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La huelga docente continúa a pesar de la represión, persecución y judicialización de los manifestantes. En el día de ayer 11 de junio el sindicato de las bananeras de Bocas del Toro mantuvo una reunión en la Asamblea Nacional de diputados para llegar acuerdos en beneficio de los trabajadores bananeros, ya que la Ley 45 que los rige había sido afectada por la Ley 462. Se acordó abrir las vías a lo interno de Changuinola pero aún se mantienen en huelga con la empresa Chiquita, hasta alcanzar los acuerdos en firme. Por otro lado, los dirigentes de los gremios educativos tendrán un acercamiento el día viernes 13 de junio en la Asamblea de Diputados para tratar el tema de la Ley 462, escuchar las propuestas y a su vez sean nuevamente escuchados. Y a su vez consultar con sus bases gremiales para tomar decisiones. Como medida de presión, las vías que van desde Almirante hasta Chiriquí Grande se mantienen cerradas. Por otro lado, se denuncia la violencia brutal por parte de las unidades antidisturbios el día 10 de junio en la ciudad de Santiago, provincia de Veraguas, con heridos de balas y perdigones. De igual manera, se denuncia que los docentes de las provincias de Bocas de Toro y Veraguas no cobraron esta quincena, sin importar si se encontraban en huelga o no. Por: Dania Betzy Batista Guevara. Radio Temblor Internacional

En días pasados el gobierno panameño anunció un Plan de preservación y gestión segura de la mina en Donoso (Provincia de Colón), lo cual ha creado suspicacias en la población panameña, debido a que dicho plan fue elaborado por la empresa Minera Panamá S.A; se hace sin consultar ni informar debidamente a la ciudadanía los detalles del mismo.

La Agencia de Comunicación Tegantai órgano de información de la organización Acción Ecológica de Ecuador realiza su segunda versión de la Escuela Formación de Comunicadores Comunitarios que lleva como nombre: Ñukanchik Muskuykunamanta [Por nuestros sueños...]. Dicha escuela tiene un periodo de 6 meses intercambiando conocimientos prácticos y teóricos acerca de la comunicación comunitaria, seguridad digital, manejo de redes sociales, liderazgo comunitario, género y fotografía básica entre otros temas de formación que ayudan a los jóvenes de comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades a fortalecer el proceso comunicacional en los territorios con voz propia. Algunos de los pueblos originarios partícipes fueron: Chachi, Épera, Awá y comunidades campesinas. Las 3 regiones del Ecuador. Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional

En Panamá se cumplen más de 26 días de huelga indefinida a nivel nacional, una convocatoria realizada por el movimiento de trabajadores organizados y distintos gremios de educadores, pero a esta convocatoria se le han sumado distintos sectores productivos de la vida panameña. También pueblos originarios, campesinos, juventudes organizadas, frentes de mujeres y diversos sectores de la vida pública. Todo en función de cuatro demandas importantes a nivel nacional, como es la derogación de la Ley 462 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, el acuerdo de Mutuo Entendimiento entre Panamá y los Estados Unidos en función de maniobras militares en el territorio para controlar la migración, el narcotráfico y el control geopolítico en la región. Otra de la demanda es la lucha contra la reapertura de la mina cobre Panamá en el Corredor Biológico Mesoamérica, que bajo el fallo del 28 de noviembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia CSJ declaró inconstitucional el contrato minero entre el Estado Panameño y la empresa First Quantum, quien opera a través de minera Cobre Panamá, y el proyecto reservorio de multipropósitos para abastecer las esclusas en el Canal de Panamá, cuya región miles de familias campesinas se verán afectadas por la inundación generada por la represa de río Indio. Hay que señalar que esta huelga indefinida a nivel nacional está compuesta por diversas protestas, piqueteos, marchas, movilizaciones a nivel nacional las 24 horas del día en distintos sectores como indígenas, sectores urbanos, rurales, centros educativos, también piqueteos a instituciones gubernamentales, que cada vez estas acciones populares son reprimidas por estamento de seguridad como es la Unidad del Control de Multitud UCM, acompañada del Servicio Nacional Aeronaval SENAN y Servicio Nacional de Fronteras SENAFRONT estamentos de seguridad nacional de alto rango.  Compartimos declaraciones del Cacique Gabriel Menguizama de la comunidad de Arimae Tierras Colectivas Emberá Wounaan que limita con la provincia de Darién, y al este de la capital Istmeña. Quienes el pasado martes 20 de mayo fueron reprimidos por unidades del SENAFRONT. Nota periodística: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional 

