¡Ey, mi devuelta!

Alexandra Marín Acosta, Elizabeth acosta hoy le exigen a la Alcaldía de Medellín una reparación del muro que comparten sus casas con el cementerio universal. Respecto a la necesidad de repara los muros conlindantes, La Jurísdicción Especial para la Paz, en la medida cautelar que decretó al cementerio universal en el mes de julio del 2020, “advierte que en varias zonas del Cementerio Universal existen riesgos físicos que comprometen a la conservación de los cuerpos allí inhumados. Por eso, ordenó a la Alcaldía de Medellín que realice la reparación del muro perimetral del cementerio”. Si es así, ¿por qué el muro del cementerio continua afectando las casas de los vecinos del universal? ¿qué se necesita para que sea reparado?

Después de escuchar a los niños y la niñas de Medellín nos encontramos con Gizell Celis, ella es agente educativa psicosocial de la Fundación Palabra, Pan y Pez, quienes fueron reconocidos en el año 2016 por su Programa de fortalecimiento afectivo de la Fundación, desde allí se  promueve el bienestar de las comunidades menos favorecidas, mediante el desarrollo de programas educativos y la formulación y gestión de proyectos sociales con especial interés en la población infantil. Gizell Celis está hoy para conversar por qué los niños y niñas de primera infancia no se sienten seguros en sus entornos educativos y cuáles son los riesgos que enfrentan.

A las dificultades viales de la vereda El Jardín, se suma la expresada por los líderes de la parte central del corregimiento de Altavista, quienes expresan que durante años se han enfrentado a largas jornadas de viaje en el transporte público, y a dificultades para comunicarse con el resto de la ciudad, por contar con una sola vía de entrada y salida en su territorio. El Alcalde Daniel Quintero, se comprometió la construcción de una vía lateral para mejorar la movilidad en Altavista y hoy sus habitantes se preguntan para cuándo esta obra y el presupuesto que se destinaría. Pues en el Plan de Desarrollo aprobado no encuentran reflejado este futuro.

De acuerdo con información suministrada por la Junta de Acción comunal de la vereda El Jardín, con los habitantes no se ha socializado los resultados del estudio de suelo y tampoco se les ha dado soluciones claras a esta problemática.

Ya van 3 años de hacer peticiones, y solicitudes por parte de los habitantes de la vereda El Jardín manifestando la difícil condición de su principal vía de acceso. Recientemente pusieron un PQRS a la Alcaldía de Medellín (petición, quejas, reclamos y sugerencias), pero la respuesta es que deben seguir esperando. Y ellos se preguntan hasta cuándo?

“Solo nos han permitido presentar tres testigos”, expresa hoy para la Devuelta Fauner Plazas, un líder social que menciona sentirse desprotegido y sin garantías por parte el estado en su proceso judicial. ¿Se garantiza en Colombia la imparcialidad en los fallos judiciales? ¿Se respeta el principio de la imparcialidad en los proceso de judicialización que enfretan los líderes sociales en Colombia?

A Miguel Gaitan ciudadano y líder social del municipio de Yopal le demoraron sin justificación alguna su proceso. Según el informe de Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: una de las características de la criminalización a defensores/as de derechos humanos es la duración irrazonable de los procesos penales a los que están sujetos/as. Luego de que recuperan su libertad, generalmente por vencimiento de los términos procesales, los procesos penales continúan en el tiempo, en una prolongación injustificada, sin que sea definida su situación jurídica o sin que sea dictada una sentencia absolutoria de manera oportuna. Y nos preguntamos ¿es esta una manera de castigar la defensa de los derechos humanos? ¿qué se deja de liderar cuando se enfrenta un proceso judicial? ¿y a quiénes les interesa que esto ocurra?

A Gilberto Vargas, líder del municipio de Yopal-Casanere, le iniciaron un proceso penal tras acusarlo de obstrucción en vía pública y alteraciones del desorden público, proceso que duró tres años. Hoy Gilberto Vargas, cuyo caso se cerró el 31 de julio del 2020, por falta de pruebas y vencimiento de términos, exige se le indemnice por los daños causados durante el tiempo que duró el proceso penal.

El 27 de noviembre de 2018, en el municipio de San Luis de Palenque, Casanare, hubo un operativo con más de 200 oficiales del Ejército y la Policía. Operativo en el cual varios campesinos habitantes del municipio fueron capturados e implicados en hechos delictivos relacionados con Organizaciones Delincuenciales. Entre las personas estaba Yulibel Leal, mujer campesina y defensora de derechos humanos en el territorio. Ella hoy nos cuenta su historia en relación a este hecho en nuestra sección Ey mi devuelta.

A pesar de que la sentencia T-722 de 2003 de la Corte Constitucional y el artículo 10 del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) aclaran parcialmente el uso de la publicidad oficial,es preocupante el desconocimiento de los funcionarios y las entidades públicas respecto a su uso. Dice la Fundación para la libertad de prensa que entre las situaciones más recurrentes es disfrazar la propaganda de publicidad oficial. Pues terminan siendo los gobernantes de turno los protagonistas de la publicidad que es pagada con recursos de todos los ciudadanos. Afectando la libertad de los medios. ¿Es en Medellín la pauta publicitaria oficial una manera sútil pero directa de callar a los medios comuniarios?

