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La firma del acuerdo entre Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras - AVSF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-Colombia, en el marco del proyecto regional “Apoyo a la juventud en Sudamérica para un desarrollo sostenible e incluyente: compromiso ciudadano y formación en zonas rurales”, obtiene resultados en el acceso a formaciones técnicas -profesionales de los y las jóvenes rurales de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay.

La formación y certificación académica es una necesidad vigente para la juventud, especialmente en cuanto al desarrollo de diferentes habilidades que permitan el reconocimiento y remuneración adecuados del trabajo en el ámbito rural. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay cuentan con el proyecto Jóvenes Rurales que contribuye al desarrollo sostenible e incluyente de los territorios para aumentar el acceso a formaciones técnicas - profesionales de los y las jóvenes. En el Taller Experiencias en Certificación de competencias, se contó con la participación de personas expertas en educación rural de Latinoamérica, coincidiendo en la importancia de la formación académica como pilar y fortalecimiento para el desarrollo como jóvenes profesionales. Las experiencias que se compartieron en el taller desde Colombia y Perú permitieron conocer el enfoque de la competencia y su acreditación en el contexto de la preparación para el mundo del trabajo.

Experiencias formativas para la promoción del empleo y trabajo joven en la ruralidad: avances y temas pendientes

América Latina y el Caribe tienen una deuda social en relación al derecho a la educación, que no cuenta aún con la calidad y cobertura que requieren las poblaciones. La exclusión educativa afecta de manera particular a la juventud rural, viéndose en la necesidad de trabajar sin la suficiente formación, limitando las aspiraciones profesionales y condiciones laborales dignas. El proyecto Jóvenes Rurales contribuye al desarrollo sostenible e incluyente de los territorios en la región conformada por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay, mediante una mayor participación de los y las jóvenes. Para ello se actúa sobre dos ejes estratégicos: El compromiso ciudadano, a través del reforzamiento y la estructuración de redes de voluntariado y el desarrollo de mejores perspectivas profesionales en zonas rurales con la consolidación de formaciones técnicas y profesionales agrícolas y para – agrícolas. La formación profesional en la juventud rural brinda garantías para el desarrollo de los territorios, generando mejores oportunidades laborales, de esta manera, ayuda a la transformación económica de la zona en aras de la erradicación de la pobreza. El proyecto Jóvenes Rurales cuenta con el apoyo del Ministerio Europeo y de Asuntos exteriores de Francia. Liderado por FranceAgriMer y France Volontaires, coordinado por el Ministerio de Agricultura y la Alimentación de Francia y operado por Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras AVSF.

En este capítulo Juan Diego y Felipe deberán investigar qué sucede con su amigo Alberto y las reuniones que mantiene con guardias de la cárcel, mientras que Sofía y Araminta deberán hacer lo posible por intentar develar que hay detrás de su montaje judicial.

En este episodio, los cinco jóvenes afrontan la recta final del juicio. Sin embargo, se enteran que Alberto cambió de abogado y al parecer tendría relaciones extrañas con la guardia de la cárcel. Juan Diego y Felipe, temen que algo oscuro suceda con su amigo, mientras que Sofía y Araminta intentan llegar hasta al fondo de toda esta situación.

En este episodio, las cinco jóvenes deben confrontar a Alfonso, quién les tendió el montaje judicial, en los estrados. Allí su abogado defensor intentará develar cómo el policía infiltrado creó un plan para inculpar a los estudiantes de pertenecer a un supuesto grupo armado.

El pasado 20 de septiembre, el gobierno nacional anunció la captura de un conjunto de personas que señala como los responsables de generar los desmanes de las movilizaciones del pasado 21 de noviembre de 2019. Sin embargo, organizaciones sindicalistas denuncian que tras estos hechos habría una criminalización de la protesta social.

Antioquia 2018 – 2020 POR SU LABOR, LES PERSIGUEN Astrid Torres y Winston Gallego. Corporación Jurídica Libertad. Yesid Zapata. Fundación Sumapaz. Si la maquinaria militar no mata, se oxida. E. Galeano Antioquia padece en forma sistemática desde hace varias décadas la violencia sociopolítica contra los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. No en vano ha sido, en los últimos tres años, el segundo departamento de Colombia, después de Cauca, con mayor registro de agresiones. Además, hay un avance y reacomodamiento geoestratégico y territorial de los grupos paramilitares. Todos los 125 municipios del departamento reportan presencia de, al menos, una estructura de esos grupos. Las más predominantes son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparrapos y la Oficina del Valle de Aburrá. Esto es posible por la continuidad de los nexos entre agentes estatales y estas estructuras, de los que hay evidencias, como se verá más adelante.

