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Durante una misa celebrada recientemente en la comunidad de Limón, en el distrito de Chagres, provincia de Colón, monseñor Manuel Ochogavía, expresó su preocupación por la situación que enfrentan las comunidades de la cuenca del río Indio ante los planes de expansión hídrica vinculados al Canal de Panamá. El líder religioso cuestionó las afirmaciones de la Autoridad del Canal de Panamá que señalan que la mayoría de las comunidades han aceptado los procesos de reubicación e indemnización. Según indicó, la realidad que se percibe en el territorio es distinta, pues aún predominan la incertidumbre, el temor y el descontento entre numerosos moradores de la región.

Durante una misa celebrada recientemente en la comunidad de Limón, en el distrito de Chagres, provincia de Colón, monseñor Manuel Ochogavía, expresó su preocupación por la situación que enfrentan las comunidades de la cuenca del río Indio ante los planes de expansión hídrica vinculados al Canal de Panamá.

La decisión del Gobierno panameño de trasladar 29 privados de libertad de alta peligrosidad a instalaciones ubicadas en la Isla Coiba ha generado críticas y preocupación entre científicos, organizaciones ecologistas, defensores ambientales y comunidades costeras del pacifico de la provincia de Veraguas. Las autoridades han defendido la medida como parte de una estrategia para reforzar el control sobre estructuras criminales. Sin embargo, diversos sectores cuestionan que se utilice un territorio reconocido internacionalmente por su valor ecológico y protegido por la Ley 44 de 2004, que estableció el cierre definitivo del antiguo penal de Coiba.

El pasado 1 de julio, mientras la Asamblea Nacional escogía su nueva Junta Directiva y el presidente José Raúl Mulino presentaba su segundo Informe a la Nación, organizaciones populares realizaron una marcha en la ciudad de Panamá para expresar su rechazo a la gestión gubernamental. Los manifestantes sostienen que, durante estos dos años de administración, el gobierno ha privilegiado los intereses de los grandes grupos económicos por encima de las necesidades de la población. Entre las principales críticas señalaron la represión de las protestas sociales, la destitución de docentes, la persecución de dirigentes sindicales y las denuncias de violaciones a los derechos humanos registradas durante las movilizaciones del año pasado.

El pasado 22 de junio, organizaciones campesinas, ecologistas, docentes y otros sectores sociales realizaron una marcha desde el Parque Porras hasta la Plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, para expresar su rechazo al embalse de Río Indio, la posible reapertura de la minería metálica y a lo que consideran políticas contrarias a los intereses de las comunidades. Al llegar a las inmediaciones de la Asamblea Nacional, los manifestantes encontraron un cordón policial que impidió su avance. Los participantes denunciaron que este tipo de acciones limita el derecho a la protesta y forma parte de una política de restricción hacia los movimientos sociales.

La investigación transnacional Taladores Digitales, liderada por el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación, reveló cómo operan campañas de hostigamiento digital contra defensores ambientales en distintos países de la región. En Panamá, el estudio identificó más de un centenar de cuentas que promueven la reapertura de la mina de First Quantum Minerals y que han participado en cientos de ataques digitales contra personas que se oponen a la actividad minera.

Durante los días 4 y 6 de junio se realizaron movilizaciones en la ciudad de Panamá y en la provincia de Colón para rechazar la posible reapertura de la mina en Donoso y la construcción del embalse de Río Indio. En las marchas participaron comunidades campesinas, pueblos indígenas, organizaciones populares, sindicalistas, docentes, defensores ambientales y ciudadanos independientes, quienes manifestaron su preocupación por el impacto que estos proyectos podrían tener sobre los territorios, las fuentes de agua y la producción de alimentos.

Un grupo representativo de sindicalistas y agremiados panameños participa en la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra en Ginebra, Suiza, para denunciar violaciones a los derechos laborales y a la libertad sindical en Panamá.

El mes dedicado a la etnia negra en Panamá representa una oportunidad para reconocer la contribución histórica, cultural, social y política de los pueblos afrodescendientes a la nación panameña. La presencia africana en el territorio panameño ha sido fundamental desde la época colonial hasta la construcción del Canal de Panamá, dejando una huella imborrable en la identidad nacional.

El pasado 22 de mayo, cientos de ciudadanos y diversas organizaciones sociales de Panamá participaron en una marcha para expresar su rechazo a proyectos considerados una amenaza ambiental y social, entre ellos el embalse de Río Indio y la posible reapertura de la actividad minera en el país.

