Ponencias

Participan en la presentación -22 de mayo 2013- Ignacio Martínez, Koldo Unceta y Iolanda Fresnillo, autores de diferentes artículos que componen esta publicación. Otro mundo está en marcha recoge los análisis de las políticas públicas y el seguimiento de los ODM durante el último año.

S E M I N A R I O Lucha Contra la Impunidad y Coherencia de Políticas para el Desarrollo. “Se ha pasado de un halo de impunidad absoluta en el año 2009 a un señalamiento internacional, a una orden de detención de busca y captura por acciones ilegales, genocidas y delitos contra la humanidad”, así resume Antonio García el balance de la aplicación de la Jurisdicción Internacional con el "Caso Guatemala". La admisión a trámite de este caso no sólo fue significativa por ver a la Jurisdicción Española ejerciendo Jurisdicción Universal, sino que además lo fue "por el relato de los hechos, por su calificación jurídica como de Genocidio, y por las órdenes de entablar el procedimiento y practicar las diligencias para esclarecer los hechos". Incluso las víctimas han sido traídas a España teniendo por primera vez acceso a declarar ante un juez por el daño sufrido. Actualmente se están presentando ampliaciones de la querella, se están admitiendo a trámite más delitos, hay más datos, más órdenes de búsqueda y captura. Por eso "a día de hoy el ingente material probatorio que existe en la Audiencia Nacional reside y custodia un arsenal probatorio que facilitaría mañana mismo la celebración de un juicio contra todas estas personas y una garanatía de condena al 99%". La clave de este caso ha sido la complementareidad jurídica: "debemos de ser conscientes en cómo coordinar los esfuerzos para salir adelante, vamos a ser complementarios porque es lo lógico, lo razonable, lo de sentido común. Que se vayan dando pasos hacia una justicia reparadora."

S E M I N A R I O Lucha Contra la Impunidad y Coherencia de Políticas para el Desarrollo. En Guatemala "tenemos registrados desde un poco antes del 2000 indicios de la violencia en contra de las mujeres de forma específica. Tenemos altos niveles de violencia en general, son muchos los hombres que mueren, pero la crueldad se manifiesta de una forma más específica y más dura con nosotras". Por eso, tras la presión por parte de organizaciones de mujeres, el Estado promulgó en 2008 la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra las Mujeres, mediante la cual el Estado reconoce que éstas son un bien jurídico a proteger, rompiendo así con la lógica tradicional de tipificar a la mujer más como objeto que como sujeto. Sin embargo, esta Ley no ha sido suficiente para frenar la impunidad: "nos dan la Ley y el Congreso nos dice: ahí tienen su Ley, que no la apliquen ya no es nuestra culpa". Y es por eso que integrantes de la Convergencia Cívico Política de Mujeres (CCPM) realizaron una guía básica a difundir "para que los jueces vayan tomando en cuenta las Convenciones que tenemos ratificadas que nunca se tienen en cuenta en las sentencias". Carmen López aspira a una socialización de la Ley y a conseguir el apoyo legal y psicológico necesario para las víctimas. Actualmente se está trabajando en sacar adelante un Observatorio Ciudadano sobre Registros y Sentencias de Violencia Sexual y Femicidio, con la finalidad de monitorear la Ley contra Femicidio y otras formas de Violencia contra las Mujeres, y presentar informes específicos y alternativos a los de las instituciones.