La Guajira: un genocidio normalizado Nación Wayuu El estado de cosas inconstitucional sigue vigente en La Guajira, pues, aún no cesan la crisis humanitaria y los problemas sociales, económicos y de corrupción que se viven en el departamento (TeleSur, 2019). Pasados dos años del gobierno Duque, aún no hay soluciones estructurales. Mientras los canales oficiales de comunicación muestran una imagen positiva del presidente, en la realidad, todo queda en promesas. Para el segundo año de gobierno, se esperaba una atención real y efectiva, pues, en sus visitas en 2018 y 2019 y en sus reuniones con gobernantes locales (Gobernación de La Guajira, 2020), el presidente se jactó del lanzamiento de diversos programas para el departamento. No obstante, las crisis continúan y se exacerban con los riesgos de propagación de la covid-19 (El Heraldo, 2020a).

Situación y evolución del conflicto armado en el municipio de Bojayá Leyner Palacios Al municipio de Bojayá en el departamento del Chocó, lo conforman 32 comunidades indígenas y 19 consejos comunitarios, de población afrocolombiana. Sus habitantes siguen viviendo en un alto riesgo por la pervivencia del conflicto armado en sus territorios. En Bojayá hacen presencia el Frente Resistencia Cimarrón, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), organización paramilitar. Ambos se encuentran en territorios colectivos ubicados en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá y en la subcuenca del río Cuía.

El futuro de la negociación Gobierno-ELN Víctor de Currea-Lugo Hay cosas que, tercamente, una y otra vez, evaden volverse realidad en la historia de Colombia. Una de ellas es la paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. De hecho llevamos 29 años de acercamientos, documentos y procesos que no han dado como resultado un acuerdo final. Uno de los principales problemas ha sido la invención de un ELN del tamaño de los sueños de sus simpatizantes o de los miedos de sus detractores. Es decir, el ELN que existe en la realidad de las regiones de Colombia dista mucho del que los gobiernos se imaginan para la negociación. Eso hace que estos lleguen con una cantidad de supuestos que no contribuyen a una negociación real.

La implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. EN ESTADO CRÍTICO, PERO EN DISPUTA Jairo Estrada Álvarez Profesor del Departamento de Ciencia Política Universidad Nacional de Colombia A más de dos años de iniciado el cuatrienio de Iván Duque Márquez (7 de agosto de 2018), se han hecho más evidentes los rasgos y ejecutorias de su política de implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final). Ante la imposibilidad de hacerlo “trizas”, el gobierno se vio obligado a diseñar su propia política de implementación: la política de estabilización Paz con legalidad. Dicha política, además de evitar toda mención a la expresión Acuerdo final para…, se sustenta en una burda simplificación y distorsión de sus contenidos para tratar de alinearlo a los propósitos de la acción gubernamental durante el período actual.

Elecciones de autoridades locales 2019. El papel del Gobierno nacional en una campaña con nuevos contextos Misión de Observación Electoral (MOE) Germán Robayo Diego Rubiano Introducción En Colombia, el 27 de octubre de 2019 se adelantaron elecciones de mandatarios locales que estarían los siguientes cuatro años. Elecciones para las siguientes corporaciones: gobernaciones, asambleas, alcaldías, concejos y Juntas Administradoras Locales (JAL). Es importante recordar que en estas elecciones estaban en juego 20.428 cargos, para los que se postularon más de 116.000 personas como candidatas, lo que demuestra el amplio interés por el poder local.

Inclusión del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en los planes de desarrollo departamentales y municipales - Una aproximación - Viva la Ciudadanía Los planes de desarrollo son una herramienta de gestión que promueve el desarrollo social en un determinado territorio, sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Además, con esta herramienta, es posible materializar en políticas, estrategias, programas y proyectos visiones sobre la concepción del desarrollo, soportados siempre sobre un ordenamiento jurídico. El grueso de la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo final) sigue estando en cabeza del Ejecutivo nacional, si bien este se viene incorporando al ordenamiento jurídico colombiano mediante actos legislativos, leyes, decretos ley, decretos, resoluciones y documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), instrumentos que han generado la obligatoriedad hacia los entes territoriales para la adopción de medidas que permitan su desarrollo en los territorios