El 15 de mayo de 1903 fue fusilado en la Plaza de Chiriquí de la Ciudad de Panamá el líder indígena y revolucionario Victoriano Lorenzo. Han transcurrido 123 años desde aquel hecho que marcó profundamente la historia nacional y que todavía hoy sigue siendo símbolo de lucha social, justicia y resistencia popular. Más que un personaje histórico, Victoriano Lorenzo representa la voz de los campesinos, indígenas y sectores olvidados que durante décadas reclamaron igualdad, tierra y dignidad. Su muerte no solo evidenció las injusticias de su tiempo, sino que también dejó al descubierto los conflictos sociales y políticos que aún afectan a Panamá en la actualidad.

A pesar de que la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, ha dado declaraciones sobre el incremento de nuevas plazas de empleo, programas dirigidos a jóvenes para acceder a su primer trabajo y reuniones con la empresa privada para impulsar oportunidades laborales, la realidad que enfrenta gran parte de la población panameña parece ser distinta. Datos recientes del mercado laboral reflejan que la tasa de desempleo aumentó a un 10.4 %, lo que representa más de 227 mil personas desocupadas en Panamá. Además, casi la mitad de la población ocupada, entre el 47.1 % y el 49.3 %, trabaja en condiciones de informalidad, sin estabilidad ni garantías laborales.

La visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, a Panamá, bajo el pretexto de profundizar alianzas estratégicas y fortalecer lazos entre ambos países, ha sido rechazada por el movimiento social y activistas de derechos humanos en el país. Dicha visita es repudiada ya que representa al ente de ocupación colonial sionista, señalado internacionalmente por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos contra el pueblo palestino, incluyendo bombardeos, desplazamientos forzados, restricciones al acceso de alimentos y agua, así como otras acciones denunciadas.

Cada 15 de abril, Panamá conmemora el Incidente de la Tajada de Sandía de 1856, un hecho histórico que marcó la resistencia del pueblo panameño frente a la prepotencia y el abuso de ciudadanos estadounidenses en nuestro territorio.

A un año de la firma del memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos, crecen las preocupaciones por el retorno de tropas estadounidenses a territorio panameño, con el aval del gobierno nacional. Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y la migración irregular, se impulsa además la iniciativa conocida como “Escudo de las Américas”, que para diversos sectores no es más que una nueva forma de injerencia en los asuntos internos de la región.

En Panamá, crece la preocupación por las denuncias de abuso sexual, físico y psicológico contra menores en albergues bajo la responsabilidad del Estado, particularmente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF). A estas graves acusaciones se suman los testimonios de padres y madres de familia, quienes denuncian irregularidades en los procesos mediante los cuales se les ha retirado la guarda y crianza de sus hijos, señalando falta de sustento legal y violaciones al debido proceso.

Del 16 al 20 de marzo de 2026, la ciudad de Heredia, Costa Rica, fue sede de un Encuentro Regional sobre Educación Ambiental y el Acuerdo de Escazú, donde especialistas y organizaciones analizaron los principales desafíos de la democracia ambiental en la región. Durante el encuentro se evidenció que, aunque existen avances, también hay retrocesos importantes, especialmente por el debilitamiento de las instituciones democráticas, lo que impacta directamente en la protección del ambiente y los derechos humanos. Se alertó además sobre la llamada triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, agravadas por conflictos globales y modelos extractivos que profundizan las desigualdades. Otro punto crítico fue el deterioro del espacio cívico, con un aumento de ataques a periodistas, defensores ambientales y líderes sociales, lo que refuerza la urgencia de garantizar participación ciudadana segura.

En las próximas semanas, la Asamblea Nacional deberá elegir al nuevo Defensor o Defensora del Pueblo de Panamá, una decisión clave para el fortalecimiento de la democracia y la protección de los derechos humanos en el país. Diversas organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado a que este proceso sea transparente, participativo y basado en méritos. Señalan que quien asuma este cargo debe contar con solvencia moral, trayectoria comprobada en la defensa de los derechos humanos y plena independencia frente a intereses políticos o económicos.

En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las mujeres panameñas alzan su voz frente a las múltiples desigualdades que persisten en el país. Exigen condiciones dignas de trabajo en medio de la crisis climática, que ha profundizado la precariedad laboral y de la vida, afectando especialmente a las mujeres. Demandan justicia ante la violencia institucionalizada y verdad para las víctimas del SENNIAF.

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucionales los contratos relacionados con la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal marca un punto de inflexión en la historia portuaria del país. A partir de este fallo, el Estado panameño ha asumido el control de estas terminales, anteriormente administradas por Panamá Ports Company, vinculada al grupo Hutchison.