Hay muchas formas de censura a los medios de comunicación, y la intimidación es una de ellas. ¿Por qué no se le permitió a la periodista hacer el cubrimiento? ¿por qué no se le brindó la información que requería, incluso si no era cierta la fiesta que se realizaba en la casa del Alcalde Daniel Quintero? ¿Por qué se castiga a quién busca acceder a su derecho y no a quién lo vulnera? Para la periodista Yurany Alzate, los medios alternativos de comunicación, como Morada Stereo, sufren un ataque por parte de la administración municipal, por divulgar información que expresa ideas diferentes a las del gobierno de turno y que cuestiona el accionar del alcalde, quien debe de ser coherente con las normas que se establecen para la ciudad. ¿A quién le incomoda lo que se investiga e informa en los medios comunitarios y alternativos? Que se garantice el derecho al ejercicio periodístico y a la información para los medios comunitarios y alternativos de la ciudad de Medellín, es la devuelta que hoy exige Yurany Alzate.

Al periódico Ciudad Rural en San Antonio de Prado, se vio obligado a cambiar su editorial, ante las presiones generadas por el interventor que acompañaba el proceso del periodico financiado por presupuesto participativo en la Alcaldía de Federico guriterrez, en el periodo 2016-2019. Los medios de comunicación comunitarios son libres de decir y hacer lo que deseen, mientras no vulneren a nadie y respeten los principios periodísticos, porque ellos, están protegidos ante la Constitución y el derecho a la libertad de expresión. No se puede censurar a un medio de comunicación comunitario porque hacerlo es atentar contra la democracia de un país, de un municipio. Que si no se informa de manera precisa no puede ser crítico y tomar decisiones.

En la sociedad existen límites que permiten a cada ciudadano vivir sus libertades sin vulnerar los derechos y libertades de otros. El entorno universitario es un espacio con varios roles que deben contribuir a la formación integral de los estudiantes, que finalmente termina reflejandose en la sociedad. Y debe ser motivo de reflexión sobre la ética, la misión de la docencia universitaria y el espirítu de la humanidad, el hecho de que desde los cargos académicos y administrativos al interior de las universidades se originen situaciones de violencia sexual. ¿Qué pasa hoy en las universidad con el respeto a las libertades humanas y la integridad de las presonas?

¿Están abiertas las directivas de las universidad a hablar de la violencia sexual al interior de los campus? ¿Cuentan las universidad públicas y privadas con rutas y protocolos de atención para los casos de violencia sexual? ¿Tienen los estudiantes suficiente información sobre estas rutas? En lo que respecta a Santiago Restrepo Ossa, en las universidades privadas, como la UPB, hace falta protocolos y procesos que trasciendan lo disciplinario y brinden un acompañamiento a las y los estudiantes que son víctimas de acoso sexual.

¿Cuentan las universidades públicas y privadas con rutas claras e informadas de atención a víctimas de violencia sexual dentro de sus campus universitarios? ¿Hasta donde deben actuar y acompañar las universidades en caso de que estas situaciones se presenten? ¿Existen entidades al interior de las universidades para hacer un acompañamiento ante estas situaciones? Ante estas cuestiones, hoy Luisa Fernanda Arango, exige una cambio en las instituciones con espacios de formación en genero para que mujeres y hombres puedan ser acompañados con mayor diligencia ante los hechos de violencia sexual en instituciones de educación superior.

¿Adopta la fuerza pública las medidas necesarias para proteger y garantizar la libertad de prensa durante la protesta social? Los fotógrafos e integrantes del colectivo Absurdo expresan que fueron víctimas de la retención arbitraria por parte de la policía durante la movilización que se efectuó en época de aislamiento preventivo obligatorio de Colombia. Esto impidió que realizarán su labor de cubrimiento de la marcha y vulnero su derecho a la libertad de prensa.

Todos los derechos deben garantizarse en todas las actuaciones de la Policía, así lo manda la Constitución Política. Y según el artículo 8 son principios del código de policía: - El debido proceso - Proporcionalidad y razonabilidad. La adopción de medios de policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable atendiendo las circunstancias de cada caso y la finalidad de la norma. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario. ¿Está permitido por el código de policía la detención de un ciudadano y que no se le haga el debido proceso? ¿Llevar una camiseta con una postura política es motivo para ser arrestado? Son preguntas que nos quedan después de escuchar a Juan Camilo López, y las cuales retomaremos en nuestra emisión de este viernes 9 de octubre en el análisis que estaremos realizando sobre el tema.

¿Qué impactos tienen estos hechos sobre el derecho a la protesta social en Colombia? ¿Cuáles son los mecanismos con los que cuenta la policía para garantizar la movilización social? ¿Cómo lo debe hacer?

Luis Barajas, un joven bogotano de 19 años que salía de su casa para cubrir la marcha del 10 de septiembre fue capturado por parte de la policía, golpeado y llevado a la estación de policía con otros marchantes que hacían uso de su derecho a la protesta social. En el cual se evidencio un abuso de poder por parte de la policía y en consecuencia la vulneración del derecho debido proceso.

Yeraldín Domicó, mujer Embera Chamí, del suroeste antioqueño exige: espacios en los que puedan permanecer unidos. Pues al migrar a las ciudad se corre el riesgo de que sus prácticas culturales, sus lenguas y modos de vida se pierdan. Por eso se hace necesario que la ciudad también se planee y se organice en miras de abrir espacios diferenciales y propios para las comunidades indígenas que la habitan. Pues la ciudad deja de ser un lugar lejano, para ser el lugar donde proyectan sus vidas.