ya que tampoco había volcado en los expedientes el testimonio que ésta le había hecho luego de la muerte de su hermano. “Ella era prostituta y no quise embarrar la causa”, le decía el ex juez Vara a la madre de Miguel. Sin un juez corrupto al frente de la investigación penal, y con la presión ejercida por el estado público que había tomado la misma, las pruebas se sumaban y se convertían en irrefutables. En 1995, luego de la declaración de los testigos, la justicia dicta la prisión preventiva a uno de los policías, el sargento Justo López –que ya tenía numerosas denuncias por abusos y violaciones de todo tipo en la dependencia de asuntos internos de la fuerza. Finalmente, en 1996, se ordena la detención del subcomisario Walter Abrigo, del comisario Juan Domingo Ojeda y de los efectivos Jorge Gorosito y Ramón Cerecetto. En mayo de 1999 comienza el juicio oral y público. En él fueron condenados a prisión perpetua los policías Justo José López y Walter Abrigo, acusados de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad y falta a los deberes de funcionario publico. En 2003, la Suprema Corte Bonaerense dejó firme la condena a ambos ex funcionarios policiales. El entonces comisario de la 9°, Juan Domingo Ojeda, fue condenado a dos años de cumplimiento efectivo de la pena, pero recuperó su libertad con sólo ocho meses de prisión, al igual que el oficial Ramón Cerecetto. La Asociación Miguel Bru continúa exigiendo el procesamiento de los y las policías que estaban en servicio en la Comisaría 9° la noche del 17 de agosto de 1993, por considerarlos cómplices del hecho, así como la investigación penal al primer juez que entendió en la causa, Amílcar Vara. El cuerpo de Miguel sigue sin aparecer hasta hoy en día, pero su muerte pudo comprobarse a través de pruebas indirectas. El cuerpo del delito puede configurarse sin la aparición del cadáver, ya que pueden considerarse otros elementos de juicio, como en este caso, la pericia caligráfica sobre el libro de guardia y los testimonios de los detenidos en la Comisaría 9º.