Los retos de la transición energética: un cambio de paradigma

El 26 de febrero de 2019 tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino el diálogo “Los retos de la transición energética: un cambio de paradigma”, protagonizado por María Fernández Pérez, vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; Jordi Sevilla, presidente de RED Eléctrica, y Jorge Sanz, director asociado de Nera Economic Consulting.

El acto giró en torno al contenido del anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que aprobó el Gobierno el viernes anterior. María Fernández comentó que una cosa que le ha gustado del anteproyecto es el plan nacional integrado de energía y clima, porque concreta objetivos y medidas que tenemos que llevar a cabo todos. Cada una de las medidas que contiene es un programa de trabajo en sí mismo, que requiere mucho esfuerzo por parte de todos, porque implica la modificación de usos, costumbres y procedimientos.

Jorge Sanz, por su parte, se mostró crítico con el contenido del anteproyecto. Según indicó, los objetivos que establece en todas las partidas son más ambiciosos que la media europea. A su juicio, eso es un error estratégico. Una parte de la descarbonización vendrá de la mano del cambio tecnológico y eso nos sale gratis. Pero la que no proceda del cambio tecnológico tendrá que hacerse a costa del bolsillo de los españoles, que tendrán que hacer un gran sacrificio en términos de pérdida de bienestar en favor de las generaciones futuras. Por eso, el esfuerzo tiene que ser equilibrado, no por encima de la media europea, porque la renta per cápita de España está por debajo de la media europea, es del 92% de la misma. Además, si no se produce un cambio tecnológico muy potente, no seremos capaces de cumplir con el plan de descarbonización.

Jordi Sevilla, a su vez, afirmó que la lucha contra el cambio climático y los objetivos de descarbonización son un objetivo de país. En este sentido, alabó la propuesta del Gobierno porque, por primera vez, están planteándose propuestas concretas, dijo. El cambio climático está ahí y las repercusiones las vamos a sufrir. Así es que el coste de no hacer nada es muy superior al de hacerlo.

Para María Fernández es factible lograr una inversión de cien mil millones en renovables, y de cuarenta mil millones en redes, tal y como prevé el plan del Ejecutivo. En cambio, el objetivo de invertir sesenta mil millones en eficiencia energética es más discutible que pueda alcanzarse en tanto en cuanto implica modificar el comportamiento de los consumidores.

Jorge Sanz también fue crítico con este punto. Uno de los instrumentos para descarbonizar es las reformas estructurales que mejoren la asignación de recursos, en particular la reforma fiscal. En el plan del Gobierno, sin embargo, brillan por su ausencia. También han desaparecido las prohibiciones, por ejemplo, las de matricular vehículos contaminantes a partir de 2040 o la de utilización de calderas de carbón. Todo se centra en el cambio tecnológico, el factor tractor de todo el plan, que va a permitir inversiones en el sector privado y movilizar recursos públicos. Pero eso solo será posible si el cambio tecnológico genera más recursos económicos, lo que hace que el plan sea muy vulnerable si ese cambio no se produce como dice el gobierno. Al final de todo esto, la pregunta es si el gobierno va a ser capaz de movilizar 5.000 millones de euros anuales con una deuda pública del 97% del PIB, con un déficit presupuestario al límite de lo que permite Bruselas y con el problema de la Seguridad Social que vamos a tener en la próxima década.