Se cumplen más de 15 días de huelga nacional indefinida convocada por distintos gremios de docentes, estudiantes universitarios, trabajadores, ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas, cuyas demandas al gobierno son: derogación de la Ley 462 de la Caja del Seguro Social, la eliminación del memorándum firmado entre Panamá y Estados Unidos, la no reapertura de la mina y la lucha por la defensa ambiental ante el reservorio sobre Río Indio. Esta escena panameña ha tenido también la vulneración de los derechos humanos debido a decenas de manifestantes reprimidos, detenidos y que han sido judicializados como parte de la criminalización de la protesta social. También se ha mantenido los discursos de odio en los medios de comunicación y redes sociales pagadas por el gobierno, la élite empresarial y minera. Por otro lado, el gobierno desconoce el movimiento social tildándolo de comunista, de izquierda para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia social y contra la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarles salarios y destituirlos. Se ha recrudecido la protesta social. Pero a pesar de ello, el descontento crece y más sectores sociales se unen, inclusive de áreas rurales remotas. Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional

La Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática (PLACJC) y la Campaña Global para Exigir Justicia Climática (DCJ-LAC) realizaron el III Encuentro Latinoamericano y del Caribe por la Justicia Climática, cuya convocatoria asistieron más de 20 líderes en la defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente de 13 países en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. El tercer encuentro se da en el marco del proyecto Detener la Captura corporativa, que busca visibilizar y relevar las soluciones a la crisis climática propuestas desde las comunidades rurales, indígenas y ambientales a través del Mapa de Falsas Soluciones al cambio climático, que recopila a través de seis categorías más de 100 casos de proyectos contaminantes que se apropian de la narrativa ecológica. A continuación compartimos declaraciones de Liliana Buitrago del equipo organizador, ecofeminista, investigadora y activista en la colectiva Mujeres, Cuerpos y Territorios de Venezuela. El foco local del III encuentro se concretó con el Foro Abierto titulado De los mercados de carbono y otras estafas corporativas de la acción climática, donde una mesa se dedicó exclusivamente a indagar sobre los mercados de carbono en Bolivia, a través de las voces de la Plataforma Boliviana de Cambio Climático, el Colectivo CASA, la Organización Regional de Mujeres Indígenas Chiquitanas, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia y la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra. En esta oportunidad queremos compartir la voz de la defensora inígena Margarita Aquino Aramayo. Red nacional de mujeres en defensa de la madre tierra RENAMAT, Una defensora de la vida que con su experiencia y amor lucha por otros modelos de vida desde esta región. En noviembre del 2025 la ciudad de Belém do Pará en Brasil será la sede de la 30ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 30. Las cumbres sobre cambio climático como COP se le denomina se realizan cada año a partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para evaluar los avances y negociar respuestas multilaterales al cambio climático desde 1992. Sin embargo, estas cumbre han sido duramente cuestionadas por los pocos resultados ante el aumento de efectos negativos por el calentamiento global. Además en sus últimas versiones se ha convertido en lobby de los representantes de las corporaciones de hidrocarburos, excluyendo a la sociedad civil socioambiental. A tal experiencia los movimientos de ecologistas y comunidades rurales del mundo y por la justicia climática preparan la Cumbre de los Pueblos paralelo a la COP 30. En esta ocasión compartimos un avance de los preparativos con Leticia Rangel Tura. de la Federación de los órganos para asistencia social y educacional FASE. Brasil. Ante las falsas soluciones al cambio climático como son los mercados de carbono, la farsa de las cumbres y los efectos negativos de la crisis ambiental global, los pueblos han sido enérgicos y contundentes en la promoción de modelos de vida fuera de la lógica financiera. La cual abogan por una transición energética justa y solidaria respetando la naturaleza y la autodeterminación de los pueblos. Vamos a compartimos en esta entrega el posicionamiento de los pueblos amazónicos a través de Ninawa Inú del Pueblo Huni Kuin Acre. Brasil Producción: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional del Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Del 18 al 20 de marzo, en Panajachel, Guatemala COREDAM (Coalisión Regional por el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano en Centroamérica), realizó el Intercambio de Experiencias sobre Resiliencia Comunitaria en el marco de la Triple Crisis Planetaria, un espacio que reunió a representantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. La jornada fue inaugurada con las palabras de la Relatora Especial sobre el Derecho a un Medio Ambiente Sano, quien hizo un llamado urgente a fortalecer la protección de los ecosistemas y los derechos humanos.

