Podcast Podcast de Derecho Financiero y Tributario

El retenedor es la persona o entidad a quien la ley de cada tributo impone la obligación de detraer e ingresar en la Administración tributaria, con ocasión de los pagos que deba realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponda a éstos. En el otro lado de la relación está el «obligado a soportar la retención», el propio contribuyente, en lo que legalmente se considera una obligación entre particulares que puede dar lugar a reclamación económico-administrativa.

El crédito tributario es un crédito privilegiado, protegido o garantizado, en términos generales por la totalidad del ordenamiento jurídico tributario y de manera particular por las denominadas garantías en sentido estricto o técnico que se reflejan legal y reglamentariamente.

Lo determinante de la posición del sujeto activo es que sea competente para que su pretensión pueda hacerse efectiva siguiendo los pertinentes procedimientos administrativos establecidos para gestionar, liquidar y recaudar el tributo. Por ello, el sujeto activo es el ente que gestiona o aplica el tributo, que lleva a cabo lo que abreviadamente puede denominarse función tributaria.

Si la capacidad jurídica supone la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas, en el Derecho Tributario tal concepto no tiene una significación distinta al que tiene en el resto del ordenamiento, declarando la ley que los obligados tributarios son personas físicas y jurídicas. Sin embargo, y siguiendo la tradición, legalmente se recoge también la mención a entidades que, aún careciendo de personalidad jurídica, tendrán la consideración de obligados tributarios en las leyes en que así se establezca.

El contribuyente es el sujeto pasivo por antonomasia, principal deudor tributario que aparece escuetamente definido por la ley como el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

El examen y comprobación de la Cuenta General del Estado representa uno de los procedimientos básicos de fiscalización efectuados por el Tribunal de Cuentas. Su formación es competencia de la Intervención General de la Administración del Estado, que debe remitirla para su comprobación al Tribunal de Cuentas y éste, a su vez, a las Cortes para su aprobación.

La protección de la correcta aplicación de los caudales públicos, la regularidad en la ejecución presupuestaria y la función financiera de gasto público, admite reacciones de diversa naturaleza. Así, hay figuras que solamente dan lugar a una respuesta indemnizatoria por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública. Pero hay otras en las que, aparte de la reparación de esos daños, se procura castigar a los responsables de las conductas y prevenir la futura comisión de las mismas.

El principio general que sujeta a las autoridades y demás personal del sector público estatal a la obligación de indemnizar a la Hacienda por los daños y perjuicios que puedan entrañar las resoluciones y actos adoptados por dolo o culpa grave, se traduce en la especificación de una serie de infracciones presupuestarias.

Entre los delitos contra la Hacienda Pública están tipificadas una serie de conductas encaminadas a la ilícita obtención o empleo de subvenciones, desgravaciones y ayudas públicas o, simplemente fondos de los Presupuestos de Administraciones públicas nacionales, pertenezcan al Estado, Comunidades Autónomas o Corporaciones Locales.

La Hacienda europea está incluida entre los sujetos pasivos de los delitos de defraudación tributaria, presupuestaria y de subvenciones previstos en el Código Penal.

La elaboración de los Presupuestos ha de ajustarse a una serie de reglas señaladas cada año por medio de una Orden del Ministerio de Hacienda, hasta la aprobación del anteproyecto de Ley y su posterior remisión a las Cortes Generales, antes del día 1 de octubre de cada año.

La Constitución y los Reglamentos de las Cámaras corroboran el hecho de que los Presupuestos son fruto del procedimiento legislativo, aunque éste cuente con una serie de singularidades.

Suelen presentarse diferentes clasificaciones acerca de los principios presupuestarios, según que se atienda a su naturaleza política, económica, contable o jurídica.

El dogma del equilibrio presupuestario postula que los Presupuestos deban estar nivelados previamente, prohibiéndose los que presenten déficit por ser los gastos presupuestados superiores a los ingresos ordinarios, fundamentalmente tributarios, evitando la tendencia al endeudamiento público. Lo que late, en el fondo, de esa “regla de oro” es que el Estado debe comportarse igual que lo hace una empresa o un ciudadano individual.

El principio de especialidad es el que mejor ilustra sobre los efectos jurídicos que tiene la autorización presupuestaria respecto de los gastos públicos; autorización que tiene carácter limitativo en cuanto a la cantidad, calidad y tiempo de esos gastos.

La temporalidad es consustancial a la institución presupuestaria, cuya vigencia queda constreñida a un período de tiempo determinado, con el fin de facilitar un control efectivo del Parlamento sobre los Presupuestos.

Nuestro ordenamiento contempla el instrumento de la prórroga automática de los Presupuestos del ejercicio anterior para el caso de que la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente. Con ello se trata de procurar la necesaria continuidad de los servicios y actividades públicos, evitando la parálisis administrativa que provocaría una carencia de Presupuesto.

Los créditos presupuestarios representan las autorizaciones que el Legislativo hace para que las Administraciones públicas puedan gastar. Sus cifras expresan el importe de las sumas pecuniarias autorizadas y puestas a disposición de los diferentes organismos públicos para que los mismos puedan gastarlas en los objetivos y finalidades a que tales fondos presupuestados se contraen.

Las modificaciones de los créditos autorizados en la Ley de Presupuestos, que pueden precisar de una nueva intervención de las Cortes Generales, son los créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Estado, que representan nuevos o mayores gastos.

Se ha discutido si las modificaciones que acuerda el Gobierno durante la ejecución presupuestaria, sin necesidad de contar con la aprobación del Parlamento, tienen naturaleza normativa o simplemente representan actos de gestión del Presupuesto aprobado.