Las guerras que azotan el oriente medio y al norte de África nos muestran todo un drama humano en el que el capitalismo es la mano criminal y que los grandes medios quieren mostrarnos como crisis humanitaria, cuando en realidad el principal motor es la violencia para el robo de la tierra, los recursos, las riquezas y el sometimiento de pueblos enteros; ahora en Latinoamérica y particularmente en el caso Colombo-Venezolano, también se nos habla de crisis, cuando en la realidad es una guerra con miles de componentes. Más de seis millones de colombianos, huyendo de la guerra, la miseria y el hambre, han debido asentarse en Territorio Venezolano, contrastando con menos de 500.000 venezolanos escuálidos, que han llegado a Colombia.
Ahora se dice que el paramilitarismo no existe en Colombia y que lo que si existe son bandas criminales, buscando con ello enturbiar y camuflar vínculos de mayor calado estratégico para el robo de la tierra, los recursos, las riquezas y el sometimiento de quien ose oponerse.
Según lo ha denunciado la Comisión de Justicia y Paz, organización de DDHH que trabaja en el País, el pasado domingo 6 de septiembre, paramilitares abordaron dos embarcaciones publicas que se dirigían desde el puerto de Buenaventura hacia territorio colectivo de comunidades negras en el departamento del Cauca, hurtando pertenencias de los pasajeros y robando las embarcaciones, obligando a las personas a lanzarse al rio, por lo que un adulto mayor murió ahogado y otra persona de un infarto, debido al nerviosismo, mostrándonos un paramilitarismo extendido por el territorio nacional. Todo esta fríamente calculado y empatando una cosa con otra.
El mundo no conoce aun la triste como cruel historia de los llamados paramilitares y el papel que han jugado en el conflicto armado interno Colombiano, creadas por empresarios, gamonales, terratenientes, ganaderos, transnacionales, industriales, generales de la policía y de las fuerzas armadas y obviamente, por la clase política. En la actualidad camina un proceso de apropiación, acumulación, saneamiento y favorecimiento de la ilegalidad que contempla varias fases, entre ellas una primera, de control territorial y una cuarta de legalización de tierra, inicialmente adjudicada como baldía y de favorecimiento a empresarios acumuladores de tierra beneficiarios del despojo al Estado. Se trata del proyecto de ley 223 que crea las zonas de interés de desarrollo rural económico y social ZIDRES.
En el pliego de exigencias de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular se lee en primera medida un subtitulo de “Mandatos para el buen vivir, la democracia y la paz” y en el punto 1 de “Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial”, introduce un pequeño aparte en el que se puede leer: “El país necesita un proceso de Ordenamiento Territorial donde sean las comunidades quienes redefinan la manera como se organiza la producción, se distribuye el uso del suelo, se gobierna el subsuelo, y se protegen el aire, el agua, los ecosistemas estratégicos y los medios de vida de las comunidades agrarias. Ese ordenamiento apuntará a armonizar la conservación del medio natural con el aprovechamiento para la pervivencia de las comunidades agrarias”. El 31 de agosto fue el día que se dio apertura a la asamblea campesina y semana de la indignación desde el coliseo el campin de Bogotá.
Contempla además el pliego de exigencias de la cumbre agraria, otros siete puntos como son, la economía propia contra el modelo de despojo, la Minería, energía y ruralidad, los Cultivos de coca, marihuana y amapola, los Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia, pero también contempla los Derechos sociales, la relación campo-ciudad y la Paz, justicia social y solución política.
Voceros de la Cumbre Agraria han denunciado que el gobierno les incumplió los acuerdos firmados desde el año 2013. Según Robert Daza presidente del Coordinador Nacional Agrario -CNA-: “Si el gobierno no cumple lo acordado el pasado primero de septiembre, continuaran las movilizaciones y protestas” Desde ya la Cumbre Agraria ha dejado claro la posible realización de un gran paro para el próximo año. Por su parte y como lo ha informado el portal de “Colombia Informa”, José Santos Caicedo del Proceso de Comunidades Negras -PCN- señaló que están preparando el gran paro nacional hacia el 2016. “El gobierno debe entender que los pueblos campesinos, indígenas y afro estamos en unidad de acción para construir un mejor futuro para nuestros pueblos”
Por su parte, Luis Britto García ha señalado que “en el Táchira, departamento fronterizo con Colombia, circulan 160.000 vehículos pero ¡ahí se consume más gasolina que en Caracas! Un millón diario de galones de gasolina sale de Venezuela hacia Colombia, ¿pueden creerlo? ¿Y quiénes se nutren del meganegocio de traer clandestinamente gasolina a $200 galón (la más barata del mundo) a Cúcuta donde el galón vale de 4.000 a 5.000? ¿Los pinpineros? No, hablamos de un negocio más rentable que el mismo narcotráfico y que obviamente controlan las mafias que el gobierno llama bacrim, es decir, bandas paramilitares”.
Una declaración firmada por los partidos liberal, conservador, polo democrático, la U, Centro Democrático, Cambio Radical, Opción Ciudadana, Mira y Maíz, es decir, toda la izquierda parlamentaria, se constituyo en un cheque en blanco de respaldo al Gobierno de Santos, lo que ha llevado al ciudadano afroabyayalense de la Región Caribe en la República de Colombia, Nicolás Ramón Contreras Hernández a decir, entre otras, en articulo aparecido en el portal de Rebelión, bajo el titulo de “conclusiones y realidades de una crisis fronteriza” que “la izquierda nacional reunida en el deshilachado Polo Democrático – dizque- Alternativo, se raja de cabo a rabo y a través de dirigentes como Clara López Obregón y periodistas como Alfredo Molano o Claudia López, o el dirigente indígena Luis Evelis Andrade, entre otros, corren a condenar a Nicolás Maduro, con los mismos argumentos de José Obdulio Gaviria o su patrón el mafioso número 82.
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