l pueblo Naso llevó a cabo una vigilia por la detención del Rey Ardinteo Santana Torres y otros siete líderes Naso, por defender sus derechos otorgados mediante Ley 188 que crea la comarca y sobre todo por su ocupación ancestral en la localidad de Sowposo. Las autoridades originarias fueron detenidas por autorización del Ministerio Público por considerarlos una "Amenaza". Están detenidos de manera injusta y sin causa probada basados en suposiciones, están recluidos en la Penitenciaría de Débora en Guabito, distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. La situación se registra  en el caso de un litigio de tierra que involucra a la Comarca Naso y la Fundación Renacer, empresa de propiedad extranjera del empresario colombiano Max Freddy Ordóñez Ferreira quien se dedica a actividades de expansión agropecuaria, cuya actividad se ha extendido más allá de los límites territoriales de la Comarca Naso Tjër Di,  creada en el 2020, tierras que los Nasos han ocupado de manera tradicional y ancestral antes de la creación de la República de Panamá. Luego de esta nota, Tribunal Superior de Apelaciones de Bocas del Toro, decidió revocar la medida de detención preventiva del Rey Naso Ardinteo Santana y los otros siete líderes indígenas Nasos detenidos en el Centro Penitenciario de Débora en Changuinola, y corrige el exabrupto cometido contra la máxima autoridad del pueblo Naso. Los magistrados basaron su veredicto bajo el argumento de que la decisión de la medida cautelar impuesta “no es proporcional, idónea ni necesaria” por lo que se ordenó la liberación inmediata del Rey Santana y sus compañeros dirigentes, dándoles la razón a los hermanos Nasos, de que la medida es desproporcionada e injusta. En una acción calificada de “criminalización de líderes indígenas por defender su derecho territorial ancestral”. Antes de cerrar esta edición, compartimos declaraciones de Saul Mendez Secretario de general del Sindicato único de trabajadores de la Construcción y similares (SUNTRACS) y representante del movimiento social popular panameño ante la inminente aprobación del Proyecto de Ley 163 que reforma la Caja de Seguro Social, cuyo hecho ha generado un estado de alerta, anunciando las próximas acciones de protestas en diferentes puntos del país con miras a una huelga nacional además de la aprobación de dicha ley se une la reapertura de la mina Cobre Panamá en declaraciones dada por el presidente José Raul Mulino la cual a causado rechazo. Por: Olmedo Carrasquilla Aguila de Radio Temblor Internacional

Hace unos días la Asamblea Nacional aprobó en primer debate las reformas a la Caja del Seguro Social, conocido como el Proyecto de Ley 163. Mientras tanto, organizaciones sindicales, docentes, estudiantes universitarios y sociedad civil, han estado manifestándose afuera de la Asamblea con piqueteos, concentraciones y marchas, solicitando a los órganos Ejecutivo y Legislativo que tomen en cuenta las propuestas presentadas por sus organizaciones, meses atrás en las mesas de trabajo, y que las mismas no han sido consideradas para las reformas. Las protestas han sido duramente reprimidas por los estamentos de seguridad, criminalizando y judicializando a estudiantes universitarios y dirigentes sindicales y sociales, desconociendo el derecho a la protesta social.

n el país se han estado dando manifestaciones en contra del proyecto de Ley 163 que reforma la Caja de Seguro Social. Dichas reformas son rechazadas por el pueblo panameño por ser lesivo a los intereses de la clase trabajadora. El pasado 12 de febrero se dio una protesta del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) contra la mencionada Ley. La misma fue reprimida fuertemente por los estamentos de seguridad, apresando más de 500 obreros y obreras. Quienes fueron golpeados/as estando esposados/as, con signos de torturas y a las mujeres las amenazaban de ser violadas. Fueron varios días de audiencias para 83 obreros que pretendía el Ministerio Público condenar, pero que finalmente decretaron medidas cautelares obteniendo su libertad gracias al trabajo tesonero del equipo legal de la defensa

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana –Capítulo Panameño de Transparencia Internacional (FDLC-TI Panamá), en alianza con el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), presentaron el pasado martes 11 de febrero los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2024, publicado anualmente por Transparencia Internacional y el cual fue lanzado simultáneamente a nivel internacional. El Índice de Percepción de Corrupción 2024 aporta datos que confirman la relación directa que hay entre el control de la corrupción y un mejor desempeño de la conservación ambiental, la preparación frente al cambio climático y las condiciones de participación de los activistas ambientales. Es decir que las investigaciones también revelan que la corrupción es una amenaza importante para la acción climática, ya que obstaculiza el progreso en la reducción de emisiones y la adaptación a los efectos inevitables del calentamiento global.  Escuchemos declaraciones de Lilian Gonzalez Guevara directora del Centro de Incidencia Ambiental CIAM y un extracto de la presentación de los resultados por la licenciada abogada Olga de Obaldía del capítulo panameño de Transparencia Internacional De acuerdo con el IPC, Panamá bajó de la posición 35 entre 180 países a la posición 33, considerando que 0 es altamente corrupto y 100 es muy limpio; por lo que se puede decir que el país sigue teniendo una deuda en esta materia. Desde que Panamá ingresó al listado en 2012, no ha presentado mejoría alguna, ya que en aquel momento la puntuación fue de 38; 13 años después ha descendido cinco puntos, una baja histórica. Por: Olmedo Carrasquilla Aguila de Radio Temblor Internacional.

