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El oro que mató al agua: la masacre ambiental del río San Sebastián

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Ricardo Navarro, presidente del Centro de Tecnología Apropiada (CESTA), se refirió a la reciente Ley de Agentes Extranjeros aprobada por la Asamblea Legislativa, la cual impone un impuesto del 30 % a las donaciones y financiamientos provenientes del exterior.

El abogado Jonathan Cisco, recordó que en 2021 se presentó un anteproyecto similar, que fue modificado por la Asamblea Legislativa para endurecer sus disposiciones, incrementando las multas y ampliando su alcance. Aunque en su momento obtuvo dictamen favorable y fue llevado al pleno, la presión ejercida por sectores diplomáticos, organizaciones sociales, sindicatos y fundaciones logró frenar su aprobación.

Jonathan Cisco, abogado de la organización de derechos humanos Cristosal, advirtió que la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada recientemente por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, representa una amenaza directa para las organizaciones sociales, comunidades vulnerables y medios independientes en El Salvador.

El sector campesino del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular expresó su preocupación por la actual situación agropecuaria en El Salvador, señalando una grave crisis que atraviesa el sector debido al encarecimiento de los insumos para la cosecha.

Con respecto al Censo Agropecuario y de Pesca El Salvador 2025, que está realizando el Banco Central de Reserva (BCR), expresaron preocupación porque las autoridades no les han brindado suficiente información sobre sus beneficios. Temen que el censo sirva como base para imponer más impuestos al sector agrícola.

Salvador Vásquez, presidente de la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria Salvadoreña (CONFRAS), también expresó temor de que el gobierno despoje de sus tierras a las cooperativas beneficiadas por la reforma agraria de 1988. Vásquez aclaró que algunas cooperativas están endeudadas porque el gobierno dejó de comprarles las semillas del paquete agrícola y su producción. Además, señaló el encarecimiento de las cosechas.

Escobar también presentó un desglose de las estadísticas que maneja el Socorro Jurídico Humanitario sobre las muertes ocurridas bajo custodia del Estado. Según los datos, de 404 adultos fallecidos, el 94 % no tenía vínculos con pandillas.

El Socorro Jurídico Humanitario confirmó la muerte número 408 de una persona bajo custodia del Estado. La organización denunció que la víctima no tuvo acceso a una segunda audiencia ni a un juicio justo. El fallecimiento ocurrió en el Centro Penitenciario de Quezaltepeque, como consecuencia de una insuficiencia renal irreversible, una condición que, según la organización, es común en dicho penal.

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Tras la aprobación de la iniciativa, Irene Molero, coordinadora de ONGD de Euskadi, ofreció una conferencia de prensa.

El pleno del Parlamento Vasco manifiesta su preocupación ante el deterioro de los derechos humanos en El Salvador. La iniciativa fue presentada por los grupos parlamentarios del PNV, EH Bildu, PSE y Sumar, y fue aprobada por unanimidad de los presentes, con excepción del grupo Vox. La aprobación se da en la misma semana en que la Asamblea Legislativa salvadoreña avaló la Ley de Agentes Extranjeros. Dicha legislación, según la Coordinadora de ONGD de Euskadi, representa un grave retroceso, al criminalizar la cooperación internacional y abrir la puerta a la persecución institucionalizada de las organizaciones sociales. La ley impone, entre otras medidas, un impuesto del 30 % a las donaciones recibidas por organizaciones no gubernamentales. Durante el debate parlamentario estuvo presente la delegación vasca de seguimiento a la situación de derechos humanos en El Salvador, también asistió la abogada salvadoreña Ivania Cruz, defensora de derechos humanos y miembro de la UNIDEHC, actualmente exiliada en Euskadi.