Podcast de Libera Radio

Murió Juan Gelman, periodista, poeta, activista político, guerrillero, padre sin hijo, abuelo sin nieta hasta que la encontró, y nos reencontró así con la esperanza.

Entrevista inédita revelada por Desinforménos.org, a 20 años del levantamiento armado en Chiapas, por parte del EZLN. “Nuestro análisis político sobre la situación en la que íbamos a estallar se quedó corto. Calculábamos que había descontento y que iba a atraer simpatías el hecho de que alguien se levantara a protestar, pero no a tal grado de lo que ocurrió”: Subcomandante Marcos.

Más de 40 mujeres que integran la Caravana de Madres de Hijos Desaparecidos, en su paso por México se manifestaron la tarde del sábado en la entrada de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Con pancartas y banderas de diversos países centroamericanos, como Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras, las integrantes del Movimiento Migrante Mesoamericano exigieron repuesta a la desaparición de sus esposos e hijos en su tránsito por México rumbo a Estados Unidos. Resguardadas por la policía, este grupo de mujeres permaneció durante casi una hora en el lugar, manifestándose pacíficamente. La Caravana ha recorrido diversas ciudades del país desde el 2 de diciembre y planea visitar 22 ciudades de 15 estados de la República hasta el 18 de diciembre. Según el conteo que ha documentado en los últimos 30 años la Caravana, casi 70 mil migrantes centroamericanos han desaparecido en su trayectoria por México rumbo a los Estados Unidos. Esta es la novena ocasión en la que las madres visitan México. Como en otros años, esta vez, el recorrido también ha tenido momentos memorables, pues ha habido encuentros como el de María de los Santos que vio a su hijo José Armando Salgado, quien salió de su país, Honduras, desde hace 4 décadas con intención de llegar a EEUU, lo que nunca consiguió.

Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles de la Ciudad de México el domingo, en protesta contra las políticas de Enrique Peña Nieto, en el marco del primer aniversario de su llegada a la presidencia. Miles de estudiantes, docentes, trabajadores sindicalizados y ex prisioneros marcharon a la plaza principal. Allí se unieron a miles de personas para marchar contra los planes de Peña Nieto de privatizar la industria del petróleo y el gas de México. Un nuevo informe de Amnistía Internacional sostiene que Peña Nieto no ha logrado detener el aumento de las violaciones a los derechos humanos en México en lo que respecta a desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, tortura y otro tipo de agravios.

Yolanda Meza Castelo tenía 26 años de edad. Fue encontrada muerta el pasado domingo en una localidad del estado de Sonora, en el norte de México. Su cuerpo presentaba una herida de bala y fue arrojado en un canal. El de Yolanda podría ser uno de los al menos 36 feminicidios registrados este año en Sonora, de acuerdo con cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El tema no es menor, luego de que dicho estado, fronterizo con Estado Unidos, ocupa el primer lugar de violencia hacia las mujeres más jóvenes y no unidas. Además, excede el porcentaje de feminicidios en proporción a su población, de acuerdo con la investigadora Margarita Bejarano, del Colegio de Sonora. Aunque al menos 23 estados de México ya han tipificado penalmente el feminicidio, en Sonora sigue habiendo un vacío en la legislación. Ejemplo de eso es el caso de Priscilla Carolina Hernández, joven que fue asesinada este año por su novio, en una noticia que tuvo eco a nivel nacional debido a que, ante las fallas en el procedimiento judicial, el homicidio sería considerado simple, a pesar la brutalidad con el que fue realizado. Yolanda Meza fue encontrada muerta en la localidad de Esperanza, de casi 36 mil habitantes, y perteneciente al municipio de Cajeme, el cual se ubica entre los primeros lugares en cuanto a número de feminicidios, junto con Nogales y la capital de Sonora, Hermosillo. Sin tener justificación con el asesinato de Yolanda, pero a propósito de la violencia contra las mujeres, este martes, integrantes del Observatorio del Feminicidio acudieron al Congreso del Estado para entregar un documento. En este se subraya la preocupación por la falta de acciones efectivas del Instituto Sonorense de la Mujer, cuyas medidas han sido duramente cuestionadas por grupos feministas. En semanas recientes, mujeres integrantes de organizaciones civiles y en lo individual realizaron una procesión en Hermosillo en la que declararon la muerte simbólica de dicho Instituto, luego de que consideran que ha fallado en su deber de velar por los derechos de las mujeres. Entre muchas otras cosas, destacaron que el Instituto de la Mujer no ha respaldado sus demandas como la de combatir la publicidad sexista y discriminatoria; se ha mantenido al margen y ha evadido su responsabilidad en los frecuentes casos de violencia contra niñas en el ámbito escolar; ha sido omiso en los casos de feminicidio y ha ignorado a organizaciones de mujeres.