El pasado 4 de febrero, se desarrolló en la sede del Sistema Penal Acusatorio, Plaza Ágora, ciudad de Panamá, la audiencia al cineasta y periodista Pedro Silva, y Tamara García, estudiante de economía de la Universidad de Panamá. En la madrugada del 3 de febrero, las fuerzas policiales violentaron y allanaron sus casas. Ambos participaban en las jornadas patrióticas contra la visita del Secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio y contra la Ley que reforma la Caja de Seguro Social.

Estados Unidos en su acostumbrado accionar para seguir presionando a favor de sus intereses, en esta ocasión por el control del Canal de Panamá. En la consecución de ese objetivo, sus personeros como el representante republicano Dusty Johnson presentó a principios de enero un proyecto de ley que autorizaría al Presidente Trump la compra del Canal de Panamá. Por otro lado, el Senado de Estados Unidos realizó recientemente una audiencia sobre el Canal de Panamá donde se discutió sobre las posibles violaciones al Tratado de Neutralidad y del supuesto control de China en el manejo del Canal, además de sus puertos. Sumado a esto, próximamente Panamá recibirá la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Jóvenes de la Licenciatura en Ciencias de la Familia y Desarrollo Comunitario, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, realizaron una intensa jornada de organización social comunitaria en el Centro Fé y Alegría de Vaquilla, corregimiento de Chiguiri Arriba, distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

Este 9 de enero se conmemora los 61 años de la Gesta Patriótica de los Mártires en Panamá. Una fecha muy importante en la historia del país, ya que marca el aniversario de los hechos del 9 de enero de 1964. cuando los estudiantes panameños marcharon hacia la Zona del Canal para izar la bandera nacional junto a la estadounidense como parte del Acuerdo Chiari-Kennedy, la cual el incumplimiento por parte de los gringos, desencadenó un enfrentamiento entre estudiantes del Instituto Nacional y estadounidenses. El resultado fue la muerte de 22 personas y más de 550 heridos. Este suceso fue crucial para la recuperación de la soberanía del Canal de Panamá. Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 ha generado muchas expectativas sobre cómo su administración podría influir en diversos temas internacionales. Uno de estos es la retórica que utiliza en sus amenazas de “recuperar” el Canal de Panamá en declaraciones el pasado 7 de enero en una conferencia de prensa llevada a cabo en Florida. Trump volvió a quejarse de las tarifas que establece el Canal para el tránsito de buques, alegando que son demasiado costosas y que las naves de guerra estadounidenses “pagan más que las de otras naciones” por su tránsito. Se trata de la presión militar y económica que puede ejercer el país norteamericano, que no descarta utilizar para forzar al Panamá a ceder en favor de sus intereses. Pero las reacciones en Panamá y en la región no se hicieron esperar, y la solidaridad como defensa ha sido notoria al país istmeño. Escuchemos declaraciones del sociólogo y profesor de la Universidad de Panamá Víctor Jordan Anria. Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional

Se va el año 2024 y varios hechos importantes ocurrieron en Panamá, entre esos las elecciones presidenciales de mayo pasado, en las que salió electo el actual Presidente José Raúl Mulino, quien se presentó como alguien diferente prometiendo bonanza económica sobretodo entre los sectores populares, pero que pronto desencantó con su estilo autoritario y despótico. Por otro lado, el tema del extractivismo minero, del cual el pueblo panameño habló claro y firme al rechazarlo en las calles en octubre y noviembre de 2023 y que, a pesar del fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, la empresa Minera Panamá sigue operando en suelo panameño en complicidad con el gobierno. En esa misma línea de la problemática ambiental, los efectos del cambio climático se hacen sentir cada vez más fuerte. Las intensas lluvias de octubre y noviembre que dejaron muertos y miles de afectados mientras que los distintos gobiernos sin estrategias ni planes para mitigar los efectos, ni replantear el modelo de desarrollo actual por otro que sea más amigable con medio ambiente. Por otra parte, frente a la crisis de la Caja del Seguro Social, el Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley 163 que reforma esta institución, la cual ha sido rechazado por el pueblo panameño, hecho que ha quedado demostrado en el primer debate en la Asamblea Nacional, donde el movimiento social y popular ha presentado argumentos contundentes contra dicho proyecto. Adicionalmente, las organizaciones de mujeres siguen reclamando a los distintos gobiernos lo incapaces que han sido en no establecer políticas públicas ni campañas permanentes de concienciación y sensibilización que eduquen sobre la no discriminación y la no violencia contra la mujer, que brinden protección a las mujeres en el ámbito laboral, familiar y social, que sancionen la violencia, el acoso y la discriminación contra la mujer. Producción: Dania Betzy Batista Guevara / Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional. Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER)