Pueblos indígenas y consulta previa Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) Equipo de Consejería Mayor El 24 de junio de 2020, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas hizo una intervención en la que uno de sus puntos centrales fue lo que está sucediendo en el mundo con respecto al derecho a la consulta previa durante la crisis de la pandemia. En una de sus afirmaciones señaló: En estos tiempos de pandemia, me dirijo a Uds. para manifestar (...) mi preocupación y temores con respecto a la situación de los pueblos y de las comunidades indígenas del mundo. (…) he sabido que en algunos países se están suspendiendo, abruptamente, las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto socio/ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura (Servindi, 2020).

EL RÉGIMEN AL DESNUDO ¿Cómo ponerle fin a la alianza entre narcoparamilitares y élites políticas? SARA TUFANO El segundo año del gobierno de Iván Duque se caracterizó por evidenciar la relación entre élites políticas y narcotráfico. El 3 de marzo de 2020, se conocieron las interceptaciones al extinto narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, alias “Ñeñe”, en las que este hacía referencia a una posible compra de votos para la campaña de Duque durante la segunda vuelta presidencial en 2018 (Guillén, 2020). A finales de marzo, la fundación InSight Crime publicó una investigación sobre los vínculos entre Guillermo León Acevedo, alias “Memo Fantasma” (McDermott, 2020) , reconocido narcotraficante paramilitar, y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La investigación revelaba que la empresa de la vicepresidenta y de su marido, Hitos Urbanos, había gestionado la construcción de un proyecto inmobiliario de “Memo Fantasma”. Adicionalmente, en junio de 2020, se descubrió que el hermano de la vicepresidenta había sido arrestado y condenado en 1997 a 57 meses de cárcel en Estados Unidos por tráfico de heroína (Guillén & Martínez, 2020) , una información que la vicepresidenta nunca dio a conocer.

Inteligencia militar… y política Iván Cepeda Castro* En su estudio La República de las armas. Relaciones entre Fuerzas Armadas y Estado en Colombia: 1960-1980, el jurista y defensor de derechos humanos Gustavo Gallón Giraldo documentó el proceso mediante el cual, desde comienzos de la década del 60, se produjo un cambio en la naturaleza de las fuerzas militares colombianas. Ese cambio consistió en que comenzaron a ejercer un control integral de la población civil a partir del volcamiento de sus prioridades hacia la seguridad interior y en una ampliación de su poder dentro del Estado. Esa ampliación se tradujo en una progresiva militarización, no solo de las instituciones estatales, sino de todo el régimen político. Incluso, de la propia vida social.

Renta básica: posible legado de una pandemia Colectivo José Alvear Restrepo – Alirio Uribe Muñoz La expansión de la covid-19 a escala planetaria ha generado un profundo reto civilizatorio. Colombia y el mundo tienen, de manera urgente, por lo menos dos grandes desafíos en medio de la pandemia; de una parte, fortalecer los sistemas de salud con bioseguridad para el personal de salud que tiene un alto grado de riesgo; y de otra, garantizar ingresos económicos a todos aquellos millones de personas pobres que están en aislamiento social desde el 20 de marzo, a los que no pueden trabajar desde sus casas y a millones que han perdido sus empleos.

Duque ante la pandemia: decretando para el sector financiero Wilson Arias Introducción A raíz de la aparición en el territorio nacional del coronavirus SARS-CoV-2 (covid-19), el Gobierno decretó el 17 de marzo de 2020 el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y, sobre la base de los poderes excepcionales que esta medida le otorga, emitió una serie de decretos y normas en materia económica con el objetivo de hacer frente a los efectos sobre la sociedad y la economía colombiana que, valga recordarlo, venía en franco deterioro: a tono con la crisis económica global que se desarrollaba prepandemia desde 2018, ya el Financial Times le dedicaba una edición especial a la próxima recesión. Aunque las cifras revelaban un Producto Interno Bruto (PIB) que crecía, un vistazo a las cuentas por el lado de la demanda revela que el consumo y la inversión extranjera directa eran los agregados que jalonaban ese crecimiento en Colombia. El consumo explicado en el aumento de las remesas y del crédito, la inversión extranjera directa basada en el aumento de deuda pública y la especulación financiera. Nos decían orgullosos que crecíamos, pero ocultaban que lo hacíamos al debe.