Después de 49 días de paro laboral y de varias semanas de acampada y de manifestaciones masivas en la Cd. de México, la sección 22 de los maestros del Estado de Oaxaca regresará a su entidad para iniciar el ciclo escolar, mismo que debió empezar el 19 de agosto. En una votación donde participaron alrededor de 10 mil 700 maestros, casi el 65% votó por volver a las aulas, aunque manifestaron también su voluntad de que el paro masivo se trasforme en paro simbólico, pues el 20% de ellos permanecerá en la capital mexicana.

El 2 de octubre de 2013 se cumplirán 45 años de la masacre estudiantil en Tlatelolco. En este contexto, integrantes del Comité 68, que lucha contra la represión, realizan diversas actividades conmemorativas. Los nombres de más de 6 mil víctimas de la violencia de Estado desde 1950 hasta 2012, comenzaron a ser inscritos en papeles que se han adherido a las planchas de metal del Memorial de Víctimas de la Violencia, ubicado en Paseo de la Reforma. Las actividades conmemorativas de la matanza en Tlatelolco siguen teniendo gran importancia en términos políticos, culturales y judiciales. Sirven también para recordar que la violencia de Estado en México abarca una amplia gama de regiones y sectores sociales, tanto en procesos de represión, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, como en persecución política. El próximo 2 de octubre se realizará una marcha nacional conmemorativa, que saldrá de la Plaza de las Tres culturas en Tlatelolco a las 15:00 horas. El Comité 68 ha convocado a contingentes estudiantiles y populares, para que también ese día enarbolen la lucha contra la violencia política y contra la represión, y para que con su participación refuercen su compromiso y su exigencia para que se erradiquen las prácticas criminales del Estado. Algunos de los ejes de lucha de la marcha serán: juicio y castigo para el ex presidente Luis Echeverría, alto a la represión y criminalización de la protesta social, libertad a presos políticos, especialmente a Alberto Patishtán, presentación con vida de los detenidos desaparecidos, apoyo total a la lucha magisterial, entre otros.

Rafael Barajas, El Fisgón, caricaturista mexicano, realiza en la capital del país un mural titulado “La pesadilla de Posada”. Se trata de un homenaje a José Guadalupe Posada, reconocido grabador mexicano nacido en Aguascalientes, en el marco de la conmemoración del centenario de su fallecimiento. Según el caricaturista, los personajes de Posada tienen mucha actualidad, en el escenario de violencia que ha habido en México en los últimos siete años. Se estima que tan solo en el sexenio pasado, de Felipe Calderón, se registraron más de 60 mil asesinatos. En ese sentido, el mural es una alegoría salpicada de humor, del horror de lo que se vive en el país.

En Sonora, al norte de México, el conflicto por el agua cobra tintes peligrosos desde hace meses, luego de que el Gobierno del Estado ha iniciado la construcción de acueductos y presas sin tomar en cuenta a diversas comunidades indígenas, que se encuentran en pie de lucha. Muestra de ello es la Tribu Yaqui, que desde hace más de 45 días mantiene un bloqueo intermitente en un tramo de una carretera federal, en defensa del agua y de su territorio. Pero además, indígenas guarijíos buscan hacerse escuchar para defender su tierra ante las posibles afectaciones que traería la construcción de una presa. Con ese fin, han buscado asesoría en investigadores que han trabajado de cerca con la comunidad y que por ese motivo hoy se encuentran amenazados de muerte. Es el caso de los académicos Armando Haro y Ramón Martínez, que han recibido agresiones. Martínez, presidente de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable y Haro, académico de El Colegio de Sonora, asesoran a los indígenas Guarijíos en la negociación por la próxima construcción de una presa cuyo plan no ha sido consultado con la comunidad. Esto, a pesar de que el gobierno de Sonora se había comprometido a que la obra no afectaría su territorio. Según los investigadores amenazados, los guarijíos no se oponen necesariamente a la presa, puesto que primero desean estar informados sobre sus condiciones y efectos. Pero según la Evaluación de Impacto Ambiental que realizó la Secretaría del Medio Ambiente federal, la obra afectará a nueve comunidades, de las cuales dos deberán ser reubicadas. En este escenario, los investigadores han sido sujetos de diversas agresiones, seguidas de mensajes intimidatorios y claras amenazas de muerte. Martínez acusó al gobernador del estado, Guillermo Padrés, así como a autoridades locales, de ser quienes encabezan el esfuerzo para que detengan la labor que hacen con la comunidad indígena. No obstante esta acusación fue rechazada por el gobierno estatal. Cabe señalar que esto ocurre en un momento en el que se han vuelto recurrentes en México las agresiones y asesinatos de activistas defensores de derechos humanos.

