?La sobrecarga laboral en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ocasionada por el aumento de la violencia en el estado, obligó a que los peritos fueran tratados con un programa interno de atención psicológica desde febrero de este año por padecer el síndrome de burnout.
?Esa fue al menos la respuesta que brindó la Junta de Gobierno del IJCF a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) en ese fecha, cuando emitieron medidas cautelares con la advertencia de que quienes estaban adscritos al Servicio Médico Forense (Semefo) estaban en riesgo de sufrir este u otros padecimientos psicológicos por estar sometidos a excesivas cargas laborales y no contar con los recursos humanos y materiales suficientes.
?Javier Perlasca, cuarto visitador de este organismo, explicó que a partir de la petición de dos integrantes del Consejo Ciudadano, se inició con una acta de investigación.
?Ana Gabriel Mora Casían, fue una de las consejeras que en enero de este año solicitó abrir dicha investigación para garantizar el trato digno a los familiares de desaparecidos que acudían a reconocer a sus deudos, así como para revisar la salud física y mental de los peritos, ya que tras hacer una diligencia en las instalaciones del instituto se percató del olor intenso a cuerpos en descomposición.
?“Se les priva de un ambiente sano, por eso solicitó la intervención a favor de estas personas, los deudos, los familiares, los empleados y los cuerpos que no han recibido una sepultura digna y las familias que viven contiguas al Instituto”, fue parte de lo que manifestó Mora Casían en ese entonces.
?De acuerdo con el cuarto visitador, después de eso, se solicitaron los informes a la institución, se hicieron visitas de campo y el 21 de febrero una segunda consejera, Brenda del Río Machín hizo un señalamiento similar, que derivó primeramente en la emisión de medidas cautelares.
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“Que se les revisara y además se les diera el tratamiento profesional correspondiente, esto fue aceptado, se nos envió que estaban teniendo contención psicológica, que estaban llevando pláticas especializadas o tratamiento especializado sobre todo por lo que se conoce como Burnout. Les decimos con nombres y apellidos cuántos forenses, cuántos antropólogos y cuántos genetistas. La parte provisional es, atiéndelos y nos mandaron el programa que estaban aplicando y las pláticas que estaban llevando”.
?Perlasca aseguró que en dicho informe del instituto se respondió que todo el personal estaba sometido a dicho tratamiento psicológico y no se especificó un número de trabajadores.
?La acta de investigación que inició el organismo defensor de derechos humanos por estas peticiones de las consejeras culminó en la recomendación general sobre desaparecidos desde marzo de este año y en otra particular, la 13/2018.
?En ellas se pide dotar de materiales humano y tecnológico al instituto para que puedan desarrollar su trabajo, especialmente con un incremento en la plantilla que tiene relación con las áreas de atención a familiares de personas desaparecidas e identificación de cadáveres.
?La recomendación fue aceptada, pero Perlasca advirte que su cumplimiento no ha sido completo, pues hasta el escándalo de los cuerpos que deambularon en tráileres se le prestó atención a dotar de recursos a esta institución.
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?Ocho meses después, la preocupación por la carga laboral de los peritos continúa. Apenas el 5 de octubre, la comisión volvió a emitir medidas cautelares similares a las de febrero pasado, luego de que una supuesta circular interna del área de recursos humanos del instituto, solicitara al personal abstenerse de descansos y vacaciones.
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?Las tres medidas solicitan que, se evite todo acto que redunde en perjuicio de sus condiciones originales de trabajo y de aquellos que pudieran configurar daños a la salud del personal, se giren instrucciones para que de inmediato especialistas realicen valoraciones médicas y psicológicas a quienes están involucrados en el trabajo extraordinario y finalmente se solicite a la Secretaría de Salud la administración de las vacunas pertinentes.
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