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El plan promete alivio financiero, pero deja intacta la raíz del problema: ingresos insuficientes y un sistema que podría reordenar la deuda sin eliminarla. El análisis de Alberto Martínez en su programa "Frecuencia Azul".

Editorial de Alberto Martínez en Frecuencia Azul (Web Radio) La reciente decisión del gobierno nacional de inscribir al Sindicato Asociación del Personal de Seguridad del Estado (APSE) marca un hecho político e institucional de relieve. Aunque formalmente se trata de una resolución administrativa, en los hechos puede leerse como una respuesta estratégica frente al malestar creciente en uno de los sectores más delicados del aparato estatal: el de la seguridad pública. La medida fue oficializada mediante la Resolución 316/2026 de la Secretaría de Trabajo, que reconoce a la nueva entidad como asociación sindical de primer grado.

Mientras se multiplican los suicidios y el malestar salarial, el Gobierno responde con anuncios y folletos, pero sin diagnóstico ni participación real de quienes sostienen la seguridad pública.

El exjefe Lucero expuso su mirada sobre la situación de la Policía y las dificultades que enfrentan los agentes del Norte. Fuente: Reconquista

Una mujer policía desesperada informa el intento de suicidio de un compañero con un arma arrebatada a otra mujer policía en pleno ingreso de la jefatura policial. Es el segundo caso en menos de 48 horas.

El abogado Federico Godoy explicó los fundamentos jurídicos del caso que permitió a un ex comisario destituido acceder a su jubilación tras más de 30 años de servicio.

Colapso en Medicina Legal: renuncias, demoras y policías sin atención.Fuentes internas alertan sobre la deserción de médicos y una demanda inédita de carpetas psicológicas en la URI I. El sistema, al límite.

Córdoba - La situación que atraviesan hoy los trabajadores policiales y penitenciarios volvió a quedar expuesta con crudeza tras el testimonio de Adriana Rearte, referente histórica en la defensa de los derechos laborales y humanos dentro de las fuerzas de seguridad, quien pasó por los micrófonos de Frecuencia Azul y realizó una serie de denuncias alarmantes.

DESGARRADOR. La suboficial Rocío Aguilar (31), oriunda de Reconquista y con destino en el Comando Radioeléctrico de Rosario, comunicó que entregó su arma y chaleco y que no volverá a su puesto hasta obtener el traslado al norte provincial. El motivo: cuidar a su hija de 12 años, que sufrió un intento de suicidio tras episodios de bullying. En paralelo, tiene a su cargo dos hijos más, uno con diagnóstico de autismo y TDAH.

Editorial de Alberto Martínez en su programa Frecuencia Azul ante las denuncias y movilizaciones de sectores vulnerados que realizarán mañana a las puertas del Concejo Municipal de Rosario y la intendencia. Serios cuestionamientos para el gobernador y el intendente de Rosario respectivamente.

En las últimas 48 horas, APROPOL ha venido publicando información sensible sobre operativos “10 bis” en la Policía de Acción Táctica. Se trata de procedimientos que rozan la ilegalidad, exponen al personal a riesgos físicos y jurídicos, y reproducen lógicas represivas propias de épocas que creíamos superadas. Esta nota editorial pone las cosas en su lugar.

En los audios internos obtenidos por APROPOL, se escucha con claridad cómo un superior de la Policía de Acción Táctica presiona directamente a su personal operativo para “levantar chequeos” y producir detenciones bajo el artículo 10 bis, no por razones de seguridad, sino para cumplir con cuotas numéricas impuestas informalmente.

Un hecho grave salió a la luz en la Comisaría 6ª de Santa Fe, una de las dependencias más estratégicas del cordón oeste de la ciudad: el nuevo jefe de la seccional, subcomisario Cristian A., instaló en su notebook personal una cámara de su propiedad, orientada directamente hacia la guardia policial.

Desde hace años, en distintos puntos del país, la Familia Policial viene denunciando públicamente el accionar de la médica forense Virginia Creimer, cuya participación en causas sensibles dejó un rastro de condenas dudosas, pericias cuestionadas y procesos signados por la manipulación.

Mientras se discute el uso de los baños en el Congreso, se oculta una verdad más grave: ningún sector del poder se está ocupando realmente del policía. Ni el gobierno ni la oposición. Solo reparten culpas y nos usan.

Mientras el gobierno provincial despliega anuncios y operativos “show” en medios, puertas adentro de la Policía de Santa Fe se instala una realidad insostenible: recargos obligatorios bajo coacción, jornadas extenuantes, y plus salariales en negro que consolidan una política de precarización estructural. En el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II, los efectivos trabajan bajo régimen 12x36, pero ahora —por directiva interna— deben cubrir turnos extra inmediatamente después de finalizar su guardia, reduciendo de hecho su descanso a cero. La orden es clara: no hay opción, todos deben cumplir. La notificación llega incluso sin consulta previa. Si no hay voluntarios, los jefes designan compulsivamente.

Este domingo, Santa Fe no solo votó: sentenció. La provincia entera, con Rosario como epicentro simbólico, protagonizó un ultimátum democrático. El mensaje no se traduce en nombres propios, sino en lo que ocurrió fuera del cuarto oscuro: más de la mitad del padrón no participó. Y de quienes sí lo hicieron, miles anularon su voto o votaron en blanco. No hubo apatía. Hubo hastío. Rechazo. Dignidad.

En el programa Frecuencia Azul del 7 de mayo de 2025, Alberto Martínez presentó un extenso editorial sobre el caso del oficial Cristian Oficialdegui, fallecido en un presunto enfrentamiento con gendarmes. Con información exclusiva, el conductor reconstruyó los hechos, expuso inconsistencias judiciales, y denunció una posible trama de encubrimiento político y mala praxis en la investigación. El testimonio del hermano de la víctima y la falta de detenciones fueron los ejes del análisis, que también abordó el abandono institucional de quienes atraviesan crisis de salud mental dentro de las fuerzas.

Una voz incómoda que expone lo que nadie quiere decir: corrupción estructural, operaciones internas y silencios cómplices en el corazón del poder santafesino.

Entrevista de Radio 2 a la Dra. Milva Sánchez que explica el fallo alcanzado. En medio del ajuste previsional que afectó a miles de retirados del Estado santafesino, una maestra jubilada —con un hijo con discapacidad a cargo— decidió no resignarse al recorte disfrazado de “aporte solidario” ni a la postergación injusta del aumento paritario. Acompañada por la abogada Milva Sánchez, especialista en derecho administrativo y docente de la UNR presentó un amparo judicial que terminó con un fallo ejemplar: la jueza Paula Calase Vigo declaró la inconstitucionalidad de esas medidas.