Jordi Sevilla trató de quitar hierro a estas críticas señalando que de lo que se está hablando es de un plan indicativo que expresa una visión y una voluntad. Se ha optado por la opción de ser un poco voluntarista porque la transición energética requiere de una movilización muy importante de recursos que necesita coordinarse para que sea eficaz y rentable, en unos plazos orientativos. La cuestión es si la administración es capaz de dar permisos para hacer lo que hay que hacer en plazo y forma, esto es, de acortar los plazos a la mitad.
Jorge Sanz respondió que la forma más barata de descarbonizar es apostar por las renovables eléctricas, que ahora mismo nos salen gratis. Las renovables no eléctricas, en cambio, no son competitivas y resultan contraproducentes para la lucha contra el cambio climático. La otra vía de descarbonizar es el ahorro energético, pero, en promedio, hacer esto es infinitamente más caro que apostar por las eléctricas.
María Fernández señaló que el plan sí que contempla los ahorros energéticos. Pero cambiar la calefacción de gas tiene que ver con los comportamientos de los consumidores, lo mismo el coche. Eso se irá haciendo a medida que se tenga que hacer, pero será más hacia el 2030.
Respecto a las competencias que el proyecto asigna a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, María Fernández considera que se trata de una solución ortodoxa y positiva porque, cuando un regulador independiente tiene las competencias necesarias, provoca cambios importantes en el país.
Jorge Sanz también alabó la concesión de esas competencias a la CNMC porque un regulador independiente, si aborda con criterios técnicos las retribuciones reguladas, puede maximizar el interés de los ciudadanos. El Gobierno, en cambio, no puede hacerlo porque siempre sufre presiones políticas, por ejemplo, la idea de las tarifas progresivas del acuerdo Gobierno-Podemos.
Jordi Sevilla apoyó la dotación de competencias a la CNMC. Según explicó, el juego de incentivos de unos y otros es distinto, por eso es bueno que haya contrapesos. La planificación, además, es un tema clave, porque a veces hay demasiada regulación. Si necesitamos movilizar tanto esfuerzo público y privado en un espacio de tiempo acotado y con unas cuantías determinadas de inversión, necesitamos ponernos de acuerdo y hacerlo a la vez.
En este sentido, Jordi Sevilla criticó la tasa de retribución del 5,58% que establece el anteproyecto, por considerar que no es suficiente: nos dicen lo que tenemos que hacer, al precio al que lo tenemos que hacer, con inversiones que, para financiarlas, tenemos que salir a los mercados internacionales en busca de recursos a los tipos de interés vigentes en esos mercados en cada momento. La CNMC, no obstante, ha hecho un movimiento muy importante al tratar de calcular el coste en función del coste de capital, de trabajo, etc. Ese cambio de metodología le parece bien.

Jorge Sanz se mostró de acuerdo en que la nueva metodología es mucho mejor que lo que teníamos. Ahora, por lo menos, hay una metodología. Pero ese método tiene márgenes de discrecionalidad y la sensación es que se han utilizado todos para que el resultado sea un número bajo.
María Fernández defendió a la CNMC, en este sentido, alegando que todos los informes que les habían llegado daban una tasa de retribución del 7%. Cada uno utilizaba un método distinto, pero el resultado final de todos era el 7%. Eso, cuando menos, es raro.

Jordi Sevilla advirtió sobre este tema que se estaban mezclando dos cosas: el coste de la factura eléctrica, que es el 5%, y la retribución de unas inversiones. De aquí al 2030, dijo, Red Eléctrica va a tener que invertir 7.000 millones de euros que vamos a tener que pedir al mercado. Por tanto, hay que jugar a ese doble gorro del menor coste posible, pero con una retribución que haga creíble la inversión necesaria.

También advirtió de que será más difícil gestionar la generación si el peso de la eólica y la fotovoltaica es mayor, porque su capacidad depende de que haya viento o de que no esté nublado. La demanda, además, es cambiante porque autoconsume. Todo eso requiere unas redes que ya no son tan claramente unidireccionales. Ahora, lo que se necesita es más inteligencia en las redes.

María Fernández dio la razón a Jordi Sevilla al señala que una de las necesidades adaptar las redes de transporte y distribución. Las inversiones son necesarias en la parte de inteligencia de red y también para dar respuesta a los altibajos de las renovables. El problema, dijo, es el backup.

En este sentido, a Jorge Sanz le sorprende que no cierren todas las centrales nucleares y solo lo hagan los 4.000 MW previstos en el plan, dadas las incertidumbres y cambios regulatorios. También indicó que el plan mantiene todos los ciclos combinados, pero no se dice cómo se va a mantener su disponibilidad para aportar su energía, sobre todo cuando su incentivo es a cerrar debido a las retribuciones. La termosolar, por su parte, no es competitiva a día de hoy, pero el plan apuesta por ella.