S E M I N A R I O Lucha Contra la Impunidad y Coherencia de Políticas para el Desarrollo. Guatemala es de los últimos países rurales que quedan en América Latina, sin embargo "se esta descampesinando el agro", ya sea para conseguir remesas o para trabajar en maquilas. A pesar de esta tendencia de desruralización, el acceso a la tierra y el derecho a la economía campesina sigue siendo una lucha social en el país. Actualmente existe un gran debate sobre la legitimación de la ocupación de tierras. Los que se posicionan a favor argumentan que es necesaria para asegurar el Derecho a la Alimentación y a la Reproducción Familiar, mientras que los que se oponen a ella hacen referencia a la violación de la Propiedad Privada. Para comprender las raíces de esta situación, Velásquez explicó que "el sumun de las instituciones del estado liberal se mantienen hasta el momento. Se basa en elementos tan drásticos como que, en su primera Declaratoria de Estado, no reconoce a los indígenas como ciudadanos porque ni hablaban español ni tenían "buenas costumbres". Otro elemento es la reforma agraria, que expropia tierras indígenas para la exportación de grano para la alimentación del conquistador, y con el pago de tributos las tierras se entregan a los personajes de la época a través del registro de propiedad". Otro elemento que se mantiene en la actualidad es que sólo se puede litigar lo relacionado a tenencia de tierras en castellano, excluyendo así a la población indígena que tradicionalmente pobló esos terrenos. Los propietarios legales, por su parte, defienden sus territorios con guardias privadas que "al estar desvinculadas del estado violan los Derechos Humanos", y a la hora de reclamar responsabilidades en caso de homicidio, no se facilitan datos para encontrar al culpable quedando finalmente los delitos impunes. Helmer Velásquez lucha por el carácter social de la propiedad. En su opinión es necesario un mecanismo de resolución de conflictos en el país más allá de las insuficientes tres vias actuales ("la vía voluntaria nunca se usa, con la vía judicial el campesino lleva las de perder y el arbitraje no es usado por ningún finquero"). Así, habría que presionar por el impulso de políticas intemporales del campesino a la tierra; crear una procuraduría agraria, un código agrario y tribunales agrarios; ilegalizar a los guardias armados de los finqueros; derogar el artículo 257 de la Usurpación Agravada; y decretar una moratoria a los desalojos forzados que sea eficaz. Asímismo, en caso de desalojo, se ha de respetar el protocolo de Derechos Humanos de ONU, que plantea la necesidad de facilitar alternativas a los desalojados, algo que en la práctica guatemalteca está lejos de suceder.

S E M I N A R I O Lucha Contra la Impunidad y Coherencia de Políticas para el Desarrollo. Jorge Estrada expuso dos realidades paralelas: la de los acuerdos sobre derechos laborales firmados por Guatemala y el de la difícil situación para el sindicalismo y los trabajadores del país. "Guatemala ha ratificado 73 convenios de la OIT, todos los fundamentales de la Organización, así que hay una libertad formal pero en la práctica no se cumple". El sindicalista puso sobre la mesa que esta falta de derechos laborales no sólo afecta a las empresas sino que también al propio Estado "el principal violador de derechos laborales y sindicales es el estado por acción, cuando permite que en sus empresas autónomas y semiautónomas y en ministerios, los trabajadores sean despedidos por organizarse. Pero también los viola por omisión cuando permite que las empresas privadas echen a la gente por hacer sindicatos". En Guatemala organizarse en sidicatos es sinónimo de despidos, amenazas o incluso asesinato. Las propias empresas tienen listas negras de sindicalistas o personas que hayan hecho intentos de crear sindicatos, y estas listas no sólo afectan al trabajador implicado sino que también a sus familiares. En la línea de este estigmatismo hacia el uso de los derechos laborales, el activista dió el nombre de la emrpesa Infornet, dedicada a recoger información en tribunales de trabajo para saber qué trabajadores piden prestaciones laborales. "Cuando la justicia es en favor de empresarios va rápida, pero no para los obreros". Concluye que la situación mejoraría si se añadieran ciertas normas de respeto hacia los derechos sindicales en un párrafo adicional. Sin embargo, teme que con la llegada del nuevo gobierno "pueda ser destituída la actual fiscal de Derechos Humanos que está poniendo el dedo en la llaga por condenar las masacres hechas por los militares", pues ésta podría ser una esperanza para hacer valer jurídicamente la libertad sindical en el país.