La Operación Causa Justa comenzó en las primeras horas del 20 de diciembre de 1989, con la movilización de aproximadamente 27,000 tropas estadounidenses y más de 300 aviones. La operación se llevó a cabo en múltiples frentes, incluyendo ataques a bases militares y posiciones estratégicas controladas por las Fuerzas de Defensa Panameñas. El conflicto fue breve pero intenso. Las tropas estadounidenses lograron capturar rápidamente los puntos clave, y el 3 de enero de 1990, Noriega se entregó a las autoridades estadounidenses después de refugiarse en la Nunciatura Apostólica en Panamá. Fue trasladado a Estados Unidos, donde fue juzgado y condenado por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero. Las consecuencias de la invasión fueron significativas y variadas. En el plano político, la invasión resultó en el fin del régimen de Noriega y el establecimiento de un gobierno democrático bajo Guillermo Endara, quien había ganado las elecciones anuladas. Este cambio marcó el inicio de un proceso de reconstrucción institucional y económica en Panamá. Sin embargo, la invasión también tuvo costos humanos y materiales. Se estima que entre 500 y 4,000 personas, incluyendo civiles y soldados, perdieron la vida durante el conflicto. Además, los bombardeos y combates causaron daños extensos en infraestructura y bienes materiales, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población panameña.

Este 19 de noviembre, la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora (FUCLAT) convocó una marcha en defensa de la seguridad pública del país. Centenares de militantes se hicieron presentes desde la Avenida Martín Sosa hasta la Asamblea Nacional de Diputados. FUCLAT presentó al pueblo panameño lo siguiente: La crisis financiera de la Caja del Seguro Social (CSS) es el resultado de los componentes entre sectores que representan los intereses de la banda de empresarios de la oligarquía corrupta. Entre estos sectores se encuentran el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales de Panamá, Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y quienes administran el Estado. En este contexto, destaca la actitud autoritaria de José Raúl Mulino, quien, con su conducta, ignora las demandas de un pueblo indefenso que exige sus derechos legítimos. Los trabajadores luchan por un sistema de seguridad social solidario, con un programa de pensiones sostenibles que garantiza la jubilación de las presentes y futuras generaciones.

El Movimiento Social panameño, que es el pueblo organizado, tiene más de 10 días advirtiendo la jugada del gobierno para las reformas a la Caja de Seguro Social. Situación que se fue intensificando dentro de la mesa de escucha, donde las organizaciones de la clase obrera exigen No privatizar el seguro social, no al aumento de la edad de jubilación y regresar al sistema solidario. Algo que no solo se exigió en la mesa, sino en las calles con multitudinarias marchas. Desde el 6 de noviembre se han mantenido manifestaciones afuera de la Asamblea Nacional y en la Vía Simón Bolívar a la altura de la Universidad de Panamá, donde las y los estudiantes son los mayores sacrificados por la represión policial. El Ejecutivo ha favorecido con estas pretendidas reformas a los empresarios, en esta guerra de ideas, en la que los sectores populares y sociales han defendido y sustentado sus puntos y para este fin, participaron en la Asamblea los días 14 y 15 de noviembre, en el debate convocado por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo que es la encargada de estudiar el proyecto ley 163, que modifica a la ley 51 del 27 de diciembre del 2005. Es importante señalar que antes de este debate, los/as dirigentes estuvieron haciendo docencia en los diferentes medios de comunicación masiva.

La tarde del 6 de noviembre, se llevó a cabo la primera manifestación en las afueras del Palacio Justo Arosemena en la 5 de mayo, donde un centenar de panameños y panameñas se movilizaron en contra de la presentación del proyecto de reformas a la Caja del Seguro Social (CSS) ante la Asamblea Nacional de Diputados. Los participantes expresaron un claro rechazo a las medidas paramétricas y defendieron la necesidad de regresar al sistema solidario, que consideran esencial para garantizar los derechos sociales del pueblo.