El abogado Herón Luciano Sixto López, reportado como desaparecido desde el 15 de Julio, día en que fue secuestrado en Santiago Juxtlahuaca, en el estado de Oaxaca, fue encontrado muerto la tarde del sábado. Sus restos se hallaban en el paraje "Camino a Cahuaya", cerca del basurero de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, según campesinos del lugar que pastoreaban ganado y quienes localizaron el cuerpo. Hombres armados lo habían sustraído de su oficinas y tendrían que haberle asesinado el mismo día, pues la necropsia arrojó que llevaba ya entre 5 y 6 días muerto por 6 impactos de bala, dos de ellos en la cabeza. Sixto López colaboraba en el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, y proporcionaba asesoría y orientación jurídica a los pobladores de la mixteca baja.

El domingo 7 de julio de 2013 se celebrarán elecciones en 14 estados de México, mediante las cuales serán electos en total 441 representantes locales y más de mil 300 presidentes municipales. Las contiendas han sido empañadas desde su inicio por diversos hechos de violencia, de los cuales algunos pueden calificarse como violencia electoral, mientras que otros tienen características que hacen pensar en el crimen organizado. El pasado lunes, Ricardo Reyes, candidato izquierdista a la alcaldía de San Dimas, fue asesinado en Durango; en Veracruz, candidatos del derechista PAN fueron golpeados salvajemente por personas sin identificar, en el centro de la capital del estado; otros candidatos del mismo partido denunciaron que sus casas han sido vulneradas. En Oaxaca, donde se disputarán 570 ayuntamientos, un líder del PRD, Nicolás Estrada, fue reportado como desaparecido y posteriormente encontrado sin vida, mientras que la candidata del PRI, Rosalía Palma resultó herida en un atentado. En Tamaulipas, el clima social es de zozobra, con o sin elecciones. Hace tiempo, cuando aún no empezaba la guerra de Calderón, se usaba en México el término “colombianización”, que entre otras cosas, denotaba la situación en la que candidatos y actores políticos eran chantajeados, amenazados y/o afectados por las mafias. Quizá es lo que aún ocurre en algunas entidades, aunque ya nadie se quiera referir al fenómeno en esos términos. Y por supuesto, no falta quien diga que los ataques son sólo ajuste de cuentas entre grupos. Todos estos hechos de violencia, hacen que se perciba un ambiente de inseguridad y de tensión en algunas entidades, pues queda de manifiesto que ni la instancia estatal ni la federal es capaz de dar garantías para que la votación se realice con tranquilidad.

En México, el caso del profesor indígena Alberto Patishtán, encarcelado injustamente y condenado a 60 años de cárcel, enfrenta momentos cruciales, pues en las próximas semanas un tribunal federal con sede en el estado de Chiapas definirá al juez encargado de analizar su sentencia. Este caso se ha vuelto emblemático, pues es una prueba fehaciente de la criminalización de la protesta social en el país, luego de que hace 13 años, mientras realizaba activismo social en su comunidad, fue acusado sin prueba alguna, de homicidio, lesiones, robo calificado, daños y portación de arma de uso exclusivo del ejército. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó abordar el recurso de reconocimiento de inocencia, al considerar este un caso no prioritario. El abogado de Patishtán, Sandino Rivero, explicó que están a semanas de que esto se defina, porque se espera que en julio o agosto se nombre el juez encargado de redactar la ponencia sobre el tema, quien tendrá un plazo de 10 días para ratificar la sentencia de 60 años de cárcel o en su defecto ordenar la liberación. Por este motivo, al cumplirse 13 años del encarcelamiento del activista, organizaciones sociales realizaron la semana pasada en la Ciudad de México un acto político-cultural, en el que se realizó un enlace telefónico con él desde el penal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Un nuevo giro está por dar el caso de los 63 mineros que en el 2006 murieron atrapados tras la explosión en la mina Pasta de Conchos de Coahuila, México, luego de que autoridades del gobierno federal anunciaron que pronto podría iniciarse el rescate de los cuerpos.