S E M I N A R I O Lucha Contra la Impunidad y Coherencia de Políticas para el Desarrollo. Lorena Cabnal no habla de violencia contra la mujer en singular genérico, sino contra las mujeres, en plural, en contexto de diversidad. Dentro de esa diversidad entre las mujeres, enfocó su cosmovisión como mujer, indígena, maya y xinka: "las mujeres indígenas somos las más empobrecidas y analfabetas, desde otra lectura no puedo hacerlo". En esta línea, para abordar la justicia en caso de violencia para mujeres indígenas, la activista explica que hay dos grandes muros para sus comadres: por un lado, es necesario conocer el entramado de las leyes estatales para acceder a la justicia, pero por otro y a diferencia de las mujeres no-indígenas, éstas han de "votar mecanismos locales de justicia indígena y esto es un problema" que no se suele contemplar desde fuera. Muy lejos de ser víctimas o sujetos pasivos, "cuando las mujeres [indígenas] empezaron a hacer lucha territorial de manera muy fuerte en Guatemala, si se revisa en profundidad, pareciera que han sido las mujeres pioneras" en la organización por la defensa del territorio. Citando a Marcela Lagarde apunta respecto al feminicidio [*] que "si el estado agotara los mecanismos para perseguirlo, no existiría, por lo tanto existen homicidios a mujeres por impunidad". [*] En base a esto, Lorena Cabnal utiliza el término "feminicidio", pues significa violencia contra las mujeres en un marco en el que el estado es co-responsable, mientras en que Guatemala, en términos legales, se recoge el término "femicidio", pues a diferencia del anterior, significa violencia contra las mujeres sin co-responsabilidad del estado.

S E M I N A R I O Lucha Contra la Impunidad y Coherencia de Políticas para el Desarrollo. En su ponencia, Giulia Tamayo afirmó que son bastantes los avances en el tema de Justicia Internacional: "no sólo se han rendido cuentas con los ejecutores de Crímenes Contra la Humanidad, sino que se puede solicitar cualquier colaboración en materia de cooperación internacional en la lucha contra la impunidad, los derechos de las víctimas y el legado atroz de dejarlos impunes". También se han desarrollado directrices sobre los derechos de las víctimas en pena y reparación, y se han consolidado tratados y normas internacionales al respecto. Sin embargo, en algunos casos "la presión internacional ya no le saca los colores a los estados para obligarles a cumplir, o peor aún, los estados que han alardeado de ser la cuna de los DDHH no les recuerdan las obligaciones, sino que dan cabida a las autoridades que toleran" las violaciones a los Derechos Humanos. Otro problema para la Justicia Internacional es que en las Negociaciones de Paz "se pasaba de página entre guerra y paz de forma rápida", por lo que en países con malas transiciones los estados no quieren colaborar con la Justicia Internacional pues "siguen protegiendo a los responsables de crímenes. Las estructuras de poder no han sido desmanteladas, muchas transiciones no han tocado estructuras políticas y económicas, con expectativas de beneficios postransición". Como conclusión, enfatiza el importante papel de los Defensores de los Derechos Humanos en materia de Justicia Internacional: "Juntos se pueden hacer cosas extraordinarias. El desafío es crear movimientos tan fuertes que permitan romper el silencio y hacer valer las herramientas que permitan otra vez volver a sacar los colores a aquellos estados que permiten y toleran que siga la impunidad en nuestros países".

S E M I N A R I O Lucha Contra la Impunidad y Coherencia de Políticas para el Desarrollo. “Han sido pocas las condenas pero han sentado jurisprudencia”: ese es el balance del Fiscal Manuel Vásquez. En el marco de los logros, es importante el “Caso del Jute” por ser el primero llevado a juicio por Delito Contra los Deberes de Humanidad. Este caso salió adelante gracias al peritaje histórico, pues en Guatemala tradicionalmente el gobierno ha ocultado información a los fiscales, argumentando que hay reglamentos donde se indica que cada 5 o 10 años se destruye la información relacionada con determinados temas. El resultado de la condena fue de 53 años y 4 meses por Delitos Contra los Deberes de Humanidad y por Delitos de Desaparición Forzada. Otro logro para la justicia transicional de Guatemala fue el Caso de Edgar Fernando García, al ser el primero donde se aportaron documentos históricos con valor probatorio salidos del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Actualmente, existe una fase procesal importante en Guatemala: se trata del del caso por el Genocidio Ixil, en el que será enjuiciado el 13 de enero el militar, y por entonces Director de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, José Mauricio Rodríguez Sánchez. Los retos de la Unidad Fiscal de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno tienen que ver con el ingente número de denuncias acumuladas así como la ocultación de información por parte de las autoridades (es el caso de la investigación sobre Chimaltenango, donde el Ministerio de Defensa ha denegado la información sobre la cadena de mando). Se trabaja “de puertas abiertas con organizaciones de DDHH, algo muy importante sobre todo en estos casos de justicia transicional”. Asimismo, el fiscal señala la importancia de trabajar con ONGs como intermediarias en comunidades para conseguir testigos, pues tradicionalmente las fiscalías se asociaban al Estado y los testigos se negaban a colaborar por la falta de independencia judicial respecto a los gobiernos asociados con la represión. “Es importante el apoyo de todos para que esto avance tanto para las víctimas, como para los sujetos que intervenimos, los sujetos procesales”.

S E M I N A R I O Lucha Contra la Impunidad y Coherencia de Políticas para el Desarrollo. Tras 6 años de proceso para recuperar el Archivo localizado fortuitamente en cárceles clandestinas y centros de tortura, Alejandra González es consciente de la necesidad de replantearse el cuidado de los archivos “para recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos”. Este Archivo Histórico es único por su magnitud, con 80 millones de folios y 115 años de historia (desde 1892 hasta 1997). Dividido en 56 fondos documentales, actualmente, desde el Archivo se está tratando de establecer una estrategia metodológica de estudio que contemple “el antes, el durante y el después, pues la información en esos papeles es limitada”. Desde su apertura, 5.900 personas han consultado el Archivo. A su vez, éste ha servido jurídicamente con valor probatorio para esclarecer diversos casos de desapariciones forzadas y de víctimas en el conflicto armado. También han hecho uso de él diversos investigadores o amigos y familiares de las víctimas de las violaciones de DDHH. Alejandra localizó un reto para el AHPN planteado por la debilidad institucional, pues a pesar de pertenecer al Ministerio de Cultura, no han recibido financiación de estos (funciona con financiación internacional). Además, en Guatemala no existe ningún tipo de legislación archivística. Con el AHPN se permite lograr el acceso a la información por parte de la ciudadanía (ya son 13 millones los folios reprografiados que serán colgados en Internet) y “cerrar las causas del duelo inconcluso que obstaculiza el proceso de Conciliación Nacional”. En el futuro se pretende abrir un Centro para la Concordia, un memorial en el espacio físico donde fueron encontrados los archivos que represente esa parte de la historia recuperada con el hallazgo de los documentos. “El Archivo Histórico Nacional ayudó a comprender el contexto de la sociedad actual. Permitirá fortalecer medidas que el Estado deba tomar para que no se repitan esas violaciones de derechos humanos”.

S E M I N A R I O Lucha Contra la Impunidad y Coherencia de Políticas para el Desarrollo. En el 96, el 29 de diciembre, se firman los Acuerdos de Paz. Eso es clave para entender hoy. Se vivió con ilusión porque se consultó a las organizaciones sociales... pero luego hubo decepción porque paz era ausencia de tiros, y no inclusión social de indígenas, campesinos y mujeres". Así, a nivel político, "en Guatemala sigue mandando el poder económico tradicional y a base de embajada de EEUU". Luis Nieto apunta que "más que nuevos actores son viejos actores transformados". El poder empresarial y económico sigue estructurado en familias, que controlan las empresas y están detrás de partidos políticos, del narcotráfico y de los medios de comunicación, formando así una gran alianza. Al controlar estos grandes medios de comunicación la mayor parte de los mensajes lanzados a la opinión pública guatemalteca, los centros de pensamiento son clave para el futuro democrático del país. Así, pequeños medios, como el digital "La Plaza Pública", "La Cuerda" (feminista), "Albedrío" (portal en internet) o "Mundo Real" (radio sobre medioambiente) entre otros, dan voz a las alternativas de pensamiento. En el panorama universitario, existe una palpable merma del pensamiento crítico al servicio de la sociedad ocasionado por la doctrina neoliberalista. Frente a ella, la Universidad Luis Landívar aún imparte la doctrina social jesuita y centros de pensamiento como AVANCSO y FLACSO han de compensar la pérdida de reflexión y análisis de las universidades. En el campo religioso, con un panorama evangélico y católico conservador cada vez más latente, CONFREGUA (Conferencia de Religiosos de Guatemala) sale a la luz como un actor importante de encuentro entre religiosos y religiosas muy comprometidos socialmente.