Eran las 2:45 de la tarde del 5 de junio de 2009. Decenas de niñas y niños dormían en la Guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, en el norte de México. En cuestión de minutos la estancia infantil se convirtió en un infierno, al propagarse un incendio que se registró en una bodega contigua, propiedad del gobierno estatal. La lona que adornaba el lugar se convirtió de pronto en una lluvia de fuego altamente tóxica. Ya sea por quemaduras o por intoxicación, 25 niñas y 24 niños murieron durante o en los días siguientes, mientras que alrededor de 75 resultaron con lesiones de diversos grados. Se trata de la peor tragedia infantil en la historia de México. El incendio dejó al descubierto el cúmulo de irregularidades con las que operaba la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que pagaba a los dueños 2 mil 500 pesos al mes por cada pequeño. Puertas de emergencia imposibles de abrir, extintores en mal estado y materiales altamente combustibles, son algunas de las condiciones en las que funcionaba el inmueble, donde se atendían a más de 200 menores. Además, el hecho reveló la red de influencias políticas y de corrupción bajo la cual operaban los socios de la Guardería ABC, entre los cuales se encuentra Marcia Matilde Gómez del Campo, pariente de la esposa de Felipe Calderón, ex presidente de México, así como de la esposa del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours. Las muertes pudieron haberse evitado si el inmueble hubiera cumplido con las debidas medidas de seguridad; y aunque autoridades de Protección Civil habían hecho recomendaciones a los dueños, estos simplemente hicieron caso omiso. El suceso dejo al descubierto que eran cientos de establecimientos los que operaban bajo las mismas condiciones deficientes. A pesar de ello, la Suprema Corte de Justicia refrendó el sistema de guarderías y aunque señaló como responsables a los socios y a algunos funcionarios de los tres niveles de gobierno, ninguno de ellos ha pisado la cárcel, salvo empleados de menor rango. A cuatro años de este crimen, los padres continúan en pie de lucha buscando que la justicia se haga presente, para los niños que murieron, los que resultaron lesionados y los miles que son atendidos diariamente en guarderías mexicanas. Este miércoles 5 de junio de 2013 miles de mexicanos saldrán a marchar de norte a sur, en diversas ciudades del país, para recordarle a la justicia que tiene una deuda con la niñez mexicana. Porque los niños son el presente y porque sin justicia no hay paz. ¡ABC Nunca Más!

Reporte de Libera Radio para ALER, del 22 de mayo de 2013. Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas viajarán esta semana a Washington, para presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación a los derechos de las y los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Cabe recordar que Luz y Fuerza del Centro fue un organismo público descentralizado, que distribuyó y comercializó electricidad en la zona centro de México, y que por decreto presidencial, al considerarla en bancarrota, fue extinguida el 11 de octubre de 2009, dejando sin empleo de un día a otro a 44 mil trabajadores, y dejando a cargo del servicio eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A casi tres años y medio de que se declarará dicha extinción y de haber comenzado varios recursos legales por la pérdida de esas miles de plazas laborales, el Sindicato, encabezado por su secretario general, Martín Esparza, se reunirá este jueves con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Emilio Álvarez Icaza. Acusarán al ex mandatario Felipe Calderón, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los entonces secretarios de Gobernación, del Trabajo, de Energía, de Economía y de Hacienda, así como a la CFE, por violar sus derechos civiles, jurídicos y laborales.

Reporte para ALER Contacto Sur del 5 de marzo de 2013, sobre las más de 26 mil personas desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón, según el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por Adriana Manjarrez para Libera Radio, desde Hermosillo, Sonora, México.